Carteles de precios: consumidores contraatacan

Los carteles están saliendo del clóset. O los están sacando, mejor, porque la revelación de prácticas empresariales prohibidas no es una decisión de las compañías, sino de las entidades de vigilancia. Pero si algún hilo conductor tiene este destape en varios continentes, es la indignación que genera entre la ciudadanía. Al fin y al cabo, las alianzas constituidas para aumentar precios –y los ingresos de los productores– perjudican a los consumidores y asfixian a pequeñas y medianas empresas.

Desde hace varios años las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia pusieron en la picota pública a compañías nacionales y extranjeras, muchas de ellas de gran tradición y reputación en el país que, al parecer, se habrían cartelizado (ponerse de acuerdo para eliminar la competencia y manipular la oferta para hacer subir los precios). Las denuncias que mayor rechazo han despertado son los presuntos carteles de pañales, papel higiénico y cuadernos por ser productos de consumo masivo, que afectan más a las personas de menores recursos. A ellos se suma una investigación a la industria arrocera por influir en la fijación de precios.

También están en la mira otras investigaciones, entre ellas las del azúcar, en las que están implicados 12 ingenios; las del cemento, en el que están Argos, Cémex y Holcim; las subastas ganaderas y las empresas de vigilancia. La SIC advirtió que dará a conocer en los próximos meses otros presuntos carteles y alista un proyecto de ley para incrementar drásticamente las multas. Las ligas de consumidores tampoco están quietas e interpusieron acciones de grupo para lograr indemnizaciones y el Congreso alista debates sobre el tema.

Pero ahora, lo que muchos se preguntan es si Colombia es más proclive que otros países a la proliferación de carteles privados. Hay quienes, como el superintendente Pablo Felipe Robledo, rechazan esta apreciación y dicen que los comerciantes y empresarios colombianos son, por regla general, cumplidores de la ley. Pero algunos empresarios como Rafael Mejía –presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)– reconocen que la cartelización se facilita en el agro porque las cadenas productivas están mal diseñadas. Hay muchos productores (campesinos) que no definen los precios y que deben someterse a lo que les paguen los compradores, que son pocos y poderosos. Eso ocurre en la comercialización de leche o arroz.

Lo cierto es que la cartelización es un fenómeno mundial que se castiga con rigor en los países desarrollados, y que lleva décadas: los primeros carteles privados datan de comienzos del siglo pasado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea han dado golpes contundentes en los últimos meses. Francia, por ejemplo, impuso en las últimas semanas multas cercanas a 1.200 millones de euros a los carteles de cosméticos, productos de aseo y yogur.

Un informe de la revista The Economist señala que dos terceras partes de los carteles están en sectores en los que las cuatro principales industrias tienen el 75 por ciento o más del mercado. Su duración, en promedio, es de cinco años, pero algunos permanecen por décadas. Las formas más usadas para frenar la libre competencia son los acuerdos de precios, el abuso de la posición dominante y los pactos para disminuir la calidad de un producto.

Los dientes de la SIC

El debate sobre la cartelización en Colombia cobró mayor altura con la expedición de la Ley de Competencia, en 2009, que le dio dientes más fuertes a la SIC, al aumentarle el presupuesto y el personal. Pero lo más importante fue el incremento de las multas, que pasaron de 1.000 millones a 64.000 millones de pesos para las empresas involucradas, y de 100 millones a 1.200 millones de pesos para los directivos y representantes.

Pablo Márquez, quien fue delegado para la Competencia de la SIC, señala que durante la administración de José Miguel de la Calle como superintendente, la entidad impuso más de 20 multas por carteles y otras actuaciones contra la libre competencia, que al valor de hoy superarían el billón de pesos. Entre las más destacadas están las investigaciones a 15 empresas promotoras de salud (EPS) por posibles acuerdos de precios, al Grupo Nule por dos contratos de alimentación con el ICBF, y a empresas de Julio Gómez, entre otros.

Si bien las multas son más altas que en el pasado, la SIC alista un proyecto de ley que presentará en los próximos días al Congreso para aumentar la capacidad sancionatoria. Según el actual superintendente Pablo Felipe Robledo, la intención es traer a Colombia el modelo de los países más desarrollados que consiste en cobrar porcentajes sobre las utilidades, las ventas, los ingresos operacionales o el patrimonio. Lo que se busca es que las sanciones sean proporcionales al perjuicio que ocasionan y al tamaño de las empresas.

En las naciones europeas las multas equivalen al 10 por ciento de los ingresos operacionales de las compañías, un tema que la SIC está mirando con atención.

Sin duda, este proyecto despertará una gran polémica en un país donde hay sectores a los que no les gusta que les pisen callos. Pero la SIC cuenta con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que recomendó un sistema alternativo, en el que la entidad pueda imponer sanciones que equivalgan al 10 o 20 por ciento de los ingresos de las empresas, cuando la utilidad obtenida supere la máxima multa de 64.000 millones.

Y es que según el informe de The Economist, la proliferación de carteles se debe, en gran parte, a que las multas no son lo suficientemente disuasivas porque son mayores las ganancias que obtienen las empresas cartelizadas con estas prácticas. La revista cita un estudio sobre 75 carteles en el que se demostró que estos subieron los precios de los productos 20 por ciento. Esto es el doble de las multas que pagaron.

El ex superintendente De la Calle respalda el incremento en las multas porque cree que es la manera más adecuada para disuadir a los empresarios de hacer pactos de precios. “Si las multas son bajas, los empresarios correrán el riesgo de cartelizarse para obtener mayores ganancias”, afirma.

Ojo con los delatores

Pero si el tema de las multas es importante para desmantelar estos acuerdos privados, también lo es la política de delación, que se está convirtiendo en el verdadero talón de Aquiles de los infractores. Esta medida permite que las empresas que hacen parte de un cartel obtengan beneficios y queden exoneradas de multas, si denuncian a los otros integrantes del pacto. El beneficio no cobija a los que hayan propiciado su creación.

“La delación es el instrumento más efectivo que tienen las autoridades serias de protección a la libre competencia. Todos estos carteles que han sido sancionados recientemente en los países europeos tienen empresas delatoras”, dice Robledo. En los países desarrollados ha sido muy efectiva –50 naciones la tienen en marcha–. De hecho, los carteles de las salchichas, en Alemania o el bancario, que manipuló la tasa líbor, para mencionar solo algunos, fueron descubiertos gracias a los delatores. En Colombia, de los ocho presuntos carteles que investiga la SIC, cinco cuentan con delatores.

Sin embargo, la delación no ha estado exenta de cuestionamientos. El principal es que se favorezca a las grandes empresas, que ejercen una posición de dominio, en contra de las más pequeñas. “La política de delatores debe parecerse al principio de oportunidad, es decir, que hay que delatar a peces gordos”, dice un experto. Juana Barco, representante de Defendemos, la Liga de Consumidores de Bogotá, dice que sería gravísimo que las empresas pequeñas salgan afectadas y las grandes se vuelvan intocables.

Defendemos interpuso tres acciones de grupo (demanda por perjuicios) por 2,8 billones de pesos contra las empresas que hicieron parte de los carteles de los pañales, el papel higiénico y los cuadernos. Con las demandas se busca que las empresas puedan resarcir económicamente a los afectados durante los 14 años en los que operaron estos carteles. Ariel Armel, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, también trabaja en el tema.

A nivel mundial hay varios ejemplos de los resultados de estas acciones. En 2013 se terminaron de otorgar en España las últimas indemnizaciones por daños y perjuicios, que ascendieron a 5 millones de euros, en el caso del cartel del azúcar descubierto en la década de los noventa.

El debate por la cartelización está candente en Colombia porque muchos se preguntan si el principal compromiso de los empresarios, ahora que se habla de paz y reconciliación, no debería ser el respeto por los derechos de los consumidores colombianos. Y ese respeto parte por cobrar precios justos, que no resulten de pactos secretos.

Multas ejemplares

En los últimos meses las grandes compañías de Estados Unidos y Europa han sido sancionadas por acuerdos de precios. Estos son algunos de los carteles multados en países de la Unión Europea:

Cartel del yogur: La semana pasada la Autoridad de la Competencia de Francia sancionó con 192 millones de euros a Senagral, Novandie, Lactalis Nestlé, entre otras, por pactar precios y repartirse el mercado. Yoplait, que también participó del cartel no fue sancionada porque delató.

Cartel de la leche: El 3 marzo la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa por 88,5 millones de euros al cartel lácteo. Las sanciones cobijaron a nueve empresas y dos asociaciones por intercambiar información sobre precios y volúmenes de compra a ganaderos. Entre las sancionadas están Danone, Nestlé España, Central Lechera Asturiana y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, entre otras.

Cartel de la basura: En enero de este año la CNMC de España impuso una multa de 98,2 millones de euros a 39 contratistas públicos y tres asociaciones dedicadas a la recolección de basuras por repartirse los clientes de las licitaciones públicas entre los años 1999 y 2013. La sanción, que equivale al 3 por ciento de los beneficios obtenidos por las empresas en esos años, afectó a Ferrovial, FCC, Sacyr, entre otras.

Cartel de cosméticos y aseo: Las multinacionales L’Oreal, Unilever, Henkel, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive fueron algunas de las empresas sancionadas en diciembre de 2014 por la Autoridad Francesa de la Competencia, con 605,9 millones de euros por hacer pacto de precios en productos de aseo personal, cosmética y droguería. También fueron multadas otras ocho empresas, con 345 millones de euros, entre ellas Unilever, por ponerse de acuerdo en precios de productos de limpieza para el hogar.

Cartel bancario: La Unión Europea impuso en 2013 multas récord, más de 1.700 millones de euros, a cinco bancos y un corredor de bolsa por manipular la tasa interbancaria líbor. Los implicados fueron el Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, Société Genérale y RP Martin.

Cartel de las salchichas: Alemania desmontó en 2014 el cartel de fabricantes de salchichas, uno de los productos más consumidos en este país, que llevaba operando varias décadas. Cerca de 21 empresas acordaban los precios y el desarrollo del mercado. La sanción ascendió a 338 millones de euros.

Cartel de televisores: La Unión Europea impuso en 2012 la que era hasta el momento la multa más grande de su historia –1.470 millones de euros–, a los fabricantes de televisores Philips, LG, Panasonic, Toshiba, Samsung y Technicolor por fijar el precio de los tubos catódicos, que representaban entre el 50 y el 70 por ciento del valor de los antiguos televisores.