El ministro chocoano que lucha por su río

En una decisión histórica, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó al Estado, por medio de la sentencia T-622 de 2016, proteger su cuenca y sus afluentes. Ante este mandato, la Presidencia de la República designó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal de los derechos del Atrato, mediante el decreto 1148 del 5 de julio de 2017.

Lo ordenado por la corte es una oportunidad para avanzar en la restauración de este enorme raudal, que con sus 750 kilómetros de extensión es una de las fuentes con mayor rendimiento hídrico en el mundo. Y tenemos que actuar pronto, antes de que sea demasiado tarde.

Por eso pusimos en marcha un proceso de articulación con aquellas entidades con las cuales la corte ordenó trabajar por los derechos del Atrato. Creamos cinco comités técnicos que serán los encargados de diseñar y ejecutar los planes de acción que se desplegarán dentro de un cronograma y unas fases de cumplimiento. Junto a ellos se organizó un comité interinstitucional compuesto por los líderes de los comités técnicos de los Ministerios de Salud, Agricultura, Ambiente, Defensa, Hacienda, Interior y Minas, quienes darán las líneas de acción generales.

Se conformó, además, la comisión de guardianes, compuesta por un representante de las comunidades accionantes de la sentencia y uno del Ministerio de Ambiente, cuya función es verificar y gestionar el cumplimiento de las órdenes en conjunto.

Todos los comités mencionados ya empezaron a trabajar enfocados en la construcción de los planes de acción, pero esta labor se ha hecho de manera gradual. Primero, a través de la organización de las entidades del gobierno nacional. Luego se articularán los esfuerzos con las entidades locales y, finalmente, con las comunidades, que son la base de la sentencia y en definitiva los mayores beneficiarios de las acciones que se ejecuten.

También hemos dado los primeros pasos en la construcción del plan de descontaminación del río Atrato, suscribiendo dos convenios interadministrativos con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), con el objetivo de determinar el daño ambiental sobre la cuenca del afluente y diseñar el plan de acción que sirva para el cumplimiento de las órdenes quinta y octava de la sentencia.

En el marco de uno de estos convenios, el diagnóstico realizado sobre los daños ambientales servirá para estructurar el proyecto piloto de minería responsable con las comunidades que habitan las zonas aledañas a los ríos Bebará y Bebaramá, que iniciará en 2018 y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y la cooperación internacional.

Así mismo, a lo largo de esa arteria fluvial se implementa el programa Bosques de Paz con las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en el municipio de Bojayá. Con este se quiere aprovechar el potencial que tiene la región no solo en biodiversidad, sino también para el turismo.

Al ser consciente del gran reto que enfrenta al ser guardián y representante legal del río Atrato, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso a disposición su oferta institucional para el cumplimiento de esta misión trascendental, pero el Atrato requiere de la articulación con otras entidades para que las medidas sean integrales y efectivas, y redunden en una mejor calidad de vida para las comunidades de este territorio.

*Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.