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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propone que a partir de 2009 las transferencias a las regiones sigan estando desvinculadas de los ingresos corrientes de la Nación

Finanzas públicas

El ABC de las transferencias

El viernes de la semana pasada fue radicada la ponencia para modificar el sistema que rige los giros de dinero a las regiones. Se trata, de lejos, del proyecto económico más importante del gobierno. ¿En qué consiste?

7 de octubre de 2006

En el Congreso de la República, como en los reinados de belleza, siempre hay favoritos del público. Basta ver los 27 ponentes del proyecto de reforma tributaria que hay en este momento en el Legislativo, una cifra que no tiene precedentes en la historia del país. Son 16 ponentes en la Cámara y 11 en el Senado, y eso que sólo en noviembre comienza el debate. Ese proyecto también es uno de los favoritos de la opinión pública. Todos los días se escriben en los periódicos ríos de tinta sobre el impacto que va a tener la reforma tributaria en los asalariados, en la cultura, en la canasta familiar, en los impuestos de las empresas. Y no es para menos. Al fin y al cabo, se trata de un aspecto que toca el bolsillo de todos los colombianos.

Pero mientras medio país anda preocupado por la reforma tributaria, hay otro proyecto económico en curso que no es tan popular, pero sí más importante para las finanzas públicas. Se trata de un acto legislativo que busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Eso en castellano es una reforma al régimen de transferencias. De la suerte que corra en el Congreso dependen nada menos que la viabilidad de las finanzas públicas, la estabilidad de la economía y la forma como se distribuye la plata destinada a la educación y la salud en las regiones. Y más allá de esto, el curso que tome la descentralización administrativa, que después de 15 años ha traído muchos beneficios, pero también problemas que piden a gritos una solución.

Las transferencias son los recursos que el gobierno central gira a las entidades territoriales. En la Constitución de 1991 se estableció que la Nación les pasara una porción cada vez mayor de sus ingresos a los gobiernos regionales, para que éstos prestaran directamente servicios -como educación y salud- que hasta entonces estaban centralizados. La idea era que el gobierno nacional se redujera y gastara menos y, al mismo tiempo, consolidar la descentralización

Pero ocurrió todo lo contrario. El gobierno central incrementó su gasto propio al mismo tiempo que transfería más recursos a las regiones. Los mandatarios locales, por su parte, también gastaron mucho más de lo que recibían, sin que hubiera claridad sobre cuáles eran las responsabilidades administrativas y fiscales de cada uno de los actores: los alcaldes, los gobernadores y el gobierno central. Semejante caos tuvo como resultado final un gasto público desbordado y una cascada de reformas tributarias para financiarlo.

Y al igual que pasa cuando una familia gasta más de lo que gana, la Nación se quebró. Había entonces que darle una solución de fondo al problema. Por eso en 2001se hizo una reforma a las transferencias para sanear las arcas del Estado. Allí se estableció que por unos años las transferencias ya no crecerían al ritmo de los ingresos de la Nación, como lo establecía la Constitución, sino que aumentarían apenas un poco por encima de la inflación. De esa manera se ligó la destinación de recursos al índice de inflación más 2,5 puntos por año. Además de sanear el déficit fiscal, la modificación del régimen de transferencias pretendía que los municipios y departamentos se ajustaran el cinturón y así evitar el despilfarro.

Pero la fórmula sólo se fijó con carácter transitorio. Hasta el 31 de diciembre de 2008 aplica la pasada reforma. De ahí en adelante, se regresaría al antiguo mecanismo. Es decir que las transferencias sean una porción de los recaudos de impuestos nacionales. Y eso sería terrible. Si el gobierno central tiene que transferir a las regiones casi la mitad de sus ingresos -como lo ordena la Constitución del 91-, no hay reforma tributaria que alcance para tapar el hueco. Por cada peso adicional recaudado, sólo queda medio para sanear las arcas del Estado.

Ahora, entonces, hay que volver a hacer un ajuste. El gobierno, en el proyecto de acto legislativo que presentó al Congreso hace tres semanas, propone que a partir del año 2009 las transferencias sigan estando desvinculadas de los ingresos corrientes de la Nación. La idea del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es que se calculen como una suma fija que se ajustaría por inflación proyectada más 3,5 puntos entre 2009 y 2010, y 2 puntos en los años siguientes. Pero si la economía crece más del 4 por ciento y por ende la Nación recibe mayores impuestos, compartiría con los gobiernos regionales los recursos adicionales. El gobierno dice que con la fórmula propuesta le alcanza para lograr unas metas muy ambiciosas: cobertura universal en educación y en el régimen de salud para 2010, el 92 por ciento para acueductos y el 87 por ciento en alcantarillados.

Una reforma así, como es obvio, no la va a tener fácil en el Congreso. Los representantes de las regiones van a estar peleando para que se vuelva al esquema anterior. Pero si se vuelve a ese esquema, en el año 2009 las transferencias a las regiones crecerían en un 25 por ciento y la Nación deberá girar unos cinco billones de pesos adicionales. En plata blanca, eso significa que el déficit fiscal del gobierno se elevaría al 7,6 por ciento del Producto Interno Bruto.

Los ponentes de la propuesta oficial son los senadores Óscar Darío Pérez, Armando Benedetti y Ciro Ramírez, que deberán darse la pela en los ocho debates que requiere la iniciativa para ser aprobada, ya que es una reforma a la Constitución. Ya radicaron su ponencia. Ahora les resta dar uno de los debates más importantes de esta legislatura y de gran trascendencia en materia fiscal. Ojalá la discusión no se quede en el simple porcentaje en que deben crecer las transferencias, sino que incluya aspectos de más fondo como el tema del control del gasto para garantizar eficiencia y transparencia, y la revisión de las competencias y responsabilidades en cada región. Y también, ojalá, la destinación y la distribución de todos los recursos que reciben los departamentos y municipios, incluidas las regalías. La tarea es enorme y el tiempo apremia.