En los últimos dos años, el Gobierno ha invertido más de 31.000 millones de pesos para 972 proyectos productivos. | Foto: Cortesía Unidad de Restitución de Tierras

Agro

Sin seguridad alimentaria no hay tierra que valga

Bajo esta premisa, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, lidera programas que impactan de manera positiva a la población restituída del país.

26 de julio de 2020

Qué más proclama de la libertad que garantizar el alimento. Esta consideración fue la que le dio, en estos últimos años, un nuevo horizonte a la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Para qué la tierra si no tiene insumos o garantías que permitan mantener el sueño de permanecer en ella?, ¿cómo emprender un proyecto productivo si no se puede garantizar la dieta básica para el hogar? La seguridad alimentaria es, entonces, fundamento de la sostenibilidad.

Gracias a la voluntad encaminada al desarrollo rural integral que permita a campesinos restituidos vivir del campo, las sentencias de restitución de tierras, además del fallo de devolución de hectáreas, tienen recursos, asesoría y acompañamiento técnico por 24 meses para que las familias campesinas salgan adelante con el Programa Proyectos Productivos. Este Gobierno ha invertido más de 31.000 millones de pesos, en 20 departamentos, para 972 proyectos productivos que benefician a igual número de familias, muchas de ellas en cabeza de mujeres. Igualmente, la apuesta al Programa por la cooperación internacional, con apoyo financiero de la embajada de Suecia y la asesoría técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha sido esencial.

Esto le ha dado herramientas a nuestros campesinos, quienes no han dejado que se desabastezcan las ciudades durante la pandemia, y han reducido su pobreza, como lo señaló un reciente estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes: esta bajó 8 por ciento en una primera etapa y tras cuatro años se redujo 14 por ciento gracias a los apoyos dados por la Unidad de Restitución de Tierras. Esto ha hecho que muchos de ellos cambien su condición de víctimas y se conviertan en empresarios del campo con buenas prácticas agrícolas.

Es el caso de campesinos de Tangua, Nariño, que están haciendo del cuy un producto no solo de seguridad alimentaria en el área rural, sino un ingrediente versátil y nutritivo que las escuelas de cocina y asaderos pastusos están explorando. O las productoras del frijolito cuarentano, nacido en el bosque seco tropical de los Montes de María, que disfrutamos en platos gourmet. Igualmente, se está implementando la ganadería silvopastoril en esta misma región, una práctica que cuida del ambiente al no talar árboles. Esta ganadería sostenible también se está aplicando en Cedro Cocido, Córdoba.

El café Montebello es otro ejemplo de emprendimiento de una familia que invitó a su comunidad a producir un grano que hoy viaja por el mundo. Y qué decir de la pimienta del Putumayo, un cultivo que le ganó a la ilegalidad por su buen precio: las familias sustituyeron los cultivos de coca por pimienta, una de las especias más prometedoras del mundo por su aroma único. O el proyecto de construcción de jagüeyes que creó la Asociación de Pequeños Productores de Cambimba (Apacambi), en Morroa, Sucre, una solución sostenible para abastecerse de agua en tiempos de sequía. Los ejemplos son infinitos. Cada proyecto es una oportunidad que les devolvió la esperanza a miles de personas restituidas en Colombia.

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