Reforma a los aranceles de importaciones levanta polémica

Desde que se discutieron duramente los tratados de libre comercio, ninguna propuesta relacionada con el comercio exterior había causado tanta polémica en Colombia. Se trata de la reforma de los aranceles (impuestos a las importaciones) que el gobierno planea adelantar y cuyas bases se han conocido en los últimos días.

El tema, técnico y complejo, ha abierto un viejo debate ideológico y de política económica sobre el proteccionismo y el libre mercado. De un lado, están quienes defienden la tesis de que disminuir los aranceles aumenta el comercio exterior, combate el contrabando, mejora la competitividad del país e impulsa las exportaciones. Todo lo cual en conjunto favorece el empleo, el crecimiento económico y a los consumidores. Y en el otro, están quienes afirman que esa política favorece los bienes importados en detrimento de los productores nacionales, especialmente los del sector agropecuario, y conduce a que los agricultores y los trabajadores terminan pagando los platos rotos.

En el debate han terciado economistas, analistas, académicos y gremios del sector agropecuario y es difícil que se pongan de acuerdo. Es claro que el ambiente está tenso para analizar la reforma arancelaria integral, que tendrá como base un estudio elaborado por el excodirector del Banco de la República y experto en comercio exterior Juan José Echavarría. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene analizándolo desde hace un año y en las próximas semanas lo presentará al Consejo Superior de Comercio Exterior, máximo organismo en la materia.

Para apreciar qué tan caliente será el debate, basta observar la reacción que generó la medida, tomada por el gobierno hace poco, de bajar temporalmente a cero los aranceles a las importaciones a productos de la canasta familiar como fríjol, lenteja, pollo y ajo. Para el aceite vegetal suspendió la franja de precios y dejó en cero el arancel por seis meses. Fedepalma puso avisos de página entera en los principales diarios y revistas del país, en los que advirtió que los productores dejarán de recibir 220.000 millones de pesos en los próximos seis meses, equivalentes al 13 por ciento de los ingresos del sector. También la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) rechazó la medida temporal en forma categórica por considerar que desestimula la producción nacional.

La propuesta del estudio de Echavarría es mantener el nivel promedio del arancel colombiano en 6,4 por ciento, similar a los demás países de América Latina, pero eliminar las grandes dispersiones que se presentan entre productos. Para ello, recomienda un tope del 30 por ciento de aranceles para los productos del sector agro y del 15 por ciento para los de la industria. Echavarría cita los casos de Perú y Chile, naciones que exportan más que Colombia a pesar de que tienen aranceles más bajos. Perú tiene impuestos del 6 por ciento para el agro, del 11 por ciento para las confecciones y de cero para todo lo demás.

En el caso colombiano hay grandes disparidades porque algunos productos tienen aranceles muy altos, del 70, 80 y hasta 100 por ciento, como el arroz, la carne, los cereales, la leche y los huevos. Otros, por el contrario, tienen impuestos cercanos o inferiores al 20 por ciento como el pescado, las frutas, los aceites, entre otros.

Echavarría sostiene que una baja en los aranceles permitirá que las empresas accedan a materias primas, insumos y bienes de capital más baratos, lo que mejoraría su competitividad para exportar, tema en el que el país está muy rezagado. “Lo que ocurre actualmente es que con protecciones tan elevadas, los empresarios no tienen incentivos para salir al exterior porque aquí tienen un mercado cautivo”, dice.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, coincide en la necesidad de modernizar estos impuestos para que sean más equitativos y eficientes, para que promuevan la competencia e incentiven a los empresarios a ser más productivos e innovadores. “Este es el momento más adecuado porque con la caída de los precios del petróleo se necesita una transformación productiva para que se desarrollen otros sectores”, dice Córdoba, quien afirma que esto será difícil de lograr cuando las materias primas, que tienen impuestos elevados, constituyen el 70 por ciento de lo que importa el país.

Pero voceros del sector agropecuario desestiman estos argumentos. Afirman que el momento es inoportuno para esta reforma, pues se podría agravar el descuadre en la balanza comercial del país. A pesar de la mayor devaluación, las exportaciones siguen cayendo. “¿Si eso ocurre con aranceles altos, qué pasará cuando bajen más?”, se pregunta Rafael Mejía, presidente de la SAC, quien recuerda que en el sector agropecuario las importaciones ya representan el 30 por ciento de todo lo que produce el país –el año pasado ascendieron a 11,4 millones de toneladas, es decir, se duplicaron en 15 años–.

La SAC critica la propuesta de Echavarría por considerar que no tiene el debido rigor técnico y metodológico que justifique un ajuste de tal magnitud. Además, dice que para los productores del agro sería un doble castigo porque con la mayor devaluación sus costos se incrementaron sustancialmente.

Sobre la postura de quienes afirman que menores aranceles disminuyen la inflación, Mejía sostiene que esta se contiene con estímulos a la producción y que esa propuesta desconoce el traslado de los mayores precios a los consumidores a lo largo de la cadena. Frente a la comparación con Chile y Perú, la SAC afirma que estos países se han desarrollado gracias a que han puesto en marcha políticas de gran envergadura para incentivar la economía y las exportaciones y no por establecer aranceles inferiores.

La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) también alzó su voz para rechazar la reforma. Su presidente, Andrés Valencia, dice que la carne de pollo ingresa sin aranceles por cuenta de los compromisos adquiridos en el TLC con Estados Unidos y ello causa graves perjuicios al sector porque le abre las puertas al producto proveniente de Brasil y de otros países, en detrimento de los productores colombianos. También cuestiona lo que califica una política incoherente en materia comercial, porque mientras el gobierno privilegia la baja de los aranceles al producto final, no beneficia los insumos que no se producen en el país, como el maíz amarillo.

Quienes se oponen a una reforma arancelaria, en este momento, argumentan que los TLC ya incluyen una desgravación progresiva hasta llegar a cero en los próximos años. Ese es el caso del acuerdo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia. Es decir, piden no adelantarse a lo ya pactado.

Como se ve, la discusión no será nada fácil. Una de las motivaciones para emprender esta reforma es que la economía colombiana sigue siendo una de las más cerradas de América Latina, pese a la baja del arancel promedio tras la apertura de la década de los noventa y de los tratados de libre comercio (TLC). Según el Consejo Privado de Competitividad, en apertura comercial (exportaciones más importaciones), Colombia ocupa el puesto 57 entre 61 países analizados, las exportaciones siguen muy concentradas en pocos productos –el 70 por ciento corresponde a cinco de ellos– y su nivel de sofisticación es bajo.

Para la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, aranceles tan dispersos como los del país estimulan el contrabando técnico, dificultan la administración de las aduanas, generan distorsiones y no incentivan las cadenas productivas. Además, crean desequilibrios con países que tienen aranceles más bajos para las materias primas. No obstante, aclara, cualquier reforma en la materia comenzará con la industria.

El gobierno considera que este es el momento de abrir el debate porque los colombianos no tienen por qué pagar mayores precios por productos de la canasta familiar protegidos de la competencia externa. Un ejemplo fue lo que ocurrió el año pasado, cuando el gobierno anunció que bajaría los aranceles del azúcar del 117 por ciento al 70 por ciento, lo que causó una dura polémica con los productores de caña. Detrás de esta decisión estaba el alza elevada en los precios del producto en el mercado doméstico, que en un año subieron cerca del 40 por ciento. Los ingenios protestaron y advirtieron sobre pérdidas millonarias y despidos masivos.

Con el ambiente tan caldeado y con posiciones tan fuertes en favor y en contra, al gobierno le espera una decisión muy complicada que le demandará un costo político porque, en este asunto, no todos quedarán contentos.