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EL COCO DE LOS FONDOS

Las Administadoras de Fondos de Pensiones temen que por facilitarle las cosas al Instuto de Seguros Sociales, el gobierno enloquezca alos empresarios y acabe con el negocio.

10 de junio de 1996


SI POR ALGO SE HAN CAracterizado las entidades que compiten por el ponqué pensional, es por estar dispuestas a pelear a brazo partido hasta por un cliente. Tanto las Administradoras de Fondos de Pensiones=AFP=como el Instituto de Seguros Sociales=ISS=han utilizado cualquier recurso para demostrarle al público que su plan de retiro es el mejor. Pero que estas entidades puedan cumplir con todas las bondades ofrecidas en sus sugestivas campañas no es tarea fácil. Para ello es crucial que sus negocios funcionen como relojitos, y en ello desempeña un papel definitivo que las reglas de juego no perjudiquen sus intereses.
Una vez el gobierno sancionó la Ley 100 de 1993, el Instituto de Seguros Sociales sintió que el Estado se había ido en contra de él y que le había montado una competencia salvaje. Hoy, dos años y medio después, son las administradoras privadas de pensiones las que dan la voz de alarma: aseguran que el decreto 326 que debe entrar en vigencia el próximo primero de julio va a acabar con ellas. La controvertida norma prevé los mecanismos que deben utilizar las empresas para hacer sus pagos por seguridad social. Para las AFP, el sistema es un verdadero desastre pues favorece al ISS y atenta contra sus intereses.
Hoy las cotizaciones previstas en la Ley 100 las hacen los patronos por autoliquidación: cada compañía debe hacer la relación de cuánto tiene que pagar por cada empleado y remite esa información a la entidad competente. El Instituto entró en colapso con esa modalidad, pues hasta diciembre de 1994 su sistema era completamente diferente: emitía recibos mensuales con base en la información que le era suministrada previamente por los empleadores.
Según el ISS, la consideración del gobierno para el nuevo cambio de la metodología fue simple: el ISS no logró ajustarse a la autoliquidación y como de esa institución depende más del 70 por ciento de la seguridad social del país, había que introducirle modificaciones. Con ese propósito comenzó a cocinarse el decreto 326, cuya versión inicial no sólo escandalizó a las administradoras de pensiones sino a las Entidades Promotoras de Salud=EPS=. Después del tire y afloje, las EPS quedaron tranquilas porque, como asegura el director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral=Ace- mi=, Oscar Emilio Guerra, "de 18 observaciones que le formulamos al borrador, se acogieron 16".
Sin embargo, las AFP dicen que salieron mal libradas pues el nuevo sistema es engorroso y terminará por perjudicarlas: "las empresas se cansarán de realizartodo el trámite y querrán que todos sus empleados se queden en el ISS", vaticinó el presidente de Porvenir, Pablo Alvir. Pero la lista de quejas de las administradoras sobre el 326 es más larga. Las entidades cuestionan enfáticamente el hecho que la reglamentación hace inminente el cambio de su software actual, lo que implica nuevos costos para las AFP.
Pero la mayor preocupación de las AFP es que temen que con este sistema la deuda del ISS con ellas se incremente. Esta data de 1994, cuando los aportes a las administradoras se hacían por autoliquidación y los pagos al ISS se realizaban por facturación. Como la institución oficial no tenía al día sus archivos, seguía cobrándoles a las empresas las cotizaciones de quienes se habían cambiado a una administradora privada. Los pagos se cruzaron y la deuda del ISS alcanzó los 30.000 millones de pesos =sólo para 1994=, de los cuales ya han sido cancelados más de 20.000 millones. Pero como el Instituto aún tiene un rezago en el procesamiento de la información, podría volverse a vivir una situación similar, lo que afectaría de forma importante las finanzas de los fondos. El presidente de la Asociación de Fondos =Asofondos=Jorge Humberto Botero, estimó que, "es imposible saber a cuánto podría llegar la deuda. Pero cualquier monto es representativo, si se tiene en cuenta que el éxito del sistema depen de en buena parte del pago oportuno y completo de los aportes ".
El dirigente gremial confía, sin embargo, que es posible llegar a un entendimiento con el gobierno y con el ISS, para modificar el decreto 326 antes de que éste entre en vigencia. También el vicepresidente financiero del Instituto, Javier Guzmán, aspira a que las partes puedan alcanzar un acuerdo: "nosotros creemos que el decreto es bueno, pero con él no queremos causar daño ni a los empleadores ni a las demás entidades. Queremos llegar a la mejor solución para todos, antes del primero de julio ".
A pesar de los buenos propósitos expresados por Asofondos y el ISS, hay quienes piensan que la cosa es bastante más compleja y que detrás del decreto hay gato encerrado. Porvenir considera que en los afanes por conseguir plata, el gobierno ha convertido al ISS en un excelente proveedor de recursos, por medio de la adquisición de papeles oficiales. Según esta teoría el Ejecutivo habría expedido el decreto 326 para mejorar su caja, aun a costa de los fondos de pensiones.
De todas maneras hay que esperar el resultado de las rondas de conversaciones entre las administradoras, el ISS y el gobierno. Porque no hay que olvidar que detrás de las administradoras de pensiones están los grandes grupos económicos, dispuestos a luchar a capa y espada para que no se les dañe un negocio que pintaba muy prometedor, como es el de las pensiones.
El decreto 326 prevé:
Los aportantes serán clasificados en grandes (más de 50 empleados), pequeños e independientes.
Los grandes aportantes declararán mensualmente las novedades que alteren la nómina inicial. Luego cancelarán sus cotizaciones con el comprobante de pago de aportes, generado por las diferentes entidades.
Los pequeños aportantes también presentarán su declaración de novedades de la nómina. Las cotizaciones deberán hacerse cada mes.
Los trabajadores independientes presentarán anualmente una declaración de ingresos, y harán sus pagos mensualmente.