CRUDO EN VEREMOS

Para algunos, detrás de la tutela que concedió la Corte Constitucional en defensa de los indígenas U'wa sólo está el futuro de la Occidental en el promisorio bloque Samoré. Pero la verdad es otra. Lo que está en juego es el futuro petrolero del país en un tema que ha causado dolores de cabeza en más de una oportunidad: el tratamiento de las minorías étnicas a la hora de pensar en una obra de infraestructura.El problema no es simple. A pesar de que la Constitución y varias normas posteriores hablan de la necesidad de consultar a los indígenas y a las negritudes cuando las obras tocan sus territorios, como exigencia para obtener una licencia ambiental, a juicio de muchos no hay claridad sobre qué es exactamente consultar.En el caso de Samoré, la Oxy dice que realizó más de 30 reuniones con la comunidad, que fueron rechazadas como requisito, y por eso organizó otras más entre el 10 y el 11 de enero de 1995, que sí fueron avaladas por el gobierno, y por eso la compañía logró la licencia ambiental.No obstante, la opinión de la Defensoría del Pueblo fue otra. En su concepto, no hubo consulta, y por eso interpuso una acción de tutela en septiembre de 1995, la cual, tras muchos ires y venires en el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia y finalmente la Corte Constitucional, fue concedida.Según el ponente del proyecto en la Corte Constitucional, el magistrado Antonio Barrera, "el Ministerio del Medio Ambiente se precipitó a tomar una decisión, y avaló como consulta una reunión en Arauca en la cual, simplemente, se le informó a la comunidad sobre el proyecto". Por eso, ahora la Occidental tendrá 30 días para adelantar la consulta.Pero el lío para la compañía no se limita a la tutela. En agosto de 1995 la Defensoría interpuso una acción de nulidad contra la licencia ambiental. El proceso está en manos del Consejo de Estado, el cual debe pronunciarse esta semana.Así, todo el sector petrolero está pendiente de lo que va a ocurrir, pues si a eso se suma que el gobierno tiene listo un decreto para reglamentar el alcance del concepto de la consulta, lo único cierto es que todo está a punto de cambiar.Para muchos, el futuro está en cómo se va a definir la palabra consulta. Según Barrera, el fallo de la Corte buscará que las comunidades tengan un conocimiento pleno sobre los proyectos y los mecanismos, procedimientos y actividades que requerirán. Las compañías tendrán que contarle a las minorías cómo se verá afectada su coexistencia social, cultural, económica y política. Además, deberán oír sus inquietudes y pretensiones.Y en cuanto al decreto del gobierno, la idea es dejar en claro qué significa la palabra concertación, que está en el decreto 1397 de 1995, que reglamentó el tema de la consulta. Según el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, "en este momento no hay claridad sobre eso y no se sabe hasta dónde una de las partes puede frenar a la otra".Pese a la posición del gobierno y de la Corte, las petroleras consultadas por SEMANA consideran que aún hay mucha incertidumbre. Lo que no dudan es que las consultas no tendrán carácter obligante, pues en eso coincidirán el fallo de la Corte y el decreto gubernamental. Es decir, aunque la comunidad se oponga no podrá trancar las obras. Así las cosas la pregunta es: ¿quién resolverá las diferencias? Al fin y al cabo en casos como el de Samoré, en el cual la comunidad ha amenazado incluso con un suicidio colectivo, es poco probable que la Occidental logre un acuerdo. Al respecto, Villamizar afirma que en esos casos "la decisión estará en manos del Ministerio del Interior, y particularmente de la Dirección de Asuntos Indígenas; del de Minas y Energía y del de Medio Ambiente".Lo único que esperan las compañías es que todo quede claro. A fin y al cabo no es el primer caso en el que una petrolera tiene problemas por cuenta de las negociaciones con las comunidades. La española Repsol renunció al contrato Chocó Pacífico por las diferencias con las negritudes de la zona. Así mismo, la empresa norteamericana Amoco lleva más de 20 meses en los trámites para obtener la licencia ambiental que le permita adelantar sus trabajos en Caño Caranal.El caso más sonado, sin embargo, ha sido el de Samoré. Se trata de un contrato que está en manos de la Occidental desde 1992, en el cual se han invertido cerca de 12 millones de dólares. De los 275 kilómetros sobre los cuales la compañía ya debía haber adelantado las labores de sísmica, apenas se han realizado 175. No tanto por las trabas con los indígenas como por el hostigamiento de la guerrilla, esa ha sido una zona especialmente difícil para la multinacional.¿Por qué la Oxy insiste si tiene tantos problemas? La razón es una sola. Aunque nadie en la compañía se atreve a dar cifras sobre cuánto podría tener el bloque, se sabe que las expectativas son bastante buenas. Es muy posible que no alcance a estar en los niveles de Cusiana y Cupiagua, pero hay bastantes probabilidades de que sea un campo muy jugoso.Así, pues, puede que en Samoré ocurra lo mismo que en la telenovela Guajira. Después de tanto sufrir por cuenta de las negociaciones con los indígenas para el desarrollo del complejo carbonífero, al final los protagonistas fueron felices y comieron perdices.