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James tiene una nueva oportunidad, está habilitado frente al Leipzig

El 27 de octubre de 2019 será una fecha decisiva para Cartagena. Ese día los votantes tendrán la posibilidad de elegir un gobierno que traiga la estabilidad y la transparencia que la ciudad necesita.


Las elecciones de octubre tendrán un significado especial para Cartagena. Son una oportunidad para que los cartageneros les demuestren al país y a la clase política de la ciudad y de la Región Caribe que son capaces de darle la vuelta a la dolorosa página: una que ha vivido la ciudad en los últimos ocho o más años. Una página marcada por un largo periodo de inestabilidad política, de una gobernabilidad muy frágil y de escándalos de corrupción.

Durante este lapso 11 alcaldes ocuparon el cargo: cuatro por elección popular y siete nombrados por el gobierno nacional. El último alcalde, electo en 2018, en elecciones atípicas, fue Antonio Quinto Guerra, pero su elección fue anulada y fue solo uno de los cuatro alcaldes que hubo ese año. El último, Pedrito Pereira, fue designado por el presidente de la República, pero su continuidad está en duda porque no fue incluido en la terna que envió el Partido Conservador. Mientras su partido y el gobierno callan la ciudad sigue sin timonel.

Desde 2016 hay más de 115 cambios en el gabinete de la administración distrital: cinco secretarios de Control Urbano, cuatro de Planeación, cuatro de Educación, cuatro de Infraestructura, y tres de Hacienda, entre otros.

En el Concejo de Cartagena la situación no ha sido mejor: de los 19 concejales, nueve no sesionaron por periodos extensos porque tenían investigaciones: por presuntas irregularidades, por inhabilidades, fallos de responsabilidad fiscal, nulidad por doble militancia, entre otros. Todo esto incide en el desarrollo de la ciudad y conlleva a la parálisis de la administración pública. Pero quizá lo más grave es el impacto que esto tiene en la legitimidad y credibilidad de las instituciones, que se ven seriamente minadas.

La corrupción es otro de los flagelos que ha perseguido al Corralito de Piedra. Por ejemplo, según datos del programa Vigila Cartagena, liderado por Funcicar, los macroproyectos e inversiones de alto impacto presentan falta de transparencia y extemporaneidad en la publicidad de las licitaciones; también abuso de la modalidad de contratación directa (en los últimos cinco años más del 90 por ciento del total contratado); cuestionamientos sobre la pertinencia y calidad de los contratistas; falta de pluralidad de oferentes, que en promedio solo llegan a dos y en cinco de cada diez es solo uno. O los casos de licencias falsas, como las que fueron otorgadas a los constructores del edificio Blas de Lezo II, que se derrumbó y dejó 21 obreros fallecidos.

Sin embargo, no todo es negativo. Hay una sociedad civil fortalecida, que a pesar de las dificultades, e incluso de los riesgos que corren sus líderes, ha decidido no dejarse amilanar por las presiones de algunos sectores políticos y sociales que pretenden apropiarse de los bienes y servicios públicos para beneficio personal. Estas iniciativas, que cuentan con el apoyo del sector privado, están adelantando proyectos y actividades para promover una mayor transparencia en la gestión pública, acciones de control preventivo contra la corrupción, la promoción del buen gobierno y programas para mejorar la calidad de vida de miles de cartageneros. Organizaciones como Funcicar, Cartagena cómo Vamos, la Fundación Mamonal y los Consejos Locales de Participación son solo algunos ejemplos del despertar de la ciudadanía en un lugar asediado por el desgobierno.

Lo que está en juego en las próximas elecciones pasa por la escogencia de quienes van a dirigir los destinos de la ciudad, pero va más allá de esto. Lo que las y los cartageneros deben decidir es si quieren seguir siendo espectadores pasivos de su destino o si van a asumir el reto de una ciudadanía que vigila, que construye un proyecto colectivo de ciudad, que respeta y hace respetar la institucionalidad. Esto requiere del trabajo mancomunado de la sociedad civil, del sector privado, de las universidades, de los medios de comunicación y, por supuesto, de los dirigentes políticos que estén comprometidos a rendir cuentas, a actuar con transparencia, en el marco de una ética pública que anteponga el interés general sobre los intereses particulares.