Arranca el pulso

El pasado 13 de noviembre el gobierno, después de varios meses de discusiones internas, presentó en sociedad su propuesta de reforma pensional. A partir de ese momento empezó en firme la discusión pública sobre este proyecto, que es trascendental para la estabilidad económica del país, pero también promete generar una intensa y acalorada controversia política en lo que queda de este gobierno.

La propuesta ya comenzó a discutirse en el seno del Pacto Político y Social, en el cual tienen asiento trabajadores, empresarios y gobierno. La idea es que haya una concertación entre los diferentes sectores en torno al proyecto durante las próximas dos semanas para luego, a principios de diciembre, llevarlo al Congreso. La esperanza del gobierno es que, si se logra cierto consenso sobre la propuesta desde ahora, se facilitará su aprobación en el Legislativo el año entrante.

El punto central de la propuesta que se llevó al Pacto Político y Social es un aumento en las cotizaciones para las pensiones. Actualmente éstas equivalen al 13,5 del salario del trabajador. Al momento de aprobarse la reforma quedarían en 14,5 por ciento y luego subirían gradualmente hasta alcanzar el 15,5 por ciento en 2008. De otro lado, el proyecto establece un aumento de tres años en la edad de jubilación a partir de 2014. Y en 2020 un incremento adicional de dos años. De manera que la edad de retiro, que hoy en día es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, en dos décadas sería de 60 y 65 respectivamente.

Con las primeras discusiones en el Pacto Político y Social han empezado a surgir las críticas a la propuesta. Para Héctor Fajardo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), no es claro que la solución sea aumentar las cotizaciones o la edad de jubilación. “Es cierto que la expectativa de vida en el país es de 71,8 años. Pero no hay que olvidar que en los estratos de menores ingresos ésta es más baja”, asegura.

Por otra parte, las centrales obreras han advertido que de poco sirve la reforma pensional si el desempleo continúa tan alto y millones de trabajadores informales siguen por fuera del sistema. Por eso argumentan que ésta se debe discutir conjuntamente con la política de empleo.

El sector privado también ha expresado reservas frente al proyecto. Los fondos privados de pensiones se oponen a un artículo según el cual todos los trabajadores nuevos del sector público tendrían que afiliarse obligatoriamente al ISS. Esto, en su opinión, sería una restricción indebida a la competencia. Así mismo se oponen a otro artículo que reduciría los montos que se les reconocen a los fondos privados por la administración de los mismos.

Más allá de esto, los empresarios están preocupados porque el alza en las cotizaciones podría reducir el empleo. Los mayores aportes, sumados a las cargas parafiscales —como las contribuciones a las cajas de compensación y al Sena— son un costo muy alto que terminaría por frenar la contratación de mano de obra, argumentan.

El gobierno, por su parte, tiene claras tres cosas. Primero, que el esquema actual no es sostenible financieramente. Segundo, que matemáticamente la única forma de lograr que las cuentas cuadren es alargando el período de cotización, aumentando el monto de la misma o reduciendo el valor de las mesadas. Y tercero, que estas dolorosas medidas son inaplazables pues de lo contrario colapsarían las finanzas públicas a la vuelta de unos años.

La otra mitad

Las medidas que se han propuesto hasta ahora, sin embargo, sólo se refieren a las personas cobijadas por la Ley 100. Como es bien sabido hay entidades que tienen regímenes diferentes. Son los conocidos popularmente como ‘privilegiados’ pues por lo general incluyen más beneficios de los que tiene el resto de los mortales.

Este asunto, que aún no ha empezado a discutirse, promete ser aún más sensible políticamente que la reforma que ya se discute al régimen de la Ley 100. Y también será una discusión muy enredada porque no todos los llamados regímenes especiales tienen el mismo estatus legal.

En primer lugar están los magistrados de las altas cortes, los congresistas y muchos otros servidores públicos que hacen parte de los regímenes conocidos como de transición. Al promulgarse la Ley 100 estos trabajadores fueron vinculados a la misma, pero no retroactivamente. Es decir, los nuevos entran con el esquema pensional común y corriente pero los antiguos continúan con el sistema viejo, que tiende a ser muy oneroso.

También hay varias empresas públicas, como el ISS, que se rigen por la Ley 100 pero tienen convenciones colectivas que otorgan a los trabajadores beneficios adicionales a los legalmente obligatorios. Estos son compromisos con los empleados que no pueden modificarse por ley. Sólo se pueden cambiar si las partes se ponen de acuerdo para hacerlo voluntariamente, como ocurrió hace poco en el ISS. La nueva convención del Instituto establece que las personas nuevas que ingresen a trabajar en él se pensionarán únicamente bajo los parámetros de la Ley 100.

Finalmente están Ecopetrol, el magisterio y las Fuerzas Militares. Estas entidades fueron excluidas explícitamente de la Ley 100 (ver recuadro). La reforma pensional quedaría incompleta si no se modifican estos regímenes pues generan un faltante de magnitud similar al del resto del sistema pero cubren mucho menos gente.

El gobierno ya tiene previsto hacer cambios en este frente, que será la segunda etapa —y la más difícil— del debate sobre la reforma pensional. Ha decidido nombrar una comisión para que estudie el tema y haga sus recomendaciones el año próximo, cuando la reforma se esté discutiendo en el Congreso.

El debate de la reforma pensional ya arrancó en forma con la decisión del gobierno de sacarla adelante. El camino de su aprobación será largo y difícil pero no por eso se puede echar para atrás ni dejar de hacer completa una tarea que las futuras generaciones agradecerán.