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| 6/12/2000 12:00:00 AM

El cambio o la barbarie

Entrevistas inéditas a 14 personajes de la política y la academia sobre el proceso de paz y un modelo de convivencia para Colombia.

El cambio o la barbarie El cambio o la barbarie
La Paz
Ediciones Aurora, 2000
274 páginas
$ 20.000



Desde la independencia —sostiene Alfonso Gómez Méndez— incurrimos en un error que nos ha dificultado la resolución de los conflictos sociales políticos y económicos: el fetichismo normativo. Creemos que basta que se expida una norma, una ley, para que los problemas se resuelvan.

Hemos concentrado todas nuestras energías en expedir constituciones, en realizar toda una serie de reformas que hoy conforman una legislación dispersa, confusa, extensa, pero nunca nos preocupamos de su aplicación. Es un problema sicológico: durante el siglo que acaba de terminar muchas de las normas de la Constitución del 86 ni siquiera se aplicaron. Por ejemplo, en el plebiscito de 1957 se estableció que el Estado debía gastar por lo menos el 10 por ciento de su presupuesto en educación: nunca se cumplió. Allí también se estableció la carrera administrativa y hoy día, 43 años después, todavía estamos pensando cómo implementarla con el propósito de desvincular los cargos públicos del padrinazgo político.

Con la Constitución del 91 —insiste— equivocadamente se le hizo creer a la gente que todo el problema era la Constitución anterior y que si se cambiaba, entonces Colombia sería un paraíso. La Constitución del 91 acabó con los auxilios parlamentarios y esto no era un problema constitucional; bastaba con aplicarle las normas del Código Penal al que se robara la plata. No necesitamos una Constitución de 300 artículos sino ponernos de acuerdo en 30 ó 40. Normas que sean válidas para todos en todas las circunstancias y que sean producto de un acuerdo entre las fuerzas sociales y políticas y no sólo entre los partidos y 20.000 guerrilleros armados. Un acuerdo y no una nueva Constitución porque volvemos a lo mismo, un país donde nadie —empezando por la clase dirigente— respeta el Estado de derecho: si se establece el servicio militar obligatorio, que sea para todos; si hay debate a un ministro que el gobierno no lo ahogue con puestos y prebendas.

¡Es que la Constitución es un documento jurídico! ¡El derecho no cambia la realidad! El derecho —dice Alvaro Echeverri Uruburu— se encarna en agentes políticos, en partidos políticos, en el gobierno. ¿Cómo una Constitución manejada por los mismos detentadores del poder tradicional, por los mismos sectores económicos que influyen, manejan y financian los partidos, puede producir los frutos que ella tendría teóricamente que producir? ¡Imposible! Tenemos una Constitución que ciertamente sienta las bases para la paz pero no existen los agentes políticos que la pongan en marcha. Esta clase política sigue siendo la misma de hace 30 ó 50años, un mal que no se le puede atribuir a la Constitución.

Entre estos dos extremos, la mayoría de los entrevistados parecen estar más de acuerdo con Uruburu: coinciden en reconocer las bondades de la Constitución del 91 —en líneas generales el paso de una democracia representativa y formal a una participativa— aceptando sin embargo que se quedó corta en muchos aspectos, principalmente en el electoral: se le dejó el camino abierto a los microempresarios políticos quienes finalmente le ganaron las elecciones a los renovadores.

Dichas posiciones, si se las mira de cerca, no son tan opuestas. El problema de los colombianos no es legal aunque pase por lo legal: es el de su incapacidad para construir un modelo de convivencia en el que quepan todos, incluidos los guerrilleros. Ese modelo implica una transformación radical de una sociedad profundamente injusta para lo cual hay que ceder privilegios y jugar limpio. Ahí es donde estamos atascados. Nadie es claro: para hacer ese cambio la guerrilla le apuesta más a la revolución sanguinaria que al diálogo y el establecimiento se divide y vacila entre la guerra total, la negociación con concesiones secundarias y la negociación con concesiones de fondo. El presidente Pastrana —dice Ricardo Sánchez— ha acertado en el diagnóstico pero le ha faltado liderazgo y capacidad de convocar un gobierno de unidad nacional que avance con claridad y firmeza hacia la paz.

Cuenta en su entrevista el general Valencia Tovar que alguna vez un oficial le preguntó: “Mi general, ¿a qué Estado estamos defendiendo? ¿A este que se roba todo? ¿A este lleno de vagabunderías, corrupción y clientelismo?”. El le respondió: “Estamos defendiendo un ideal de Estado al cual hay que llegar”. Ojalá alcancemos a vislumbrar un acuerdo sobre ese “ideal de Estado”, antes de hundirnos en la barbarie total. Desde distintas orillas ideológicas los personajes de este libro nos llevan a pensar que todavía es posible.

EDICIÓN 1879

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