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| 11/24/2003 12:00:00 AM

¿Al fin cuál reforma?

El gobierno tiene claro cuánto tiene que recaudar con la nueva reforma tributaria, pero no cómo hacerlo. El impacto sobre la economía será distinto según el tipo de impuestos que se aprueben.

En la carrera contra el reloj para aprobar antes de diciembre los nuevos impuestos que el gobierno necesita puede pasar cualquier cosa. Al proyecto inicial de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le salieron la semana pasada nada menos que cuatro contrapropuestas (una del Partido Liberal, una del Conservador, una del Polo Democrático y otra del Contralor). Cada una de éstas, por lo demás, incluye medidas impositivas distintas que afectan a sectores diferentes.

Una vez destapadas las cartas empezó el pulso con las bancadas, que promete ser duro. Lo más probable es que se aprueben nuevos impuestos, pero no exactamente los que el gobierno quiere. A fines de la semana pasada, aun antes de haberse presentado las ponencias para discutir el proyecto tributario en primer debate, éste ya estaba sufriendo modificaciones importantes. Incluso circulaba una versión según la cual, dada la premura del tiempo y la forma precipitada con que el gobierno preparó el proyecto, el Congreso se limitaría a aprobar un paquete de nuevos impuestos por 1,2 de los casi 3 billones que se necesitan. El resto lo dejaría para un nueva reforma, más estructurada, que debería ser presentada en marzo del año entrante.

En su propuesta inicial el gobierno se apoyaba mucho en el IVA. Al extender su cobro a otros productos y generalizar la tarifa del impuesto en 17 por ciento, planeaba recaudar 1,3 billones de pesos de los 3,5 billones que debe sumar en total la reforma. La subida del IVA, sin embargo, encontró un fuerte rechazo en el Congreso y por eso a fines de la semana pasada el gobierno ya estaba hablando de no tocar este impuesto, o hacerle unos cambios mínimos, y más bien pensar en otras alternativas.

Otro de los pilares de la propuesta del gobierno es el impuesto a las pensiones de más de cinco salarios mínimos. Para quienes conocen la historia del sistema pensional colombiano, es una medida que tiene sentido. En la actualidad hay una generación de pensionados que durante su vida laboral no cotizaron lo suficiente para financiar sus mesadas. No porque no quisieran, sino porque las normas estaban diseñadas de manera irresponsable. El hecho es que para cubrir ese faltante los actuales contribuyentes deben girar cerca de 10 billones de pesos al año (casi lo mismo que gasta el gobierno en intereses).

Una forma de aliviar esa carga sería gravando las pensiones más altas. El asunto también genera resistencia en el Congreso, aunque hay sectores abiertos a considerar el impuesto. La discusión estará en el tope a partir del cual se empezará a cobrar. La propuesta del gobierno cobija las pensiones de más de cinco salarios mínimos, pero hay congresistas que están hablando de 10 salarios mínimos.

Duro al patrimonio

Si se reduce el alcance del IVA y del impuesto a las pensiones, ¿de dónde saldrá la plata? El proyecto del gobierno busca elevar en forma permanente la tasa del impuesto de renta al 38,5 por ciento. Pero muchos sectores en el Congreso quieren llegar más lejos con el impuesto de renta, eliminando buena parte de las exenciones que hoy existen. Así, el presidente Alvaro Uribe se verá presionado para desmontar muchas de ellas, incluidas algunas de las gabelas tributarias que creó en la reforma del año pasado.

Como las anteriores medidas no alcanzan para recaudar la plata, han empezado a surgir otras alternativas, como subir el impuesto a las transacciones financieras del 3 al 4 por mil, y revivir el impuesto al patrimonio. El gobierno no es amigo de estas medidas, y se opone, sobre todo, a la segunda.

Entre los argumentos en contra del impuesto al patrimonio hay uno de orden práctico y otro de fondo. El primero es que, como dicen los que saben de contaduría, no hay nada más fácil que esconder un patrimonio. La creación de este tributo estimularía entonces la contabilidad 'creativa' y volvería menos transparente la información financiera de las empresas. La objeción de fondo es que este impuesto castiga la inversión. Esto no sería grave si no fuera porque la única forma de crear empleo es precisamente a través de la inversión.

Los proponentes del impuesto al patrimonio, por su parte, lo defienden porque es progresivo (afecta sobre todo a los ricos). Y como están las cosas, es probable que al gobierno le toque aceptarlo, aunque sea de manera temporal.

En el proyecto de reforma tributaria hay un artículo que ha causado polémica: el de bajar el impuesto de renta para las empresas que reinviertan utilidades. Algunos han juzgado esto innecesario, pues aun sin ese estímulo muchas compañías ya las están reinvirtiendo. Otros temen que se abra una puerta gigantesca por la que se pueda eludir el pago de impuestos mediante manipulaciones contables. Por eso es probable que esta propuesta cambie o se elimine en el curso de las discusiones en el Congreso.

Otros puntos de la reforma han generado menos controversia, como el uso de parte de las regalías y de las transferencias para el pago de las pensiones de las entidades territoriales. También, la propuesta de establecer una devolución parcial del IVA para quienes hagan sus compras con tarjetas débito o crédito, para estimular el uso de éstas y obligar a los establecimientos comerciales a formalizarse.

Queda poco menos de un mes para que el gobierno y los congresistas se pongan de acuerdo sobre los nuevos impuestos que van a crear. Por las discusiones que ha habido hasta ahora se puede anticipar que la reforma será bien distinta de la propuesta inicial que presentó el gobierno. Lo más probable es que se aumente la carga de los impuestos directos a las personas y empresas, como son los de renta y patrimonio, y se haga muy poco por el lado del IVA. Esto sería sacarle todavía más plata a los pocos colombianos juiciosos que declaran sus bienes y sus ganancias. Falta ver qué tanto hace el gobierno en la reforma para poner a tributar a los muchos que manejan fortunas sin figurar en los radares de la Dian.

En lo que tiene que ver con el desempeño de la economía, no obstante, la pregunta más importante es cuánta plata se va recaudar con los nuevos impuestos. La propuesta inicial que presentó el gobierno está calibrada para generar ingresos por 3,5 billones de pesos el año entrante. Esa es la magnitud del ahorro fiscal que habría generado el referendo si hubiera sido aprobado. Y si hay algo en lo que el gobierno tiene claro que no puede ceder, es en el monto por recaudar. De ello depende que se cumpla la meta de déficit fiscal del año entrante, que es de 2,5 por ciento del PIB.

El cumplimiento de esa meta es ahora más importante que nunca. Con la experiencia de los últimos años, los inversionistas que le prestan al gobierno ya se cansaron de verlo fijar una meta fiscal y después incumplirla. Ahora que la deuda pública está en niveles de alarma necesitan verlo actuar con acciones concretas, no palabras, para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, y así detener el endeudamiento. Por eso, si en las discusiones con el Congreso se llega a reducir el calibre de la reforma, no sería sorprendente que empezaran a castigar al gobierno con mayores tasas de interés para la deuda pública, y, más adelante, para el resto de la economía.

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