Leer es la clave

PARA NADIE ES un secreto que Colombia, en sólo 10 años, ha constituído una de las industrias editoriales más sólidas de América Latina.
De ser uno de los mayores importadores, el país ha pasado a ser el gran abastecedor de libros del mercado latino y de Estados Unidos. Según datos de la Cámara Colombiana del Libro, el año pasado las exportaciones sobrepasaron los 117 millones de dólares, por encima de México y Argentina, considerados como los líderes tradicionales de la industria.
Sin embargo, estas significativas cifras económicas poco o nada le representan al ciudadano común. Si cada día son más los países consumidores de libros de fabricación nacional, en Colombia la cosa es distinta. La industria produce libros, pero los colombianos no los leen. Sin contar las lecturas obligatorias -de trabajo o estudio- cada habitante se lee menos de dos libros al año. Pero la cosa es aún más grave, pues hay una tercera parte de la población que lee normalmente no menos de 15 a 20 libros al año y que, en últimas, cubre la espalda de la otra tercera parte que no lee ninguno. Las cifras contrastan con las de países como Holanda, Francia y Alemania, donde el promedio de lectura se encuentra entre los 12 y los 15 libros anuales por habitante.
El problema no es nuevo. Desde hace mucho tiempo el tema ha sido materia de discusión de editores, escritores, libreros y lectores. Y todos llegan a la misma conclusión ambigua: no se lee porque los libros son caros: pero, al mismo tiempo, los libros son caros porque la baja lectura hace que los tirajes sean pequeños. De hecho, mientras en España un éxito editorial es el que supera los 60 mil ejemplares vendidos, en Colombia -aparte de García Márquez- los grandes logros son aquellos que superan los 20 mil, vendidos en un lapso no menor de seis meses. Por tal motivo, los editores pocas veces arriesgan, y los tirajes directos de más de cinco mil ejemplares son la excepción.
Todo esto, sumado a la preocupación del Estado por la divulgación cultural, expresada en los artículos 70 y 71 de la nueva Constitución Nacional, mediante los cuales se compromete a "promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades", y a crear "incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales", llevó al actual Gobierno a presentar ante el Congreso un proyecto de ley que busca promover la lectura a través de la plena democratización del libro.
El proyecto, presentado por el senador Luis Fernando Londoño Capurro, intenta crear una serie de estímulos tributarios a toda la cadena que integra la industria editorial (ver recuadro), mucho más completa que la contenida en la ley 34 de 1973, la cual favorece prácticamente sólo a los editores.
La propuesta comprende, además, la dotación de bibliotecas públicas; condiciones favorables de crédito para impulsar la fundación de nuevas librerías y la ampliación de las ya existentes; el fomento a las ferias del libro regionales y el reconocimiento de Fundalectura como organismo asesor del Gobierno, en los planes de fomento de la lectura en todo el país. "La idea es reducir al máximo los costos e implementar adecuadamente los mecanismos de distribución, para que cada día sea más fácil acceder a un libro", comentó Londoño.
Y, para sorpresa de muchos, por primera vez parece posible, pues aunque los especialistas están de acuerdo en que es difícil que los costos de los libros bajen, por lo menos su estabilización sería un gran paso para que los colombianos tengan un mayor apoyo en su acceso a la cultura.
Los incentivos
EN 1973 SE APROBO LA ley 34, mediante la cual se crearon ciertos incentivos, tributarios y demás, para fomentar el desarrollo de la industria editorial en Colombia. Esta ley hizo posible, en buena parte, que el país pasara de importador a exportador de libros. El proyecto de ley del libro que cursa en el Congreso, busca ahora estimular el mercado interno (un sector aún deprimido), sin olvidar las exportaciones, a la vez de aumentar los hábitos de lectura y la facilidad de adquisición de libros.
Para tal fin, el Gobierno intenta liberar de impuestos tanto a los editores como a autores, los impresores y librerías. Las exportaciones y las importaciones también quedarán exoneradas de impuetos, con lo cual se busca la reacción del valor de los libros editados en el exterior. De igual forma, la importación de papel destinado a la elaboración de libros, revistas, folletos o coleccionables de carácter científico o cultural, quedará libre de restricciones aduaneras de toda índole.
Además, la ley busca fomentar la ampliación de la industria a través de líneas de crédito favorables para la producción y comercialización de libros; y de la exención de impuestos y derechos de aduana para importación de toda clase de insumos.
Estado se compromete a dotar a las bibliotecas públicas con la compra de aproximadamente 600 ejemplares de cada nueva edición. Con estas y otras particularidades de la norma, el Gobierno busca no sólo combatir los altos costos editoriales sino el impulso definitivo de la industria nacional del libro.