Las implicaciones de la intervención de Cruz blanca

La Superintendencia de Salud y el Gobierno tomaron hace siete años, en agosto de 2012, el control del poderoso grupo Saludcoop, que dentro de su amplio portafolio de empresas también tenía a Café Salud y Cruz Blanca.

Esta semana, el organismo de control del sector salud decidió dar un paso más profundo y definitivo a los controles que mantenía sobre Cruz Blanca. Se trata de la única EPS que sobrevive del antiguo grupo solidario y el último de los grandes activos que le queda para responderle a sus acreedores y al propio Estado.

La Súper decidió remover a la actual gerente y designar como agente especial a Felipe Negret Mosquera, quien en unos meses decidirá si la empresa es viable y cómo salvarla. Algo probable, pues se sabe que hay varias empresas internacionales interesadas en quedarse con Cruz Blanca.

La decisión corresponde al objetivo de garantizar la atención y la salud de los cerca de 340.000 usuarios que aún mantiene esta EPS, quienes desde hace tiempo han visto el deterioro en el servicio y el aumento de los tiempos de espera. Además de ser la empresa con más tutelas, quejas y reclamos, los afiliados tienen que esperar casi diez días para recibir una cita médica, cuando el promedio del sistema toma tres. Muchos de ellos ni siquiera reciben los servicios de laboratorio, de oncología pediátrica, entre otros.

Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las EPS y prepagadas más importantes del país, dijo a SEMANA que lo más importante de la decisión es que se tomen las medidas para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes, con el fin de evitarles más traumatismos a los usuarios. Sin embargo, advirtió que “Cruz Blanca es el activo más importante dentro de la liquidación de Saludcoop, por lo que hay que preservarla para responderle a los acreedores”.

La intervención de esta EPS se suma a otras decisiones que la Superintendencia y el Gobierno han tomado para sanear el sistema de salud. Además de los más de 6 billones de pesos que el Estado le pagará a las EPS por los servicios que han prestado por fuera del Plan de Salud en los últimos años, el gobierno Duque viene acelerando las exigencias y la depuración de las EPS que operan en el país.

Fabio Aristizábal, superintendente del ramo, advirtió que de las 44 EPS que hay en el país, 19 están en medida de vigilancia especial, 4 en intervención forzosa para liquidar (Saludcoop, Manexka, Cafesalud y Comfacor) y una (Comfachocó) en programa de recuperación. Las otras 20 funcionan sin ningún tipo de medidas de la entidad.

Las EPS que más problemas tienen son las del régimen subsidiado, entre las que están Comfasucre, Comfamiliar Huila, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfacundi y Convida, así como Capital Salud, Savia Salud, Ambuq EPS-ESS, Comparta, Ecoopsos y Asmet Salud. Por el lado del régimen contributivo están Medimás, Coomeva, Salud Vida, Servicio Occidental de Salud y Cruz Blanca. La entidad advirtió que antes de finalizar este año, cerca de 1.400.000 colombianos serán trasladados a una nueva EPS, ya sea porque fueron liquidadas o porque se les restringió su operación en algunas regiones. De estos, 794.338 ya fueron trasladados a EPS que no tienen medida de vigilancia especial, como Sánitas, Sura, Nueva EPS, Famisanar o Coosalud.

Según el más reciente Informe de Seguimiento de Indicadores Financieros de las EPS, realizado por Supersalud, 28 de las 36 EPS del país no cuentan con el patrimonio necesario para funcionar y atender adecuadamente a sus usuarios. El déficit patrimonial alcanzó los 6,5 billones en diciembre de 2018.

Tras tantos años bajo el control del Estado, es necesario tomar una decisión definitiva, primero sobre Cruz Blanca, y después sobre las demás EPS que la Superintendencia tiene bajo la lupa. Así como el Gobierno decidió jugársela por sanear las cuentas de la salud al pagar más de 5 billones de pesos, es el momento de acelerar la depuración en las EPS, para que solo queden las más sólidas, serias y comprometidas con los colombianos.