Para salvar al Atrato se necesita una transformación social y estatal

Una vez más la Corte Constitucional, en su rol de garante de la Carta Magna, ha proferido un fallo histórico y paradigmático para los puristas del derecho. Esta vez, ha revolucionado la teoría de los sujetos jurídicos en la sentencia T-166 de 2016, con ocasión del riguroso análisis sobre la situación del río Atrato generada por el desarrollo irresponsable de la minería, en el que declara a este afluente como sujeto de derechos, ordenando al gobierno tomar las medidas para que garantice su protección, conservación,mantenimiento y restauración.

Son tres los componentes que deben fortalecerse para asegurar que tanto el río Atrato como el ecosistema en su integridad puedan preservarse. El primero es la legalidad: urge potenciar las herramientas de formalización y de control estatal frente a la explotación ilícita; la experiencia nos ha enseñado que las herramientas existentes han sido insuficientes y no totalmente eficaces para garantizar que quienes desarrollan minería, ajustan sus operaciones a los estándares técnicos amigables con el medioambiente. Se requiere un mayor presupuesto público que posibilite una mejor capacidad de respuesta institucional frente a los ilegales.

El segundo es la articulación institucional. Debe existir entre las autoridades mineras, de Policía y la autoridad ambiental. Si no hay una adecuada unión de esfuerzos, coordinación y unos objetivos comunes claros y definidos será el medioambiente el que terminará asumiendo las consecuencias, con efectos nocivos y daños irreversibles.

Finalmente está el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales. La protección del medioambiente, el control y la facultad de imponer sanciones no puede continuar
siendo competencia exclusiva de la CAR, el Estado debe diseñar y dotar de herramientas a nuevas instituciones que controlen con mayor eficacia los agentes que atentan contra el ambiente, de manera que situaciones como la presentada en el río Atrato no tengan que esperar a llegar a la Corte Constitucional para encontrar remedio, sino que, vía administrativa, se puedan solucionar.

El cuidado de los ecosistemas naturales debe ser una prioridad y un compromiso del Estado y la sociedad. Nuestros recursos se agotan y un ejercicio irresponsable de la
minería solo traerá pobreza, enfermedad y muerte. Es el momento de alterar el orden de prioridades y hacer que el medioambiente esté desde ya y para siempre, por encima de los intereses económicos.

*Analista ambiental.