Cerco a los piratas

EL MIERCOLES 19 DE FEBREro de 1992, a las 8:00 de la mañana, un abogado de la Asociaeión Nacional de Industriales de Software, Indusoft, un juez de la República y dos peritos llegaron a las oficinas principales del Banco Central Hipotecario, sobre el parque Santander, en la capital de la República."Venimos -dijeron- a inspeccionar los computadores".
Pese a que habían sido debidamente notificados, en el Banco no estaban preparados, no sabían quiénes eran los visitantes, ni entendían a qué iban. Pero tuvieron que dejarlos entrar. Y después de las explicaciones de rigor, comenzó un proceso que habría de durar hasta el 18 de junio, día en el cual los peritos entregaron su dictamen: el banco estaba utilizando software ilegal.
Las partes interesadas decidieron no obstante, solicitar una ampliación del peritazgo. Y se inició otra visita, que concluyó el 25 de noviembre, con el mismo resultado. Por eso, y después de analizar la situación, se decidió presentar una demanda civil contra el Banco, a nombre de las compañías afectadas: Lotus Development Corporation, Microsoft Corporation y Wordstar International.
La demanda fue presentada el 25 de enero ante el juzgado 26 Civil del Circuito. Pero sólo después de ser aceptada, Indusoft y la Business Software Alliance -una entidad que agrupa a las principales empresas productoras de software de lo Estados Unidos- la dieron a conocer públicamente. Era la primera vez en Colombia que se presentaba una demanda por la copia y utilización ilegal de programas de computador.
El anuncio, realizado el primero de marzo, tuvo un amplio despliegue en los medios de comunicación. Y sólo entonces los colombianos se enteraron no sólo de la existencia de Indusoft -entidad que había sido creada en 1987 por un grupo de industriales interesados en profesionalizar el desarrollo y la venta de software en el país- sino de los riesgos que tenía el utilizar programas de computador copiados de una manera ilegal.
En ese momento, y casi todos de buena fe, la gran mayoría de los usuarios de computador en Colombia estaban en la misma situación del BCH. En Colombia, como en muchas otras partes del mundo, muy pocas empresas y personas acostumbraban a comprar el software. Y eso había conducido a una situación en la cual, por cada programa original, se habían producido, por lo menos, cuatro copias "piratas".
Al principio, las empresas productoras no reaccionaron ante el problema. Pero cuando las pérdidas estimadas en el país superaron los 10.000 millones de pesos al año, decidieron que había que hacer algo para controlar la piratería. Y dado que la ley colombiana les daba instrumentos para proteger sus derechos -insuficientes en principio, según ellos, pero mejores desde la expedición de la Ley 44 de 1993 sobre derechos de autor-, optaron por utilizarlos.
Emprendieron, entonces, una Campaña Antipiratería basada en tres pilares: la información sobre los efectos que a nivel jurídico conlleva el uso de software ilegal, las visitas a empresas en las que se descubran indicios por vía directa o por denuncia de terceros de utilización de software pirata, y la educación de los usuarios sobre los beneficios resultantes de legalizar los programas utilizados en sus computadores.
En ese contexto, la demanda contra el BCH se convirtió, de acuerdo con uno de los abogados de Indusoft, "en un llamado de alerta para las empresas que mantienen programas piratas". Pero con todo y su importancia, dicha demanda -que probablemente termine,como ha sucedido en otros casos, con un acuerdo amigable entre las partes que incluya el pago de multas y la legalización del software- no es más que un episodio de toda la campaña.
Como lo fue también la detención, el pasado 18 de junio, de dos ingenieros de sistemas, por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuando ofrecían en venta programas copiados ilegalmente en la empresa para la cual trabajaban. O la detención, el 30 de julio, de un hombre que intentó vender un conocido programa a un grupo de personas que incluía un investigador de la Fiscalía y un abogado de la empresa fabricante.
Lo cierto del caso es que ya existen ojos vigilantes y que el uso o la venta de software ilegal, que algún día fue la norma, se ha convertido en un problema en el país. "Los empresarios -según pregona Indusoft- son ahora conscientes de que además de las severas sanciones a las que están expuestos (cárcel y cuantiosas multas) corren también riesgos como el deterioro de la imagen de la empresa y el resquebrajamiento de la moral corporativa". Y la campaña apenas está empezando.