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| 3/6/1995 12:00:00 AM

CUALQUIER AYUDA ES CARIÑO

La retención en la fuente a las compras con tarjeta de crédito es tan sólo el abrebocas de un año en el que, sin subir tarifas, los colombianos van a acabar pagando más impuestos.

CUALQUIER AYUDA ES CARIÑO CUALQUIER AYUDA ES CARIÑO
EL PALO NO ESTA PARA CUCHARAS. YA cuando muchos creían que por cuenta de la buena salud de la economía todo en esa materia se iba a ir en noticias gratas para los colombianos, el Ministerio de Hacienda se encargó de devolver al país a la realidad. El abrebocas de ese campanazo fue una información que se filtró a los medios la semana pasada, según la cual estaba listo un decreto que establecía una retención en la fuente de 3 por ciento sobre las compras que se hicieran con tarjeta de crédito.
El anuncio, que resultó ser cierto, trajo consigo todos los problemas de las noticias que se escapan por la puerta de atrás. La Dirección de Impuestos reaccionó de manera tardía y para el final de la semana lo que acabó entendiendo la opinión resultó tan sencillo como equivocado. La impresión generalizada fue la de que todo iba a subir el 3 por ciento por cuenta de un impuesto que los comerciantes pensaban transferirle a los consumidores.
Semejante reacción le sirvió al gobierno para entender que cuando se trata de impuestos no hay luna de miel que valga. Y eso es bien importante, sobre todo si se tiene en cuenta que lo sucedido la semana pasada fue apenas la entrada de un banquete cuyo plato princinal se está cocinando. Este tiene el nombre de proyecto de ley de racionalización tributaria y sus apartes están siendo discutidos en el Ministerio de Hacienda, que aspira a presentar la iniciativa ante el Congreso a comienzos de marzo. La meta general del gobierno es poder sacar adelante un conjunto de normas que no impliquen nuevos impuestos pero que sirvan para que los recaudos del Estado crezcan en unos 400.000 millones de pesos a partir del próximo año. Si eso se obtiene, se llegaría al tiempo a dos objetivos: respetar la promesa de Ernesto Samper en la campaña electoral, quien se comprometió a no crear nuevos impuestos; y mejorar la salud de las arcas del Estado frente a unos planes de gobierno que exigen cuantiosos recursos.
Todo eso se logra, al igual que en ciertos contratos comerciales, a punta de manejar la letra menuda, como lo demostró el episodio de la semana anterior. Estrictamente hablando, el establecimiento de la retención en la fuente para las ventas con tarjeta de crédito no constituye ningún impuesto nuevo sino tan sólo un anticipo. Simplemente se trata de que cada vez que haga una venta el comerciante deposite el 3 por ciento de la misma a nombre de la administración de impuestos. Estas retenciones le van a servir cuando presente su declaración de renta y pueda deducir esas sumas del impuesto que tenga que pagar sobre sus utilidades. Por lo menos en el plano teórico, al final de cuentas las retenciones pagadas se cruzan con los impuestos por pagar, con lo cual se demuestra que no se trata de ningún nuevo tributo.
En la práctica las cosas son un poco diferentes. Por una parte, el establecimiento de la retención adelanta el pago de los impuestos. Esa simple operación hace que a los comerciantes se les reduzca la liquidez y trae consigo el costo de financiación de esos recursos. Si bien ese 3 por ciento dividido entre miles de establecimientos no es una suma tan grande por comerciante, el total sí lo es. El Ministerio de Hacienda estima que va a anticipar sus ingresos, por cuenta de esa retención, en cerca de 120.000 millones de pesos al año, si se toma como base la facturación de las tarjetas de crédito durante 1994.
Pero el verdadero 'veneno' de la iniciativa radica en que este es un mecanismo más para detectar y evitar la evasión. "De tal manera que la única manera en la que un comerciante puede evitar declarar una venta es cuando le paguen de contado, algo cada vez menos común en este mundo en el que el llamado dinero plástico tiene una importancia creciente. En otras palabras, la decisión de la semana pasada es un golpe más al mundo de las dobles contabilidades.
Entre los técnicos ha quedado viva la discusión sobre el nivel del 3 por ciento, considerado como demasiado alto por algunos. La explicación sobre esto se basa en que el decreto se apoya en el llamado estatuto tributario, el cual abrió la puerta para la entrada de la figura, pero con ese número definido. Si se hubiese querido trabajar con un porcentaje inferior habría sido necesario presentar un proyecto de ley, algo que el gobierno consideraba como contraproducente en las actuales circunstancias.
Pero, más allá de la polémica, lo importante es que lo decidido marca la pauta de lo que viene. Y lo que viene no se puede considerar como nuevos impuestos. Es cierto que el principal propósito del proyecto de reforma es volver permanente el nivel del Impuesto al Valor Agregado -IVA- en el 14 por ciento, el cual debía volver al 12 por ciento en 1997, según lo aprobado hace tres años por el Congreso. De la misma manera se quiere volver permanente el aumento en la tasa del impuesto de renta, que está en 37.5 por ciento. Aunque actualmente se está discutiendo si esa proporción se disminuye a 35 por ciento, la rebaja no sería gratis. Dentro de los incisos del proyecto gubernamental se van a incluir todo tipo de disposiciones para disminuir la evasión y acabar con decenas de exenciones. Se trata, ante todo, de un esfuerzo para tapar un sinnúmero de huecos por donde se le escapan recursos considerables a la administración tributaria.
Ese esfuerzo le va a permitir a la administración alegar que no creó nuevos impuestos, pero al mismo tiempo va a poder recibir mayores ingresos. Esta suma estaría cercana a 400.000 millones de pesos adicionales en 1996 y a 1.7 billones en 1998. Dicho de otra manera, mientras que en 1994 los 6.7 billones de pesos que los colombianos pagaron en impuestos representaron el 12.5 por ciento del producto interno, se aspira a que para 1998, gracias a la nueva reforma y a mejoras en la administración de impuestos, esa proporción llegue a 14.8 por ciento.
De cumplirse tales propósitos se podrá resolver en parte una de las mayores incógnitas de la actual política económica: la financiación del plan de desarrollo. A pesar de que en los próximos días se debe confirmar el proposito del gobierno de reducir el presupuesto de este año de 17.5 a 17.2 billones de pesos, esa acción no despeja del todo un escenario en el cual las finanzas públicas del sector central han comenzado a mostrar un saldo en rojo francamente preocupante. Para 1995 se estima que el déficit debe superar los 2 billones de pesos, equivalente a más de un 3 por ciento del producto interno. Y lo que es peor, esta proporción podría llegar a 4.5 por ciento del producto para 1998.
En su defensa el gobierno alega que las cargas se van a ajustar por cuenta de diversas entidades descentralizadas -principalmente Ecopetrol y el Fondo Nacional del Café-, con lo cual el sector público consolidado mostraría un pequeño superávit hasta el final de este cuatrienio. Pero la verdad monda y lironda es que el desequilibrio en las cuentas del sector central no es bueno y requiere una acción, que debería pasar incluso por la revisión del tema de las transferencias de recursos que la Constitución de 1991 le garantizó a las regiones.
Todo eso, por supuesto, será posible en la medida en que el ambiente político lo permita. Las ampollas que levantó el decreto de la semana pasada demostraron una vez más que los colombianos detestan el tema de los impuestos y se creen estrangulados por el fisco, a pesar de que las cifras del Banco Mundial (ver gráfico) demuestran que el nivel de tributación en el país es uno de los más bajos del mundo frente a economías de tamaño similar o superior.
A su favor el gobierno tiene la carta de que la reforma que se viene va a ser muy compleja y su comprensión va a estar limitada a los especialistas, con la excepción del tema del IVA y la tarifa del impuesto a la renta, puntos que la opinión ya ve perdidos. De tal manera que cuando la discusión se centre en temas tan abstrusos como las posibilidades de deducir el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, lo más factible es que la opinión no tenga nada que decir. La definición de ese y otros puntos va a estar restringida al gobierno, a unos cuantos congresistas y a uno que otro experto en cabildeo. Pero, más allá de eso, lo que sí parece altamente probable es que la administración se salga con la suya. Ahora le queda demostrar que, sin aumentar las tarifas, es posible que los colombianos le entreguen más dinero a un sector público que todavía tiene que probar que es capaz de hacer algo útil con los recursos crecientes que recibe.

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