ASUNTO PRIVADO

En un país donde se incumplen tantas promesas, pocos pensaron que esta se volviera realidad. Pero lo cierto es que en materia de reprivatización de entidades financieras el gobierno mantuvo su palabra. La semana pasada el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, anunció que ya todo está listo para la venta a los particulares de 200 millones de acciones del Banco de los Trabajadores, una de las cinco entidades cuyo control fue asumido por el Estado colombiano después de la crisis financiera de 1982.

Semejante noticia fue suficiente para devolverle la tranquilidad a aquellos observadores que hablaban sobre una nacionalización de hecho de la banca colombiana. Esta había comenzado en la práctica hace ocho años, cuando después de la quiebra del Banco Nacional se prefirió que, en caso de problemas serios en las entidades financieras, la nación tomara las riendas de las entidades, ante la crisis de confianza que generaron los mecanismos de liquidación. En consecuencia, el tratamiento de la intervención le fue aplicado al Banco del Estado en 1982, al Banco de Colombia en 1984 y posteriormente a los bancos del Comercio, Tequendama y Trabajadores. En los últimos casos, todo se realizó a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el cual fue dotado de los mecanismos legales y financieros para tomar el control de las entidades y proceder a su saneamiento.

La labor en todos los casos no ha sido nada fácil. Comparativamente hablando, los problemas más sencillos eran los de los bancos de los Trabajadores y Tequendama --los dos más pequeños--, cuyas pérdidas llegaron a ser tan cuantiosas que en teoría obligaban a la liquidación de cada entidad. Ante esa evidencia, el tratamiento indicado fue el hacer inyecciones de capital con dineros públicos para darle solvencia a las instituciones en dificultades. Como es de suponer el tamaño de la dosis estuvo atado al de cada banco. En consecuencia, mientras que en el Banco de Colombia la suma que hubo que poner fue de varias decenas de miles de millones de pesos, en el de los Trabajadores la cantidad utilizada fue inferior a los tres mil millones de pesos.

Gracias a esa ayuda el Banco de los Trabajadores pudo salir adelante. En 1989 la entidad tuvo utilidades por 260 millones de pesos y experimentó una considerable mejora en su solidez patrimonial. Más aún, el banco cumplió con toda una serie de requisitos exigidos por el gobierno para que fuera dado de alta. El más importante tuvo que ver con el ajuste a una serie de normas expedidas hace un año, referentes al llamado "apalancamiento" de las entidades financieras.

Ante ese hecho el gobierno dio por terminado el proceso de saneamiento del Banco de los Trabajadores. Los diversos análisis indican que la institución ya ha alcanzado índices de eficiencia satisfactorios que le permitirán andar por sí sola y sin ayuda del Estado.

Con ese precepto en mente, el paso siguiente es la reprivatización. En este caso concreto, el Ministerio de Hacienda optó por un esquema según el cual las acciones del banco van a ser divididas en tres lotes. El primero corresponde al 55% del capital, el cual debe ser adquirido por inversionistas nacionales o extranjeros, dependiendo de que aprueben una especie de examen de honorabilidad. Este debe servir para evitar que los antiguos accionistas vuelvan a adquirir el control del banco o que dineros de dudosa procedencia sean utilizados para la compra de las acciones. Una vez superado ese proceso la venta se le hará a la entidad o grupo que haga la mejor oferta, dentro de un esquema similar al de una licitación.

A continuación el turno le corresponderá a los empleados y trabajadores jubilados del Banco de los Trabajadores, quienes podrán adquirir el lote B. Este consiste en un paquete de acciones (entre un 10% y un 20% del total) que será ofrecido en condiciones financieras favorables.

Finalmente, el saldo restante--o lote C--va a ser vendido a través de las bolsas de valores. Para estimular el interés del público, el gobierno ha ofrecido que las acciones se podrán pagar en un plazo de cinco años, con tasas de interés favorables.

La combinación de esos tres mecanismos debe conducir a que en cuestión de semanas el Banco de los Trabajadores sea de nuevo una entidad del sector privado. Según el gobierno, la división de las acciones en lotes permite que tanto los grandes inversionistas como los pequeños y los trabajadores de la entidad se beneficien del esquema. No obstante, este no resultó ser de todo el agrado de algunos observadores. Un especialista del sector le dijo a SEMANA que "el ministro de Hacienda prefirió una salida populista en vez de vender todas las acciones en un solo paquete a un inversionista nacional o extranjero".
Aunque por ahora no hay nada en claro sobre los interesados en el banco, los sondeos preliminares sugieren que la venta se realizará sin dificultad en un precio cercano a los 2.500 millones de pesos.

Una vez finalizada esta venta, el paso siguiente para el Fondo de Garantías es proceder a poner en venta otro banco. Aunque la mayoría de los observadores se inclinan por el Banco Tequendama, SEMANA pudo establecer que el candidato más firme es ahora el Banco del Comercio. A diferencia del primero, el Comercio tiene la ventaja de haber cumplido con los requisitos de capitalización que exigen las normas legales. Si eso es así el monto de la transacción seria mucho mayor y estaría en cercanías de los 15 mil millones de pesos.

La duda en este caso radica en el esquema de venta que prefiera el gobierno. Aunque no es claro si el proceso se alcanzará a terminar antes del fin de la presente administración, desde ya se dice que la venta del Banco del Comercio (o, si es el caso, del Tequendama) debe servir de medidor para registrar el interés de los inversionistas extranjeros en el país.

Una vez ese proceso también se termine, la venta de los dos bancos restantes se ve más complicada. Por el lado del Banco del Estado este se encuentra, a pesar de sus buenos resultados, en medio de una confusa disputa legal, por cuenta de unos cuantiosos pagarés en dólares presentados en contra de la entidad por el dueño de Coloca Internacional, el financista Jorge Castro Lozano. Finalmente, está el Banco de Colombia cuyas dificultades tardaron años en conocerse y, según lo visto, tardarán en solucionarse.

Todo eso sin hablar del precio de venta. En el caso del Banco de los Trabajadores, del Tequendama o incluso del Comercio, el monto de la transacción se ajusta al bolsillo de un número importante de inversionistas.
Sin embargo, cuando se ofrezcan las acciones de un banco de mayor tamaño el negocio debería ser de varias decenas de millones de dólares. Será precisamente en esa ocasión que la estrategia de las intervenciones de la década pasada será puesta a prueba.
Por eso es que los escépticos aseguran que aunque el anuncio hecho la semana pasada es importante, la victoria no se podrá cantar sino hasta que, uno de estos años, las acciones restantes del último banco nacionalizado en poder del Estado se le transfieran a los particulares-