El pasado mes de noviembre casi 500 indígenas del Urabá chocoano marcharon hasta Bogotá para pedir el cese de violencia en sus resguardos. | Foto: Valerie Amor

SEMANA RURAL

"Para nosotros no se firmó nada, el conflicto sigue igual”

Así lo dice la líder embera Dayana Domicó. Y muchos campesinos del país piensan lo mismo. Dos años después de firmado el acuerdo de paz, el país aún tiene una gran deuda con esta población.

Diana Ramírez Vargas*
11 de diciembre de 2018

La paz no llegó a Chocó”. Esta frase pronunciada a principios de año por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, resume el sentimiento de casi 500 indígenas del Urabá chocoano que llegaron en noviembre a Bogotá para pedirle al gobierno nacional que tome acciones para que cese la violencia en sus resguardos. Los reclamos de esta minga se centraron en una necesidad básica de los habitantes de la zona: poder moverse en sus territorios sin el riesgo de ser amenazados, heridos por una mina antipersonal, o atrapados en medio de un combate.

Las cifras confirman que estas comunidades tienen razones de sobra para protestar. En agosto de 2018, más de 3.600 indígenas de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá terminaron confinados en sus propias tierras por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y el Ejército, según informó la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha).

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La situación humanitaria es crítica y, según le confirmó a Semana Rural el líder embera Roberto Carpio, no es una novedad. Los habitantes de Riosucio viven intranquilos desde hace más de 20 años, cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá perpetraron las primeras masacres en el municipio. “Nos restringieron la movilidad, no podíamos llevar mercados ni tener tiendas comunitarias”, recuerda Roberto.

Hay innegables avances en seguridad y derechos humanos en varias regiones del país, tras los procesos de paz adelantados en los últimos 15 años. Pero no podemos olvidar que hasta ahora muchos colombianos –como los indígenas que marcharon en Bogotá– solo han visto la paz por televisión. “Para nosotros no se firmó nada, el conflicto sigue igual. Mueren los líderes, hay reclutamiento, y siguen los abusos”, afirma la líder embera Dayana Domicó.

La Defensoría del Pueblo ha logrado llegar a los territorios más apartados de la geografía nacional para entrar en contacto directo con los campesinos, y corroborar esta realidad. Si bien el desplazamiento ha disminuido en algunas zonas, en otras salieron unos actores e ingresaron otros. Esto hace más difícil la vida de la población campesina.?¿Derecho a qué?

Esta situación no puede continuar. Es difícil hablar de los derechos humanos de los campesinos cuando nadie les garantiza algunos de los más básicos, como el de la vida, a estar protegidos contra el hambre, a acceder a la propiedad de la tierra o al mejor desarrollo y uso de los recursos naturales, entre otros. Hay que empezar por ahí.

En este sentido, varias organizaciones y entidades como la Defensoría del Pueblo, Dejusticia y el Dane adelantan la tarea indispensable de llegar a definir concretamente al campesino colombiano. Este es un primer paso para crear e implementar políticas públicas que respondan verdaderamente a la realidad de los habitantes de la Colombia rural.

El primer punto del acuerdo de paz trazó un camino para garantizar la protección de los derechos pendientes en el campo. Pero tras dos años de la firma, no se ven avances concretos que demuestren que el país se mueve en esa dirección. De los 104 compromisos pactados en este tema, el Estado solo ha cumplido el 2 por ciento, según el Instituto Kroc, encargado de hacerles seguimiento a los acuerdos. La Delegatura de Asuntos Rurales se lo atribuye a “la falta de planeación, de recursos y de articulación entre los diferentes programas y entidades”.

Es necesario que hoy el gobierno ponga este tema entre sus prioridades para así evitar más retrocesos. Las Naciones Unidas acaban de sentar un referente internacional en esta materia. Se trata de la Declaración de Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales, que reconoce el valor de la agricultura familiar y considera a los campesinos “expertos en la industria de alimentos y garantes de la seguridad alimentaria”.

Preocupa que Colombia se haya abstenido de votar esta iniciativa en la Asamblea General de la ONU. El país no debe moverse en sentido inverso, mientras el mundo destaca la importancia del campo y sus habitantes. Estamos llamados a darles a nuestros campesinos la importancia que merecen. 

*Gerente de Semana Rural.