La Gobernación del Magdalena invertirá 390 millones de pesos en la construcción de hogares seguros para sus ciudadanas. | Foto: Jesús Lora

Más allá de los sueños

Así está luchando el Magdalena contra la violencia hacia las mujeres

En 2016 se presentaron 1.250 casos de violencia contra ellas en el departamento. Una realidad que motivó la creación de una política pública para darles protección y herramientas de productividad.

27 de junio de 2017

Hace cuatro años Margot* y su esposo Carlos* tuvieron una discusión. Ella no aguantaba más infidelidades y se fue a pedirle a su amante que no siguiera acabando con el matrimonio. Carlos y Margot pelearon por horas aquel día y cuando estaba dormida él la tomó del cuello y empezó a golpearla con fuerza. "Me pegó muy duro y al mismo tiempo me decía malas palabras. Trataba de no hacer ruido porque los niños estaban ahí no más. Cada vez que se enamoraba, se volvía agresivo, como si yo le fastidiara", cuenta.

Como en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, no era la primera vez que Carlos maltrataba a Margot. Ella ya lo había denunciado en la Comisaría de Familia, y después de amenazarla con un revólver, hizo lo mismo en la Fiscalía. Pero solo dijo "no más" y se separó cuando en una ocasión él estuvo a punto de desfigurarle el rostro.

Impulsada por el caso de Margot y de las otras 1.250 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia en 2016, la Oficina de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social del Magdalena, presentó una política pública en su defensa. "Es un instrumento para todas las mujeres y la brújula con la cual la Gobernación y las alcaldías deben velar y garantizar sus derechos en el departamento. Por ahí se comienza", afirma Liceth Peñaranda, jefe de la dependencia.

Entre los principales ejes temáticos que orientan la ‘Política pública de la mujer y equidad de género e inclusión social‘ está la educación, que consiste en la alfabetización en las zonas rurales hasta que las mujeres consoliden sus estudios superiores.

El artículo 16 de esta estrategia obliga a todas las oficinas públicas a implementar esta política, una exigencia clave porque muchas veces, cuando las mujeres denunciaban y estaban decididas a llegar hasta las últimas instancias, los mismos jueces las persuadían de volver con sus maridos al no tener una herramienta para tramitar las acusaciones.

"Las que son dependientes nunca denuncian", explica Peñaranda. Por eso la oficina gestiona su autonomía económica apoyando sus proyectos productivos emprendedores de manera integral, además de brindarles atención psicosocial, capacitación y organización por medio de cooperativas y asociaciones con miras a comercializar sus productos.

Así mismo, se creó el programa ‘Magdalena avanza hacia la no violencia y discriminación‘ que planea la construcción de dos casas-refugio para mujeres como Margot que, tras ser agredidas, deben salir de sus hogares por seguridad, pero no tienen un lugar dónde protegerse de sus victimarios. En estos espacios, además, se les atenderá integralmente y se les darán herramientas para empoderarse, como talleres de capacitación con el Sena y acompañamiento psicosocial. "Una mujer que no se reconozca a sí misma como víctima de violencia, sigue permitiendo que la violenten", afirma Peñaranda.

La primera de esas casas estará ubicada en Plato, en el centro del departamento; la segunda en Pivijay, en la subregión del río, uno de los municipios con peores indicadores de violencia de género en la región. El proyecto para estas construcciones está en proceso de licitación y tendrá una inversión de 390 millones de pesos por parte de la Gobernación. Su dotación y administración dependerá de las alcaldías. Se planean dos más, que probablemente se abrirían en las poblaciones de Ciénaga y Zona Bananera, adicionalmente de la que se proyecta en Santa Marta.

Con estas intervenciones comienza una nueva etapa para el Magdalena, un departamento que prioriza a la mujer en todo su territorio con un enfoque diferencial y de derechos, si se tiene en cuenta su diversidad étnica y cultural.

 *Nombres cambiados a petición de la víctima.