Contraloría alerta por retrasos en reparación a víctimas

Por medio de una auditoría, el ente de control determinó 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones, además encontró varios retrasos e incumplimientos en cuanto a las indemnizaciones administrativas. 

Así mismo, indicó que la cobertura del Programa de Reparación Colectiva es “pobre” y que no se le presta atención especial a la reparación de las comunidades étnicas que, en teoría, deberían estar recibiendo un tratamiento especial  y diferenciado.

La Contraloría también determinó ocho hallazgos con incidencia disciplinaria y de otros tipos. Uno de estos será trasladado a la Corte Constitucional.

Aunque en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones de indemnizaciones administrativas, la Contraloría indicó que no hay una ruta clara o procedimiento para acceder a este tipo de indemnización, por lo cual hay un represamiento de 1‘140.145 pagos que equivalen a 55%.

Esto significa que se estaría incumpliendo la orden judicial de la Corte Constitucional que indica que “el Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos”.

Adicionalmente, la Contraloría encontró que en el Programa de Reparación Colectiva, tan sólo 1% de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa.

También se encontraron retrasos en el plan de acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, donde se evidenció que tan solo se han cumplido 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas.

Finalmente, la Contraloría halló problemas en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, pues se determinó que los bienes administrados por dicho Fondo, “no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente”.