El programa 100.000 viviendas gratis fue posible por el apoyo de las fiducias

Las palabras techo, hogar o vivienda siempre serán sinónimo de dignidad para los ciudadanos. Entre 2010 y 2018 en el país se llevó a cabo la iniciativa ‘100.000 viviendas gratis’, uno de los programas de vivienda gratuita con mayor alcance en la historia nacional: más de 270.000 familias colombianas obtuvieron una casa propia.

La primera se entregó en Pradera, Valle del Cauca, un municipio fuertemente atacado por la violencia. La apuesta era ambiciosa y el impacto social que se quería generar también: el Estado debía garantizar la efectividad y la seguridad jurídica para un proyecto con inversiones millonarias. Y era complejo.

El programa implicaba un proceso con diferentes actores y situaciones: desde el estudio de la norma para la construcción en distintos territorios, hasta la intervención de los supervisores o incluso de las secretarías de Ambiente. Cada uno de los procedimientos implicaba un riesgo y el Estado debía minimizarlo, por eso acudió a las fiduciarias.

Estas, en primer lugar, contribuyeron a administrar el presupuesto. En este caso, junto con el Estado, se hizo un estudio y se estableció una disponibilidad de dinero para cada casa. Esta evaluación fue ordenada y eficiente. A través de esta figura se canalizó y se aseguró el pago al final de todo el proceso y esto generó una seguridad jurídica para el constructor, el beneficiado y el Estado. En definitiva, ellas custodiaron los recursos públicos.

Al ser custodios del dinero, las fiduciarias garantizaron la transparencia de principio a fin. En los temas de vivienda, por ejemplo, una de sus obligaciones fue verificar que todas las licitaciones se desarrollaran conforme a la ley, que no se generaran cláusulas que en algún momento beneficiaran a un proponente sobre otro.

Adicionalmente, el apoyo de las fiduciarias nos sirvió para que los procesos de escrituración fueran mucho más rápidos. Cuando contratamos pedimos que las empresas tuvieran experiencia y un gran número de escrituraciones desarrolladas. Eso fue muy importante. Una evidencia es que hoy los procesos del extinto Instituto Nacional para la Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social (Inurbe) todavía siguen en escrituración (eso fue hace más de 20 años), mientras que todos los proyectos del programa de ‘100.000 viviendas gratis’ han sido escriturados.

La experiencia de esas entidades privadas y la labor conjunta en el tema de las escrituraciones fue crucial para la comunidad. En su primera etapa se desarrollaron 283 proyectos en 205 municipios de 29 departamentos, incluyendo a Bogotá. Por eso la efectividad en los procesos era indispensable.

Las fiduciarias se convirtieron en la seguridad jurídica del proyecto y evitaron que su materialización dependiera de la voluntad política de algún funcionario de turno. De esta forma tanto el constructor como la comunidad creyeron en el programa. Esta herramienta se volvió en una forma de atacar la corrupción mediante reglas claras que permitían la correcta toma de decisiones.

Después de dos años y nueve meses de trabajo se entregó la última casa en el corregimiento de El Salado, Bolívar. Fue una experiencia hermosa porque volvimos a darles institucionalidad y esperanza al sector. A través del proyecto logramos resarcir, en parte, el daño que se había generado como consecuencia de la violencia. El proceso no terminó cuando entregamos las llaves, sino las escrituras. Con esos documentos las personas empezaron a sentirse parte de algo; a sentir que tenían raíces.

Después de esta experiencia considero que habrá un futuro cada vez más estrecho entre las empresas fiduciarias, el Estado y la sociedad, en general. Estas alianzas han demostrado ser eficientes para el manejo de los recursos públicos: generan seguridad jurídica, profesionalismo con el negocio que se les encomienda, logran que el mandato se cumpla dentro de los requisitos, brindan una mayor transparencia y el resultado efectivo es evidente.

*Exministro de Vivienda.