Colombia gasta US$4 millones en cada pleito internacional

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explicó que su entidad tiene un presupuesto flexible para cada litigio internacional al que deben enfrentarse. Sin embargo, y aunque ningún proceso tiene asegurada su resolución, prefieren no “escatimar esfuerzos” en lograr una buena negociación y defensa que le eviten al país el pago de laudos.

Por esta razón, del Presupuesto General de la Nación, que en una gran proporción se financia de los impuestos que paga cada colombiano, se destina una partida para el pago de los honorarios a abogados y demás gastos que implica la representación de Colombia ante los tribunales y arbitrajes internacionales.

Vélez anunció que este jueves entrará en operación formalmente la nueva Dirección Internacional de la Agencia, encargada de este tipo de casos, y para la cual fueron contratados 30 abogados expertos en derecho público internacional.

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Por ahora, la nueva dirección estará encargada únicamente de los procesos que tiene el país en cuanto a tratados de inversiones y después entrará al resto del sistema internacional de justicia.

Por el momento, el país enfrenta seis litigios en tratados de inversiones y comerciales con otros países.

El primero es la reclamación de Eco Oro Minerals por su derecho minero sobre un territorio ubicado en el Páramo de Santurbán, que según la delimitación del Instituto Humboldt y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, está ubicado en el área protegida. Por el momento, el Estado no ha logrado una conciliación.

El segundo caso es una disputa entre Glencore International y Prodeco , en el que solicitan una reparación de $60.000 millones por la modificación del régimen de regalías, que según las empresas les afectó en el pago de las mismas al Estado ya que las minas de La Jagua y Calenturitas se regían bajo el régimen de 1988.

El tercer litigio internacional que enfrenta el país es el sonado caso de Gas Natural contra el Estado por la intervención y orden de liquidación de Electricaribe. La española alega que Colombia aplicó una expropiación indirecta sobre la empresa pues no llevó a cabo una serie de acciones previas que finalmente llevaron a Electricaribe a la insolvencia.

Sin embargo, la empresa no realizó las inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes de distribución de energía, por lo que además de caer en insolvencia, permitió el deterioro de sus activos y expuso a toda la región Caribe a quedarse sin electricidad.

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En este caso, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado espera que para el cierre de diciembre esté conformado el tribunal arbitral que se pronunciará sobre el caso y mientras eso ocurre, el Gobierno mantiene el diálogo con Gas Natural y continúa el proceso de liquidación de la empresa en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Otros dos procesos son los que lleva Colombia contra América Móvil (Claro) y Telefónica por el laudo arbitral que en el país le dio la razón al Ministerio TIC y obligó a ambas empresas a pagar un total de $4,6 billones por la reversión de activos que se había acordado en un contrato de 1994. En el caso de América Móvil, la solicitud de un arbitraje internacional se realizó incluso antes de que se conociera la decisión de los árbitros locales.

Finalmente está un litigio cuya solicitud de reparación fue calificada como “injustificada y frívola” por el directo Vélez. La minera Tobie Mining le exige a Colombia el pago de US$16.000 millones como reparación por la pérdida de sus derechos teóricos sobre un título minero que tenían en el área protegida del Parque Nacional Apaporis.

Además, las canadienses Red Eagle y Garway recientemente enviaron notificaciones de solicitud de un arbitramento internacional por sus derechos sobre títulos mineros en el Páramo de Santurbán.

Sin embargo en estos casos hay una buena noticia para Colombia: la tendencia reciente de los arbitramentos internacionales está en reconocer la defensa del medio ambiente por encima de los derechos “vulnerados” de las empresas inversionistas que demandaron a los Estados, por lo que es posible que estos episodios se cierren con victorias para el país.

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