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| 1/16/2005 12:00:00 AM

Cartas cruzadas

Amenazado por la competencia desleal, el negocio postal necesita reformarse, empezando por el operador público, Adpostal, que lleva años acumulando crisis.

Cartas cruzadas, Sección Economía, edición 1185, Jan 16 2005 Mientras empresas privadas como Servientrega o Deprisa han invertido en nuevas tecnologías para rastrear los envíos, el rezago de Adpostal es enorme.
LOS CARTEROS COLOMBIANOS, como los buses, libran una verdadera guerra del centavo. Cerca de 880 empresas, legales y clandestinas, se disputan el envío de correspondencia, facturas , documentos bancarios y paquetes, un negocio que mueve unos 465.000 millones de pesos al año, según un reciente estudio de la firma Frontier Economics. Pese a que en los últimos 10 años el sector se ha modernizado, la falta de reglas claras y de una vigilancia adecuada se han convertido en un obstáculo. Por eso el mercado postal está en la mira del gobierno nacional, que actualmente impulsa en el Congreso un proyecto de ley para cambiar la regulación de esta actividad. La empresa más afectada por la desordenada competencia que reina en el sector es Adpostal, el operador público encargado de garantizar el servicio de correo, que debe llegar a los más remotos caseríos del país, así el negocio no sea rentable. Por eso recibe cerca de 6.000 millones de pesos al año de un fondo administrado por el Ministerio de Comunicaciones, que se nutre con los aportes que hacen compañías privadas de mensajería especializada como Servientrega o Envía. Además, el gobierno le transfiere a Adpostal casi 22.000 millones de pesos anuales. Todo esto no alcanza a cubrir sus costos, por lo que las pérdidas ascienden a más de 9.000 millones de pesos. Son varias las razones del crónico descalabro de Adpostal. En primer lugar, la competencia. En teoría, por ley, sólo esta compañía puede mover correo en Colombia. Sin embargo apenas maneja el 14 por ciento de los envíos del país, según el estudio de Frontier pues, en la práctica, compite con la mensajería especializada, un servicio que a diferencia del correo normal debe garantizar unos tiempos de entrega, expedir una guía y hacerla firmar por el destinatario. "Las empresas de servicios públicos hacen pasar la distribución de sus facturas como mensajería, cuando en realidad es correo", dice Luz Estela Páez, gerente de Adpostal. De cualquier forma, la empresa estatal está rezagada frente a los privados en eficiencia y tarifas. El porcentaje de envíos que se pierden en Adpostal -por robos o porque los carteros simplemente no los entregan- es muy superior al de sus competidores. Sólo desde el año pasado esta compañía comenzó a invertir recursos en tecnología, 5.000 millones de pesos, cuando, por ejemplo, Servientrega ha destinado 60.000 millones en los últimos cuatro años para modernizarse. Esto, además de los permanentes cambios en la dirección de Adpostal, que entre 1998 y 2002 tuvo un gerente nuevo, en promedio, cada 3 meses. Por si fuera poco, el operador público de correo debe soportar un enorme pasivo pensional -calculado en 550.000 millones de pesos- y unas prestaciones laborales extralegales que cuestan alrededor de 9.000 millones de pesos, según cifras del Ministerio de Comunicaciones. Con esas cargas le resulta imposible ofrecer tarifas competitivas, más aún cuando, en el negocio de correo masivo, muchas empresas privadas trabajan a pérdida o deben enfrentarse a compañías 'de garaje' que operan sin licencia, no hacen aportes al fondo que subsidia a Adpostal y contratan carteros sin pagarles ni siquiera el salario mínimo. La mitad de los envíos en Colombia son hechos por este tipo de empresas informales, que llegan a ofrecer tarifas para grandes volúmenes de hasta 70 pesos por documento, cuando, por ejemplo, Adpostal cobra 250 pesos y el promedio del sector está en 200 pesos. Mientras esto ocurre, no hay en el país ninguna entidad que realmente controle ni las tarifas ni la calidad en el servicio. Por eso es urgente reformar el sector postal y garantizar que Adpostal sobreviva, pues, como están hoy las cosas, es inviable. El proyecto de ley busca asegurarle recursos al operador público, establecer estándares de calidad para las empresas e imponer sanciones cuando no los cumplan. Es la única forma de lograr que el correo en Colombia llegue a tiempo y los carteros no se quiebren en el camino.

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