Las mujeres rurales en Colombia están firmes con la paz

Durante el conflicto armado colombiano, la mujer sufrió todas las formas de violencia. Por eso en el marco de las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, Cuba, se hizo explícita la necesidad de que el acuerdo final tuviera un enfoque de género. Finalmente, el 24 de septiembre de 2014, gracias a la insistencia de las organizaciones de mujeres se instaló una subcomisión de género. El objetivo: incluir su voz en los acuerdos. Y así fue. Nuestro proceso de paz se convirtió en el primero del mundo con un enfoque de género que permitió establecer unas directrices a favor de las mujeres rurales.

Sus propuestas quedaron consignadas en cinco puntos: cultura y ambiente, tierra, economía campesina y rural, participación y derechos humanos, y capacitación. Este fue el resultado de un proceso visible en el que participaron tres plenipotenciarias de la delegación del gobierno en la mesa de conversación, 301 organizaciones de mujeres, 36 víctimas, 16 líderes, 10 expertas colombianas en violencia sexual y se tuvieron en cuenta 7.172 propuestas.

La instancia especial de seguimiento al enfoque de género y garantía de los derechos de las mujeres de la Comisión de Seguimiento verificó la implementación del acuerdo final. En ella hay representación de 14 mujeres de organizaciones territoriales (étnica, nacional, LGBTI, víctimas del conflicto armado). Pero para avanzar en la implementación de lo acordado es indispensable la participación de las mujeres rurales en las diferentes mesas temáticas, los planes del acuerdo de paz relacionados con ellas, el enfoque territorial, diferencial y de género, y la formulación e implementación de las PPIMR.

Las mujeres rurales cumplen un papel fundamental como constructoras de paz. Son claves para el respaldo de sus iniciativas y este rol se verá fortalecido si la reforma política que actualmente cursa en el Congreso de la República y que contempla la paridad de género en listas al Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, garantiza su voz.

Igualmente es indispensable que la oferta institucional llegue a las zonas donde está asentado este grupo poblacional, de tal forma que para 2030 la realidad actual de la mujer rural haya cambiado significativamente de forma positiva en relación con el cumplimiento de las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU y de esta forma se contribuya al desarrollo del país y a la consolidación de la paz.

Lo anterior deberá traducirse en la prevención de los actos de violencia de género y con fines políticos, y los asesinatos selectivos a las lideresas y defensoras de derechos humanos que ponen en riesgo la participación de las mujeres rurales por falta de garantías para el ejercicio de su rol, así como el cumplimiento de las medidas implementadas por el gobierno para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado.

La importancia del acuerdo de paz para las mujeres rurales se enmarca en el impulso a una Reforma Rural Integral concebida bajo unos principios de transformación estructural que incluyen: desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de género, bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento y regularización de la propiedad; derecho a la alimentación, participación, desarrollo sostenible, presencia del Estado y democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.

Por esta vía se dictan acciones concretas para las mujeres rurales indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en cuanto a asuntos vitales para ellas como la tierra, participación, derechos humanos y economía campesina. Así mismo, las víctimas del conflicto cuentan con una copiosa normatividad que promueve acciones a su favor.

Pero si no se eliminan las amenazas y se potencializan las oportunidades, los logros del acuerdo de paz y la luchas de estas mujeres sufrirían un retroceso y estancamiento, al igual que los avances en equidad de género. Las principales perjudicadas serían las colombianas que viven en el campo y sus familias.