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| 12/11/2018 12:00:00 AM

¿Qué hace la Defensoría del Pueblo para cuidar a las líderes sociales?

Esta institución impulsó en 2016 la aprobación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras. También tiene una ruta de atención institucional con enfoque diferencial.

¿Qué hace la Defensoría del Pueblo para cuidar a las líderes sociales? Marisel Sandoval, una lideresa que lucha por los derechos de las mujeres del norte del Cauca. Foto: Pablo David Gutiérrez

En San Juan, un pueblo del sur del departamento del Chocó, las mujeres seguían la tradición y lucían sus senos descubiertos o maquillados. Pero en la década de los noventa llegaron los paramilitares, comenzaron a abusar sexualmente de ellas y justificaban sus actos con el infame argumento de que eran provocados por su desnudez. La mayoría de los habitantes creyeron este discurso. Pero María Eugenia Urrutia, una joven de 15 años, lo puso en tela de juicio y les hizo saber a las demás que ellas no eran las responsables. Desde ese momento se convirtió en una lideresa feminista en su territorio.

Este caso es solo una muestra del liderazgo comunitario de las mujeres en Colombia, de su capacidad transformadora y de construcción del tejido social. Sin embargo, el papel que cumplen las lideresas y defensoras de derechos humanos es visto por los grupos económicos, militares y políticos, como un acto que desafía su autoridad. Por esas razones ellas suelen ser blanco de constantes amenazas y ataques.

Los números así lo demuestran. El 20 de noviembre de 2018 se le presentó al relator especial de las naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derecho, un informe que lo comprobaba. Este fue realizado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras, la Corporación Sisma Mujer y el grupo de trabajo Gpaz, y estaba basado en cifras de la organización Somos Defensores. El documento mostraba que en Colombia, entre enero y julio de 2018, cada 23 días se asesinó a una lideresa o defensora de derechos humanos. Es decir, la cifra de estos homicidios aumentó en 166,7 por ciento en los últimos dos años.

Como lo explica Claudia Mejía, abogada y directora de la Corporación Sisma Mujer, “cada vez más las defensoras están siendo atacadas en mayor proporción que los defensores. Y en el caso de las mujeres hay agresiones específicas, como la violencia sexual, la crueldad contra sus cuerpos y las amenazas de violencia sexual contra miembros de sus familias”. De hecho, la Defensoría del Pueblo reportó que el 16,8 por ciento de las 143 lideresas o defensoras que atendió entre enero de 2016 y diciembre de 2017, declararon haber sido víctimas de violencia sexual.

Según Mejía, para explicar estas agresiones sistemáticas contra ellas hay que entender que “los ataques a las lideresas están relacionados con su labor de defensa de los derechos, del medioambiente y de la paz; pero también con su condición de mujeres. Se les condena que no estén confinadas en la esfera privada y que abandonen el cuidado de la familia por dedicarse a un ejercicio público”.

Que no se repita

Teniendo en cuenta esta problemática, la Corporación Sisma Mujer, junto con organizaciones comunitarias que conforman la Red Nacional de Mujeres Defensoras, crearon una propuesta normativa para exigirle al gobierno que tomara las medidas institucionales necesarias para proteger a las lideresas. Mejía resalta que gracias al acompañamiento y a la gestión de la Defensoría del Pueblo, este proyecto fue aprobado por el gobierno nacional en 2016. Ahora es el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras.

En este contexto, la Defensoría elaboró una ruta de atención integral con la cual define los pasos por seguir y las obligaciones de sus funcionarios para asesorar, orientar y acompañar a las mujeres en el restablecimiento de sus derechos. De esta forma busca asegurar la prevención, la protección y la no repetición de los ataques. También informar acerca de los derechos de orientación y atención, el acceso a la justicia, las medidas de protección y de atención de las usuarias para evitar la revictimización.

Dentro de la ruta se establecen indicaciones con enfoque diferencial para mujeres afrodescendientes, indígenas, miembros de la comunidad rom y con orientaciones e identidades sexuales diversas. Mejía considera que este punto es de vital importancia porque “el Estado tiene el deber de impulsar medidas afirmativas cuando se presentan situaciones de desventajas o discriminación”.

Algunas de las medidas de reparación que se contemplan dentro de esta herramienta son el fortalecimiento del liderazgo femenino, el apoyo económico para la reubicación, y el acceso a programas educativos y de generación de ingresos. Estas acciones también cobijan al núcleo familiar de las víctimas.

En el documento de Sisma Mujer y otras organizaciones (que citamos anteriormente) se hace énfasis en que aún hay mucho camino por recorrer para asegurar la labor de las defensoras. Pero, como dice Mejía, “los ejercicios de la Defensoría que exigen garantizar las medidas de protección han contribuido a salvar vidas de defensoras y lideresas en el país”.

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