Cirugía mayor

El viernes pasado el presidente Alvaro Uribe arrancó formalmente un nuevo revolcón, quizás aún mayor que el que ensayó hace una década César Gaviria. Con la firma de los decretos que fusionan en forma definitiva tres pares de ministerios empezó la reestructuración del Estado. Pero esta fusión es apenas una medida emblemática de la cirugía que planea hacerle el gobierno al sector público. Mucho más importante que los ministerios suprimidos será la avalancha de decretos que se expedirán para reformar buena parte de las 302 entidades que conforman el poder Ejecutivo. Se trata, en pocas palabras, de desarmar el enredado rompecabezas de la administración pública y volverlo a armar de cero, ficha por ficha, entidad por entidad.

Los primeros pasos en este sentido empezaron a darse desde el 7 de agosto. A partir de ese día, y hasta el pasado 10 de enero, se habían suprimido 8.939 cargos que estaban vacantes en diferentes entidades del Estado. De estos, la mayoría (7.449) corresponden al Instituto de Seguros Sociales (ISS). Aun después de este recorte quedan en el Estado unos 5.136 cargos vacantes, muchos de los cuales seguramente van a suprimirse en un futuro próximo.

Sólo para tener una idea del impacto que puede tener esta poda burocrática habría que citar algunos logros ya alcanzados. Con la supresión de 25 misiones diplomáticas en el exterior se eliminaron 73 cargos que costaban 11.600 millones de pesos al año. Así mismo, se cerraron cuatro oficinas comerciales y una vicepresidencia de Proexport, generando ahorros por 2.100 millones de pesos anuales.

Pero el grueso del recorte todavía está por hacer. Con la reestructuración saldrán, aproximadamente, unos 40.000 empleados de la administración pública en el cuatrienio. De estos, 30.000 se jubilarán y no serán reemplazados y se estima que cerca de 10.000 serán despedidos. Los 40.000 puestos que van a suprimirse representan una reducción de 26 por ciento en los cerca de 157.000 cargos que hay en las diferentes entidades del gobierno nacional (sin contar grupos que no estarán cobijados por la reestructuración, como la rama judicial, los maestros, que son más de 300.000, y los militares y policías, que suman un número similar). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) calcula que con la supresión de cargos se generará un ahorro de medio punto del PIB a partir de 2005. Son 1,1 billones de pesos al año, que equivalen, más o menos, a la mitad de lo que recaudará anualmente la última reforma tributaria.

Las cerca de 10.000 personas que se quedarán sin trabajo representan 0,3 por ciento de los más de tres millones de desempleados que hay en el país. La semana pasada el presidente Uribe se anticipó a responder las críticas de quienes ven una contradicción entre los despidos y la política de empleo. En el foro 'Crisis fiscal y política social', organizado por SEMANA y la Fundación Restrepo Barco, explicó que, de no haber planteado el recorte se habría tenido que hacer una reforma tributaria mucho más fuerte de la que se aprobó. "Tenemos la distorsión cultural de creer que el burocratismo es lo que genera empleo", dijo además el mandatario, para concluir que más bien hay que reducir la burocracia precisamente para abrirle espacio a la inversión pública y al trabajo verdaderamente productivo.

No todo por la plata

El recorte burocrático contribuye a sanear las finanzas públicas pero esta no es la única razón por la que el gobierno lo está haciendo.

"El Estado colombiano, tal como está diseñado, no sirve para garantizar la seguridad, ni para promover el crecimiento económico y redistribuir equitativamente sus frutos. Hay ineficiencia, desorden, dispersión de esfuerzos y también ha habido corrupción", afirma Santiago Montenegro, director del DNP. "La prueba de que no produce resultados es que en los 90 se incrementó en forma importante el gasto social, sin que esto se reflejara en mayor cobertura de los servicios prestados a la población", añadió. Si el propio gobierno hace este diagnóstico no es difícil adivinar que los cambios que se vienen son muchos.

El primer paso ha sido revisar con lupa la lista de las entidades oficiales y las tareas que cumple cada una. Es una tarea que no ha concluido pero ya arroja los primeros resultados. En Bogotá, por ejemplo, hay una seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) que hace lo mismo que el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito (Dabs). Lo que se propone el gobierno, entonces, es eliminar la seccional del Icbf y trasladarle sus funciones -y su presupuesto- al Dabs. También había programas adscritos a la Presidencia de la República que duplicaban los esfuerzos de otros ministerios. Por esta razón se decidió trasladar el programa Rumbos al Ministerio de Protección Social -el nuevo nombre de la fusión de los ministerios de Salud y Trabajo-. También se trasladó Hazpaz al Icbf y Jóvenes en Acción al Sena.

Los casos de duplicidad de funciones entre las entidades estatales abundan y la reforma busca corregirlos. Más allá de esto la reestructuración del Estado pasa por cosas que le parecerían elementales a un gerente del sector privado pero que, increíblemente, no se habían hecho antes en las entidades oficiales.

Hoy en día, por ejemplo, la Ministra de Educación no tiene la lista exacta y actualizada de todos los maestros del país. El director del ISS no sabe con exactitud cuántos beneficarios tiene y el director del Sena no puede decir con certeza cuántas personas capacitó el año pasado, en qué y dónde. Estos son sólo tres casos de un problema generalizado en el sector público colombiano.

¿Por qué ocurre esto? Puede que haya computadores pero no hay sistemas integrados y la información está dispersa y refundida en las entidades oficiales. Por eso uno de los objetivos centrales de la reforma es dotar a los funcionarios públicos de la más elemental herramienta de gestión, que es la información. "Entre las metas concretas que nos hemos fijado está publicar trimestralmente las cuentas financieras completas de todas las entidades del Estado, mantener actualizada una lista de todos los empleados públicos con su cédula y montar una plataforma de sistemas para hacerle seguimiento económico y físico, en tiempo real, a cada uno de los proyectos de inversión pública", dice Montenegro.

La reestructuración del Estado contempla varias otras medidas, que son de sentido común pero nunca se habían aplicado. Por ejemplo, conformar un equipo de juristas del más alto nivel para fortalecer la defensa del Estado en los múltiples pleitos que enfrenta. O hacer un inventario de los centenares de edificios y lotes de propiedad oficial para vender los que no se necesitan y usar los restantes. Hace poco se conoció el caso del Ideam, que pagaba 37.000 millones de pesos anuales de arriendo en un edificio donde los otros inquilinos pagaban 22.000 millones por un espacio igual. La presidencia del ISS, que estaba ubicada en Bogotá en la carrera 15 con calle 103, se trasladará a otra sede del Instituto, ahorrándose 3.500 millones de pesos al año. Otro caso es el de Ecopetrol, que ocupa un espacio de 40.000 metros cuadrados en su sede central. Después de estudiarlo se dieron cuenta de que podían funcionar perfectamente en la mitad de ese espacio.

El recorte en la nómina oficial estará, entonces, acompañado de reformas que el gobierno llama "transversales", porque son comunes a todas las entidades del Estado. Los frentes de trabajo incluyen los sistemas de información, la defensa jurídica en los pleitos, las normas de contratación, la gestión de los bienes físicos y la implantación de un nuevo esquema presupuestal para asignarles la plata a las entidades en función de sus resultados y no de sus gastos históricos, como se hace ahora. El DNP calcula que con estas reformas 'transversales' se podría ahorrar cada año otro medio punto del PIB, adicional al que producirá el recorte de la nómina. Esta cifra podría resultar incluso conservadora si se tiene en cuenta la cantidad de arriendos absurdos que paga el Estado, los pleitos igualmente absurdos que pierde y la cantidad de plata que derrocha por no tener unas herramientas de gestión medianamente modernas.

Claro está que para volver realidad esta eficiencia fabulosa el gobierno de Uribe tiene un enorme desafío. Ya otros han intentado reformas en el mismo sentido con resultados tan sólo parciales. La falta de continuidad, el clientelismo y el tráfico de influencias están entre los principales enemigos de los que se va a tener que cuidar el gobierno para que esta vez haya mejores resultados.