‘El abogado de la mafia’: lea aquí un adelanto del nuevo libro de la periodista de investigación Martha Soto

“Me dedico a defender a personas tildadas de criminales internacionales. Tengo más casos de extradición que ningún otro abogado y licencia para ejercer en cinco jurisdicciones: Massachusetts, Nueva York, Florida, Rhode Island y el Distrito de Columbia, donde está la Corte Suprema. Para atender clientes, he viajado a diferentes países, como España, Colombia, República Dominicana, Panamá, Venezuela y México. Y, a finales de 2020, en plena pandemia mundial, tomé un vuelo de catorce horas, desde Miami hasta Dubái, para asumir un nuevo proceso. Estuve allí en dos ocasiones. En mi lista de clientes han estado los más grandes narcotraficantes y paramilitares de Colombia, esposas de jefes guerrilleros, lavadores y hasta poderosos empresarios que quieren recuperar discretamente sus visas o chequear si están siendo investigados. Cuando apoderé al jefe paramilitar Carlos Castaño intentaron eliminarme. Tengo claro que los negocios con la mafia son serios, de lo contrario, se pagan con la vida”.

“Pero la mayoría de los narcotraficantes tienen incluso cierta clase. El problema es cuando crecen y se deben proteger, acudiendo a ejércitos privados. Ahora, el negocio está en manos de los viejos guardaespaldas y sicarios, que son más sanguinarios. Pero hay que tener en cuenta que hay tres tipos de crímenes: los violentos, que van contra las personas; los que afectan la propiedad; y los transitorios. Y, realmente, el crimen que ellos cometen —traficar droga— está proscrito temporalmente por la sociedad, como la venta de alcohol y la de marihuana lo estuvieron en algún momento. En estados como California, Colorado y New Jersey, lo que era antes un delito —consumir hierba— ya no lo es. […] Muchos narcos son como bebés. En la cárcel terminan dependiendo de ti: les tienes que llevar desde noticias de su caso hasta las fotos de su familia, que sufren tanto como ellos. Hay que saber entender la tragedia que viven […]. Por eso, me ocupo de tenerlos siempre bien informados, de darles apoyo y de mantenerlos al tanto de los casos. Algún día recibí una carta del pequeño hijo de un procesado preguntándome cuándo iba a volver a ver a su padre, cuándo iba a recobrar la libertad. Es muy fuerte […]. Creo que una de las razones por las que he tenido suerte en mi profesión es porque sé cómo hablarle a un cliente y respeto la confidencialidad. Además, conozco cómo funciona la justicia en Estados Unidos. No veo el mundo en blanco y negro sino con diferentes matices”.

Joaquín Pérez quería ser alcalde de Miami, ayudar a los pobres y salvar al mundo, pero terminó convertido en el abogado, confidente y redentor de sanguinarios narcotraficantes colombianos, como Víctor Patiño Fómeque y Leonidas Vargas; de oscuros personajes, como el esmeraldero Víctor Carranza, y de los más poderosos paramilitares, como el asesinado Carlos Castaño Gil. También apoderó a otros dos “comandantes” de esa estructura criminal, que funcionó por años con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Salvatore Mancuso Gómez, el Mono, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

A ambos, la justicia de Estados Unidos los dejó en libertad, a mediados de 2020. A pesar de los cientos de crímenes que cometieron, Pérez logró negociar y obtener sentencias moderadas. Ellos, al igual que la esposa del violento narcoguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL) Víctor Ramón Serrano Navarro, alias Megateo, empezaron a acudir al abogado Pérez para que los ayudara a indagar acerca de sus prontuarios en Estados Unidos o a conseguir penas benévolas, a cambio de acuerdos confidenciales. Esas negociaciones, que dejan al descubierto el funcionamiento de la justicia estadounidense, reposan en los archivos del Departamento de Justicia, y algunos folios aún están en la lujosa oficina de Pérez, ubicada en una esquina estratégica de Coral Gables, un sector exclusivo de Miami. Entre otros capítulos de la historia criminal colombiana, allí está el expediente del famoso “cartel de los sapos”, programa patrocinado por agentes de la DEA que agremió a mafiosos de Medellín, de Cali y del norte del Valle en una turbia ‘hermandad’ de delatores.

Los intentos de arreglo y colaboración con la DEA terminaron desatando una sanguinaria vendetta que aún cobra muertos entre sus herederos. A pesar de la estela de crímenes, esa confrontación también se ha convertido en series exitosas, con audiencias de sintonía récord, producidas por plataformas audiovisuales internacionales. En medio de esa guerra fue asesinado uno de los primeros clientes colombianos de Pérez: Julio Correa, pareja de Natalia París. El abogado conoció a la linda modelo mientras le tramitaba a su esposo un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y le recomendaba no volver nunca más a Medellín, pero Correa decidió omitir las instrucciones de su abogado. Los clientes de Pérez, cerca de dos mil, son parte de la historia criminal no contada de Colombia que involucra con la mafia a políticos de alto nivel, generales de la Policía y del Ejército, poderosos empresarios, congresistas activos, dirigentes gremiales y reputados abogados, muchos de cuyos nombres han logrado permanecer en la sombra por años. Fincado en el secreto profesional, Pérez ha guardado con celo varias cartas en las que le piden que algunos de sus clientes testifiquen en procesos pendientes, calificados de ‘trascendencia nacional’ o de interés para Estados Unidos. Los oficios, algunos con fecha fresca, están firmados por agentes federales, por fiscales estadounidenses o por fiscales y magistrados colombianos.

Uno de los casos en los que se le pidió el testimonio de uno de sus clientes es el que se le abrió al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El ganadero fue acusado por la Fiscalía en 2016 de presunto homicidio y de conformación de grupos paramilitares, cargos que siempre ha negado. Salvatore Mancuso, cliente de Pérez desde hace más de una década, insiste en que tiene información relevante sobre ese y otros expedientes que, según él, le interesarían a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema habilitado por el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para documentar y juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. En el portafolio criminal que Mancuso guarda, y que les reveló en detalle a autoridades de Estados Unidos, involucra en actos criminales a miembros del Ejército y de la Policía (activos y retirados), a poderosas empresas estatales y privadas y a miembros de la política colombiana. Muchos de ellos han pasado invictos ante la justicia, a pesar de haber tenido nexos con el paramilitarismo desde finales de los años noventa, e incluso después de su desmovilización, en 2006.

“Reconozco el peligro que enfrenta Mancuso si es devuelto a una cárcel en Colombia. Se ha buscado enemigos muy peligrosos capaces de asesinarlo para cobrarle las cuentas por las verdades que entregó a la justicia de Estados Unidos”.

En una de las cartas rogatorias, un grupo de agentes federales insiste en que Pérez los ayude a ubicar con su viejo cliente el original de un documento en el que Mancuso cuenta una historia sin epílogo: cómo recibió, de manos de un influyente líder gremial, los nombres de un puñado de magistrados de la Corte Suprema que se podían “influenciar” con jugosos pagos. El propósito del soborno era que, en 2005, saliera elegido un alto funcionario de la Rama Judicial que les podría convenir en su proceso de desmovilización.

En Colombia ese caso nunca prosperó. En otra carta se solicita acceso a Mancuso para aclarar un presunto caso de favorecimiento a paramilitares, por parte de un exmiembro de la Corte Constitucional de Colombia, así como de una millonaria operación de lavado de activos de la fortuna de un jefe de las autodefensas que quedó en manos de un respetable empresario. La conveniencia de que clientes de Pérez hablen sobre esos casos, que en Colombia nunca se han investigado, ha sido evaluada incluso en Washington por altos funcionarios de la División Criminal del Departamento de Justicia. El Gobierno de Estados Unidos es claro en que, a la luz del Acuerdo de Culpabilidad, son libres de cooperar o no con esas investigaciones, así sean clave para Colombia. Pérez guarda silencio cuando se le pregunta por esas cartas rogatorias. Sin embargo, en el caso de Mancuso, asesores del exparamilitar en Montería (Córdoba) y en Bogotá aconsejaron no declarar en algunos procesos aún vivos, ante el “evidente peligro para el testigo [Mancuso], sus familias y hasta sus abogados, sin que ese riesgo le signifique beneficio judicial alguno”.

Miembros de la Sección Antinarcóticos del Departamento de Justicia también le empezaron a pedir a Pérez, de manera insistente desde 2009, que les pregunte a algunos de sus clientes sobre Musa Besaile, el oscuro y otrora poderoso senador del departamento de Córdoba, expulsado de la JEP, en julio de 2021, por no aportar información relevante. La justicia de Estados Unidos observó en silencio cómo Colombia lo capturó casi una década después de que agentes federales empezaron a preguntar por él. Para ponerlo tras las rejas en Colombia, tuvieron que echar mano de evidencia enviada desde Washington y Miami por la DEA. Interceptaciones telefónicas federales desencadenaron la entrega de Musa Besaile el 5 de octubre de 2017, por conductas que, de paso, destaparon el pago de sobornos a algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia colombiana, a cambio de dilatar y engavetar procesos contra políticos que han delinquido. Pérez sabía desde hacía más de ocho años del interés de la justicia de Estados Unidos por Besaile, pero, de nuevo, guardó silencio, alegando confidencialidad. Y lo mismo hizo con las preguntas que investigadores colombianos le formularon sobre Zulema Jattin, exsenadora cordobesa, cuyo proceso marca un récord en la Corte Suprema: una década abierto. A esta líder local, coterránea de Mancuso y miembro de una poderosa casta política, se le ha indagado sobre presuntamente haber propiciado “la expansión del paramilitarismo y la cooptación del Poder Legislativo”, cargos que ella niega desde 2009, cuando se le decretó casa por cárcel. El 1° de septiembre de 2021, la JEP informó que Jattin fue aceptada en esa jurisdicción transicional como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, en condiciones de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba entre 2000 y 2007.

En muchos otros procesos, clientes del abogado Pérez accedieron, en secreto, a hacer aportes expeditos y efectivos que terminaron impactando hasta el proceso de desmovilización con la guerrilla de las Farc, entre 2016 y 2017. Uno de ellos estuvo relacionado con narcotraficantes que se querían colar en la lista de exguerrilleros arrepentidos, cuya información deslizó discretamente uno de sus prohijados, en enero de 2017. Pérez viajó a Colombia con datos que incluso dejaban al descubierto comodidades de las que disfrutaba tras las rejas uno de los narcotraficantes que posaba de jefe guerrillero.

Con la tolerancia de un par de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tenía en su celda colchón ortopédico, televisor de pantalla plana que cubría de extremo a extremo las paredes, portátiles con conexión a internet 24 horas y celular. Después de hacer una hora de cardio en el gimnasio del hotel, y de una ducha helada, Pérez abordó el tema con agentes federales durante una minicumbre en el sobrio J. W. Marriott, ubicado en el norte de Bogotá. Todo transcurrió en menos de 45 minutos, en un lujoso reservado en el que estuvieron presentes una periodista colombiana y tres agentes que saludaron al abogado con familiaridad y respeto. Menos de una semana después, el capo de las comodidades y, luego, otros colados fueron expulsados de la lista de desmovilizados de las Farc. Y se encontró una decena más de mafiosos, hasta extranjeros, tratando de hacer la misma trampa. Estados Unidos tiene en marcha una investigación sobre los pagos que recibieron mandos de las Farc por mimetizar a mafiosos en sus filas y aprovechar los beneficios del proceso de paz con el gobierno Santos.2 El episodio generó molestias y enemistades de personal del Inpec en contra de Pérez. De esa indagación se desprendió, luego, el rastreo a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, que pasó de ser negociador del proceso de paz a objetivo del ‘Tío Sam’ y, luego, a jefe de las disidencias de la llamada Segunda Marquetalia.

* Con autorización de Penguin Random House