Las tres demandas de mayor cuantía que enfrenta el Estado colombiano suman más de 720.000 millones de pesos. | Foto: iStock

LITIGIOS

Lluvia de demandas

Los proyectos de infraestructura ayudan al desarrollo del país, pero también pueden convertirse en un dolor de cabeza cuando, por diversas razones las compañías emprenden acciones legales contra la Nación.

Sergio Held*
10 de abril de 2018

En la última década en el país aumentó de manera notable la inversión en infraestructura, sin embargo, de la mano de este positivo comportamiento, también han crecido en el sector las demandas contra el Estado. Los pleitos por desequilibrios e incumplimientos contractuales, derivados de los complejos proyectos que se desarrollan en este campo, están al orden del día en los tribunales de arbitramento.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la que se pretende centralizar las tácticas jurídicas en litigios estratégicos para el país, actualmente se adelantan 45 procesos arbitrales en materia de infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) encabeza el listado de entidades estatales con el mayor número de procesos arbitrales activos: 29; le siguen el Oleoducto Central (Ocensa), con siete; y la Refinería de Cartagena (Reficar), con seis. Tras ellos, se ubica el Instituto Nacional de Vías (Invías), con tres.

El problema no es nuevo, pero las demandas han empezado a acumularse y su billonario monto prendió las alarmas en el país. De hecho, en el segundo semestre de 2017 la Contraloría General de la República estimaba que, tan solo los procesos arbitrales contra el Invías y la ANI superaban los 3,2 billones de pesos. Una cifra que representa el 66 por ciento del total de las pretensiones de los casos que se adelantan contra el Estado ante la justicia arbitral.

La misma Contraloría señaló que el 85 por ciento de estos procesos arbitrales tuvieron su inicio en los últimos tres años. Pero también hay pleitos de vieja data, el 41 por ciento de ellos corresponde a contratos suscritos por el Estado a través de entidades como el Invías, hace más de una década.

Los resultados en materia jurídica no son favorables para el país. Se estima que solo en 2016 las entidades del orden nacional fueron derrotadas en el 60 por ciento de los laudos arbitrales. Fueron condenadas al pago de casi 2 billones y medio de pesos.

La feria de los abogados

Las multimillonarias demandas no solo preocupan a la Contraloría. Hay quienes afirman que estas demandas no surgen exclusivamente de conflictos reales derivados de relaciones contractuales, sino también de estrategias de negocio de algunos particulares.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha dicho que en Colombia hay empresas de construcción que tienen en sus nóminas más litigantes que ingenieros. “Es una vena abierta para todos los colombianos y una transferencia de recursos a una industria de abogados del país que vive de ese tipo de litigios”, afirmó en una entrevista concedida a la revista Dinero el año pasado.

El incumplimiento en la ejecución de los contratos públicos no es el único problema que se presenta. De acuerdo con los analistas del sector, gran parte de las demandas obedecen a las deficientes estructuraciones presupuestales de los proyectos. En muchos casos, estas obligan a que las propuestas de los oferentes sean más económicas para ganar las licitaciones, y estos luego demandan reclamando sujeciones imprevistas.

Este 2018 empezó con sonados problemas en infraestructura vial. Seguramente en los próximos meses la Nación atenderá nuevos pleitos relacionados con la infraestructura ante los tribunales de arbitramento. A partir de agosto el nuevo gobierno tendrá que definir la estrategia a futuro para enfrentar la cascada de demandas que se derivan de estos proyectos.

*Abogado y periodista.