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Aumento al salario mínimo: ¿Propuesta castrochavista?

Un aumento extraordinario del salario mínimo como el propuesto por el senador Álvaro Uribe suena muy popular. Pero tiene con los pelos de punta a empresarios, gremios y analistas que lo consideran inconveniente.


Con la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de aumentar el salario mínimo sucede lo mismo que con la consulta anticorrupción. Como la causa es tan popular, casi nadie se atreve a decir en público lo que de verdad piensa al respecto. A primera vista la cosa suena lógica, pero en el fondo tiene muchas complejidades. A diferencia de la consulta, cuya principal crítica es que solo tendrá un valor simbólico a un costo muy alto, la propuesta del expresidente Uribe sí puede tener consecuencias negativas importantes para la economía.

¿De dónde surgió esta propuesta? Iván Duque cuando era candidato se había comprometido a bajar los impuestos y a subir salarios. Como en las campañas los candidatos ofrecen tantas cosas inviables, esa oferta populista pasó relativamente sin problemas. Ningún economista la tomó en serio. Al fin y al cabo este tipo de situaciones se presentan en todas las campañas. El propio Juan Manuel Santos había ofrecido bajar de 12 a 4 por ciento el aporte en salud para los pensionados y ‘firmar en piedra’ que no subiría los impuestos, y al final tuvo que reversar estas propuestas. Eso forma parte del juego político y como dice el refrán, en las elecciones hay que hablar en verso, pero en el gobierno hay que hablar en prosa.

Por lo anterior, no resultaba tan evidente que el gobierno tuviera que cumplir un compromiso electoral a todas luces inconveniente. Pero lo volvió realidad el enorme rechazo que comenzó a generar el proyecto de reforma tributaria. Esta contiene simultáneamente dos propuestas difíciles de vender: por un lado, bajar impuestos a las empresas y, por el otro, ampliar la base tributaria, lo que significa más colombianos pagando impuestos.

Aunque estos elementos pueden ser no solo lógicos sino necesarios en la coyuntura actual, son imposibles de vender políticamente. Por eso se volvió necesario agregarle a ese plato una cereza que acabó siendo el aumento del mínimo. La expectativa es que cuando el gobierno presente la reforma tributaria, si se incluye en el paquete un aumento salarial, será más fácil aprobarla.

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En líneas generales, la propuesta de Uribe otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para que, por una vez, aumente el salario mínimo aprobado para 2018, articule el tema para evitar presiones inflacionarias y un impacto en los indicadores económicos y exponga este aumento ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Todo esto suena bien, pero en la práctica tiene muchos problemas. Por muy popular que parezca, las condiciones no lucen favorables porque la economía apenas ha comenzado una incipiente recuperación y para los empresarios puede representar un golpe grande. Una decisión en este sentido puede agudizar el desempleo y frenar la formalización laboral, al encarecer los costos de contratar personal.

Uribe sabe que subir así los salarios impactará la inflación en un nivel difícil de calcular por ahora. En todo caso, podría afectar las metas del Banco de la República, que después de muchos meses de luchar contra la inflación, por fin ha comenzado a ganar la batalla este año. Además, el alza generaría mayores gastos al Estado por concepto de funcionamiento, subsidios y pensiones. Por eso muchos han señalado que más parece una propuesta castrochavista, de las típicas que ha formulado el presidente venezolano Nicolás Maduro, que una propuesta de los partidos de la derecha colombiana.

Los libros de texto señalan que un aumento salarial extraordinario debe obedecer a tres razones básicas: que ha caído dramáticamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que ha mejorado sustancialmente la productividad o que la inflación se ha disparado a niveles que hagan necesario compensar los ingresos de las familias. Aunque algunos dirigentes del Centro Democrático creen que estos tres escenarios se cumplen, y así lo manifestaron en un aviso de página entera publicado en los principales periódicos del país el 7 de agosto, las cifras revelan otra cosa.

Por un lado, la capacidad adquisitiva de los colombianos ha subido en los últimos años, pues el salario mínimo real contado desde 2008 muestra un aumento sostenido, y durante el primer semestre de 2018 alcanzó su máximo nivel. Esta mejora en la capacidad adquisitiva obedece, en buena medida, al control de la inflación, lo que contradice otro de los argumentos que darían lugar a un aumento extraordinario de salarios.

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En materia de productividad tampoco hay razones para el alza. Camila Pérez, subdirectora de Fedesarrollo, uno de los principales centros de estudios económicos del país, asegura que los datos recientes muestran que la productividad, en vez de subir, cayó 0,5 por ciento el año pasado y ha mantenido una senda descendente. Por eso, cree que la propuesta de subir los salarios puede ser irresponsable.

Pero no solo desde el punto de vista técnico la iniciativa de Uribe tiene problemas. Congresistas como Alexánder López, del Polo Democrático, y Armando Benedetti, de La U, han dicho que su presentación comporta un procedimiento incorrecto, pues el proyecto de ley propone conceder facultades extraordinarias al gobierno para decretar el aumento en el salario mínimo, pero hasta ahora el gobierno no las ha solicitado. De hecho, hasta el jueves el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no se había querido referir a la polémica propuesta.

Por tratarse de una medida de esa trascendencia, llamó la atención que tomara por sorpresa a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, a la directora de Planeación, Gloria Alonso, y al propio Carrasquilla.

¿Lo saben sus jefes?

Entre algunos gremios y empresarios la propuesta no cayó bien. Aunque en público pocos se atreven a descalificarla, en privado argumentan su inconveniencia para el momento económico que vive el país. Critican la intención del Congreso de querer saltarse los criterios técnicos que siempre ha aplicado la Comisión de Concertación Salarial, que a lo largo de los años ha sido la encargada de garantizar un proceso de negociación transparente. Finalmente son los empresarios los que pagan las nóminas, y no quieren ser convidados de piedra en algo que afecta sus bolsillos. Y este problema es más grave en las pequeñas empresas que en las grandes.

Por eso algunos recibieron con sorpresa las declaraciones de Bruce Mac Master, el presidente de la asociación de empresarios, Andi, quien a pocas horas de la propuesta del senador Uribe, la calificó de “interesante” y en la emisora W Radio dijo que “hoy hay espacio para subir el salario mínimo, solo tendríamos que considerar su efecto inflacionario”.

Estas declaraciones generaron malestar entre pequeños y medianos empresarios, que no coinciden con estas afirmaciones. En privado han dicho que es apresurado y que sería bueno preguntarles a los jefes del presidente de la Andi si comparten o han autorizado la opinión expresada por el dirigente gremial.

De hecho, Fenalco, el gremio que representa a los comerciantes del país, salió a tomar distancia. Pedro Alejandro Marún Meyer, presidente encargado del gremio, dijo en un comunicado que si bien creen que es una propuesta “audaz e interesante”, es necesario examinar, a instancias del Consejo Gremial Nacional, los detalles y consecuencias de una medida de esta trascendencia. El directivo pidió incluso que el presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, convoque una reunión extraordinaria a la mayor brevedad para estudiar el tema “y si es posible, intentar construir una posición de consenso entre los empresarios alrededor del proyecto de ley en referencia”.

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En su comunicado recordó que desde la Constitución de 1991 ha regido la costumbre de que las centrales de trabajadores y los empresarios acuerdan el reajuste del salario mínimo en diciembre y en caso de no lograrlo, el gobierno lo fija por decreto. Aludió así a la inconveniencia de que ahora el Congreso pretenda fijarlo por decreto.

Algunos han interpretado la propuesta de Uribe como prueba de posibles grietas en el partido Centro Democrático. Eso no necesariamente es así: puede no tratarse de ‘fuego amigo’, sino más bien de una estrategia consciente de dejar esa controvertida iniciativa en cabeza del expresidente y no del presidente. Pero la opinión pública no la interpreta así. Con diferencias recientes entre los dos, en temas como la consulta anticorrupción y la elección del contralor, es difícil saber qué hay detrás de todo esto.