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| 10/24/2017 6:42:00 PM

Directora de Coldeportes, a responder por el ‘elefante blanco’ de los Juegos Nacionales

La Contraloría General de la Nación le pide a Clara Luz Roldán que rinda cuentas con respecto a sus labores de supervisión y protección de los recursos a su cargo. El peculado por las obras en Ibagué podría ascender a 50 mil millones de pesos.

Directora de Coldeportes, a responder por el ‘elefante blanco’ de los Juegos Nacionales Directora de Coldeportes, a responder por el ‘elefante blanco’ de los Juegos Nacionales Foto: Fotomontaje SEMANA

En renders, en eso terminaron la mayoría de escenarios deportivos que se iban a utilizar para los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué. Uno de los detrimentos patrimoniales más grandes a los recursos del deporte del país, pues se estima que se perdieron más de 60 mil millones entre obras inconclusas y otras que quedaron mal ejecutadas.

Por este motivo, la Contraloría General de la Nación ha llamado a la directora de Coldeportes a rendir cuentas con respecto a sus labores de supervisión y protección del erario. Según un comunicado de la entidad, la directora Clara Luz Roldán deberá rendir cuentas ante dichas irregularidades.  

“La funcionaria tendrá que precisar las actividades de vigilancia y supervisión que ha adelantado hasta la fecha Coldeportes, así como las sanciones, multas o incumplimientos que haya decretado en relación con el  “Elefante Blanco” en que se convirtieron las obras de los Juegos Nacionales”, dice el comunicado.

El Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, le pidió a la directora de la entidad que precise cómo ejerció sus labores de supervisión con respecto a los convenios que fueron suscritos por su antecesor, Andrés Botero, pero que debieron ser vigilados por ella.

El Parque Deportivo y la Unidad Deportiva Calle 42 fueron los dos complejos que se debían adecuar para estas justas en las que se iban a desarrollar 31 disciplinas deportivas. Las obras para las que fueron destinados 13 mil millones de pesos fueron financiadas con recursos de la Alcaldía, la Gobernación, el gobierno nacional, y Coldeportes.

Finalmente, ninguna de las unidades deportivas fueron entregadas a tiempo y los Juegos debieron desarrollarse en escenarios alternos mientras que los ibaguereños se quedaron ‘sin el pan y sin el queso’ debido a que los escenarios que tenían debieron ser cerrados porque las obras no quedaron completas.

La Fiscalía encontró rastros de corrupción desde la licitación de la obra. La empresa española Pymsa pagó coimas a funcionarios para quedarse con el contrato para el diseño de los escenarios.  Orlando Arciniegas, asesor del entonces alcalde Luis H. Rodríguez, el responsable de facilitar la contratación de los españoles fue condenado a 36 años de cárcel por corrupción. Mientras que su mano derecha, Amaury Elías Blanquicet, también recibió  una pena de 6 años por este caso.

La ejecución del Parque Deportivo le fue otorgada a la Unión Temporal Parque Deportivo, en una licitación por 82.231 millones de pesos, incluida una adición. Mientras que la Unidad Deportiva Calle 42 le correspondió al Consorcio Unidad Deportiva, conformado por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos, Traventi Ingeniería y Diseño e Ingeniería Especializada.

Ambas terminaron siendo abandonadas después de que el siguiente alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, no dio más adiciones después de haber otorgado una prorroga  a los contratistas.

Para liquidar los contratos, el alcalde Jaramillo y Clara Luz Roldán, actual directora de Coldeportes, contrataron a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que realizó una evaluación con el fin de establecer el estado real de las obras.

Los hallazgos no fueron positivos porque según Jaramillo “habrá que demoler y rediseñar el resto de las obras, como por ejemplo el tejódromo, la pista de BMX, para la cual trajimos a un experto extranjero, y el complejo acuático. El estadio Manuel Murillo Toro, que se entregó como terminado, también debe revisarse”.

Con respecto a las posibles consecuencias de la investigación sobre Clara Luz Roldán, el contralor explica que “los funcionarios que no tomen medidas tendientes a proteger los recursos públicos, teniendo a su cargo labores como las de supervisión de contratos y ordenación del gasto, están expuestos a responder disciplinariamente”.

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