Casas para los bogotanos

Hacia 1918, cuando Bogotá aún no era la ciudad gigante que es hoy y que alberga a casi 9 millones de personas, un artículo contemplado en una ley, redactada hace más de 100 años, obligaba a los municipios que tuvieran más de 15.000 habitantes a destinar el 2 por ciento del producto de sus impuestos, contribuciones y rentas a la construcción de viviendas higiénicas para la clase proletaria.

Ese fue un primer antecedente de lo que hoy representa la labor de la Caja de Vivienda Popular, entidad que en los últimos tres años y medio ha reasentado a 2.623 familias que se encontraban viviendo en zonas de alto riesgo, ha generado 4.281 títulos prediales, ha impulsado cuatro proyectos urbanísticos y ha realizado 331 intervenciones en espacio público en 78 barrios de nueve localidades, lo que ha beneficiado a 70.824 personas a través del programa de ‘Mejoramiento de Barrios’.

“Preocupado sobre todo por la seguridad de las personas que viven en terrenos de alto riesgo, así como por legalizarles la propiedad a los habitantes de los estratos más bajos, el alcalde Peñalosa les ha mejorado las condiciones de vida, de casa propia y de entornos urbanos a cientos de miles de personas”, puntualiza Lino Roberto Pombo Torres, director de la Caja de Vivienda Popular (CVP), entidad que cuenta con un presupuesto anual promedio de 89.000 millones de pesos.

Al comenzar su alcaldía, Enrique Peñalosa planteó, en su Plan Distrital de Desarrollo, la meta de reasentar alrededor de 4.000 hogares de estratos 1 y 2 que se encontraban localizados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, creciente súbita o avenidas torrenciales.

“El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), es la entidad que determina cuáles son las zonas que están en alto riesgo no mitigable –explica el director de la caja–, y nosotros ofrecemos a sus habitantes una alternativa habitacional económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre. A quienes cumplan con los requisitos de reubicación, la CVP les garantiza recursos, hace un trabajo social, técnico y jurídico, y brinda un instrumento financiero de entre 50 y 70 salarios mínimos para que busquen su propia vivienda y les otorga un canon de arrendamiento mensual hasta por un año mientras ubican su vivienda definitiva”.

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Adicionalmente, con la meta inicial de generar 10.000 títulos de propiedad –lo que significa que una casa que no tenga una escritura pública debidamente registrada es legalizada por la Alcaldía–, la CVP destaca como ejemplo la labor hecha en el barrio María Paz. “El alcalde apenas se posesionó en esta administración prometió la legalización de propiedad y así lo hizo”, añade el director.

Hoy, la caja adelanta cuatro proyectos similares: La Casona, en Ciudad Bolívar, que ofrecerá 96 viviendas de interés prioritario (VIP); Manzana 54, otro proyecto también de Ciudad Bolívar con 97 VIP; Manzana 55, que construye 200 viviendas; y por último, Arboleda, en Santa Teresita, que entregará 1.032 viviendas cuando se culmine el proyecto en diciembre de este año.