A pedalazo limpio se realizan las protestas contra algunas plataformas tecnológicas

Las imágenes de personas de pie frente a un restaurante, junto a sus bicicletas, a la intemperie y a veces bajo la lluvia y el frío mientras esperan que los llamen para llevar un domicilio han puesto sobre la mesa la discusión de las condiciones laborales de la llamada economía colaborativa. Desde Rappi, la más grande start-up de domicilios de América Latina, hasta Deliveroo, la mayor en Europa, y Meituan, la más grande del mundo con sede en China, casi todas esas plataformas digitales en algún momento han recibido señalamientos de injusticia laboral.

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El año pasado Glovo, la segunda plataforma de domicilios más grande de Europa, captó 385 millones de dólares entre inversionistas internacionales, y sus directivos repartieron 13,5 millones de dólares en acciones entre sus empleados. Pero como los repartidores de los domicilios no lo son, no recibieron una sola.

Rappi afrontó dos protestas este año en Bogotá, promovidas por repartidores inconformes con los ingresos que obtienen debido a cambios en la tarifa, pero también por las condiciones de trabajo. En Buenos Aires, además, enfrenta un intento de sindicalización. Amazon, el mayor comercio electrónico del mundo, padeció este año huelgas en Europa y se vio forzada a mejorar los salarios del personal encargado de los despachos y entregas, que reclamaron por la monumental brecha entre los salarios de los ejecutivos de alto nivel y los trabajadores que reparten las mercancías. Amazon es la segunda más próspera de las compañías tecnológicas y su propietario, Jeff Bezos, es el hombre más rico del planeta, por lo que resultaba difícil justificar por qué la economía digital no beneficia a todos por igual.

El problema se origina en el modelo de negocio. Uber es la más grande transportadora del mundo y no tiene un solo vehículo; Airbnb es la mayor compañía de alojamientos y no tiene un solo hotel. Propietarios particulares de vehículos o de apartamentos amoblados los ofrecen al público por medio de Uber y Airbnb, que solo son aplicaciones telefónicas. Esta idea innovadora, de personas que hacen negocios directos, sin la intermediación de los monopolios tradicionales, ganó popularidad. Pero quienes prestan sus servicios no se convierten en empleados, sino en “asociados”.

Los modelos de economía colaborativa no surgieron para reemplazar los empleos tradicionales ni para convertirse en trabajos de tiempo completo: buscaban generar ingresos extra a quienes dispusieran de automóviles o bicicletas que de otro modo estarían inmóviles la mayor parte del tiempo. Pero como no son empleados y por tanto no tienen derecho a las prestaciones legales, la verdad es que en muchos casos los “asociados” deben soportar duras condiciones de trabajo y viven expuestos a las contingencias de la inseguridad urbana. Aportan sus propios vehículos y smartphones, y tienen que hacerse cargo de su propia atención médica. Por eso, ya han surgido voces como la del representante a la Cámara Mauricio Toro, quien considera que deben existir unas garantías mínimas de seguridad social para los colaboradores de estas plataformas, sin poner en riesgo la permanencia de los emprendimientos. En este sentido, Toro ha convocado mesas de trabajo para la mayoría de plataformas que operan en el país, pero hasta ahora Rappi no ha participado.

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En el caso europeo, las quejas sobre Deliveroo vienen de los migrantes que llegan al Viejo Continente y no encuentran más alternativa laboral que subirse al negocio de los domicilios. Solo que allá es aún más difícil alcanzar, repartiendo domicilios, los ingresos promedio de un trabajador formal.

¿La economía colaborativa ofrece una oportunidad para la sociedad o solo es un negocio de emprendedores talentosos que aprovechan el trabajo freelance para acumular enormes capitales? Para aquellos que participan en estas apps como fueron concebidas originalmente, a fin de complementar sus ingresos en sus ratos libres, el sistema funciona muy bien. Pero los jóvenes desempleados o los migrantes venezolanos de Latinoamérica o los refugiados africanos de Europa, que solo tienen esta opción laboral, sin cobertura legal alguna, tienen una percepción diferente.

Está abierta la discusión sobre la delgada línea que divide al modelo de asociado a una plataforma con el empleo informal sin seguridad social. La ley laboral cubre los trabajos formales y estos no lo son. Pero las empresas de tecnología coinciden en la urgencia de atender este problema para tratar a la parte más débil de su relación con más justicia y, de paso, evitar un nuevo foco de inconformidad social.