¡Ley de garantías a las carreras!

La Ley de Garantías, que busca evitar que los recursos públicos se destinen a favorecer las campañas políticas, se ha convertido en un gran dolor de cabeza. No solo frena la ejecución de las obras de contratación directa sino que ha puesto a muchos funcionarios públicos en una carrera contrarreloj para firmar contratos en las semanas previas a su entrada en vigencia, muchas veces de una manera improvisada.

Esta norma de 2005 restringe la firma de contratos y la vinculación de personal durante los meses previos a la realización de un proceso electoral. Para los entes territoriales la restricción comenzó el 9 de noviembre –cuatro meses antes de las elecciones de Congreso–. Limita la firma de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos y planes de desarrollo e impide la modificación de las plantas de personal.

Para las entidades del orden nacional las limitaciones rigen a partir del próximo viernes 25 de enero, cuatro meses antes de la elección presidencial. Pero si hay segunda vuelta se extenderán hasta mediados de junio. Durante este periodo queda prohibida la contratación directa.

Es tal el enredo que está causando esta ley que algunas entidades de control, como la Contraloría General, piden su desmonte mientras que las regiones advierten que muchos alcaldes y gobernadores tienen frenados sus planes de gobierno.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, sostiene que de los 48 meses que tienen los mandatarios locales para gobernar, casi la mitad del tiempo se quedan manicruzados. “No podemos gobernar con normas que dan a entender que todo el mundo es corrupto y que terminan con una gran improvisación en materia de contratación”. Según Toro, muchos alcaldes firman a última hora contratos sin el lleno de los requisitos y terminan sancionados por los organismos de control.

Una auditoría de la Contraloría encontró que en las semanas previas a que comience a regir se dispara la celebración de contratos en toda clase de entidades. Por ejemplo, en octubre del año pasado la contratación directa aumentó un 32 por ciento frente al mismo periodo de 2012 –pasó de 3,4 billones de pesos a 4,4 billones–.

El caso de los convenios interadministrativos que firman las regiones fue más dramático, porque aumentaron un 800 por ciento al pasar de 220.000 millones a 2 billones de pesos.

La Contraloría está realizando mapas de riesgo para establecer cuántos contratos se han adjudicado, qué contratistas están financiando las campañas políticas y en cuántas entidades está concentrada la contratación. Según la contralora Sandra Morelli, este matrimonio entre contratos y política sigue adelante y no se ha frenado como consecuencia de la Ley de Garantías. Por eso considera que es mejor adoptar medidas eficientes de prevención que paralizar toda la administración del Estado.

Para Morelli es grave que en 14 días hábiles se firmen miles de contratos de manera improvisada, pero más grave es que durante casi seis meses haya una parálisis en un momento crítico para la economía. “Estamos en un semestre bueno y en un año en el que se debería recoger la cosecha y ver los resultados de las políticas públicas, pero lo estamos sacrificando en aras de una ley que debería derogarse”, dice la funcionaria.

Y es que los tropiezos que genera esta norma son muchos. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tuvo que acordar con la Procuraduría qué funcionarios podrían asistir a la entrega de cerca de 40.000 viviendas gratis en los próximos meses para evitar que fueran sancionados.

La contratación de personal también se ha vuelto un lío. En las próximas semanas se vencen cientos de contratos de jefes de control interno de entidades nacionales y territoriales, que están en un limbo porque no pueden ser removidos por las restricciones de la ley. Y ni hablar de las obras que quedan interrumpidas. Cerca de 60 alcaldes protestaron recientemente porque no alcanzaron a firmar varios convenios interadministrativos con lo cual quedaron en entredicho obras de infraestructura, puentes, centros de integración ciudadana y acueductos, entre otros.

Mientras no se cambien las normas seguirán las carreras en todas las entidades.