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CONTROVERSIA

Cerro Matoso contraataca

Directivos de la empresa argumentan que el fallo de la Corte Constitucional violó el derecho al debido proceso y que no está probada la relación directa decausa-efecto entre la operación de su mina y las enfermedades de la comunidad.

14 de abril de 2018

La mejor defensa es el ataque. Por eso, los directivos de la minera Cerro Matoso decidieron irse con todo su arsenal jurídico contra un fallo de la Corte Constitucional, que el mes pasado la condenó por contaminar y afectar la salud de poblaciones indígenas y afrodescendientes ubicadas en inmediaciones de su planta en el departamento de Córdoba.

La empresa interpuso un incidente de nulidad contra la sentencia de la corte con base en dos argumentos. Uno, que la alta corporación le vulneró el derecho al debido proceso, pues no tuvo en cuenta pruebas fundamentales que desvirtuarían una relación directa entre la operación minera y las enfermedades de las comunidades. Dos, que la corte desconoció un fallo de 1995 del mismo tribunal que indicaba expresamente las condiciones para ordenar una indemnización, y ninguna se cumplía en este caso.

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Con este contraataque judicial, la compañía busca que la Sala Plena de la Corte Constitucional revise y anule el fallo conocido el 22 de marzo, en el que condena a la empresa a pagar los daños provocados a unas 3.400 personas de comunidades étnicas –que piden 400 millones de dólares de indemnización–, a financiar un fondo especial de etnodesarrollo y a tramitar una nueva licencia ambiental para mitigar y evitar daños ambientales.

Para Ricardo Gaviria, presidente de la compañía, se trata “de un fallo peligroso para el país y para cualquier industria que quiera llegar”, pues abrió un antecedente nefasto: cualquier persona puede pedir una indemnización y lograrla con la sola presunción de riesgo. ¿Qué argumentos tiene la empresa para hacer estas afirmaciones?

La compañía asegura que la Sala Séptima de la corte le vulneró el derecho al debido proceso porque desconoció la totalidad del material probatorio allegado por la empresa. Menciona especialmente las conclusiones finales del informe de Medicina Legal, que advierten que no hay forma de probar que las enfermedades señaladas por la comunidad provinieran directamente de la operación de Cerro Matoso. Directivos de la empresa aseguran que este informe afirma que las enfermedades señaladas por los demandantes son similares a las que padecen otros habitantes del departamento.

Frente al desconocimiento de un fallo de 1995, manifiestan que este sentó un precedente sobre los casos específicos en los que una sentencia puede autorizar una indemnización, como probar una relación directa causa-efecto, que en este caso no se ha dado. En el caso de Cerro Matoso la corte estaría modificando su jurisprudencia, pues la sentencia se basó en una relación de causalidad probable.

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La decisión también le habría negado el derecho a la segunda instancia, dice Gaviria, pues se trataba de una revisión de unas tutelas interpuestas en 2013, que en las primeras instancias fallaron a favor de la compañía.

Para el presidente de Cerro Matoso la decisión de la Corte Constitucional resulta inexplicable porque la compañía lleva más de 35 años de operar sin ninguna sanción por temas ambientales. Citó estudios de salud laboral que indican que entre sus 2.600 trabajadores y extrabajadores solo se han presentado dos casos de dermatitis y un caso de epoc sin relación alguna con el tema laboral. “No hay ningún cáncer, como lo ha indicado nuestra ARL Colmena”, asegura.

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Frente al aspecto ambiental, rechazó los reparos de la Contraloría, que desde 2012 había hecho varios controles de advertencia sobre el deterioro ambiental de su operación y aseguró que en múltiples ocasiones han actualizado la licencia ambiental, la última vez en 2015 cuando hicieron inversiones en el sistema de limpieza de gases de la línea 1 y 2.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que estudiar el incidente de nulidad y se estima que en unos cuatro meses podría tomar una decisión final. Mientras tanto, el sector ha encendido alarmas porque, aseguran, este fallo pondría en riesgo la estabilidad jurídica y la inversión extranjera. Es cierto que ninguna inversión, por millonaria que sea, puede dejar de observar las leyes ambientales y de salud del país. Pero también lo es que solo quienes incumplan la ley deban temer la acción de la justicia.