El coletazo de Telecom

Hace dos meses, el gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley -que lleva mensaje de urgencia- con el que espera apagar un incendio que podría adquirir grandes proporciones y del que muy pocos se han enterado.

En este proyecto, el gobierno pide autorización para capitalizar a Colombia Telecomunicaciones -Coltel- (antigua Te-lecom), compañía de la que es socia, en un 52 por ciento, la multinacional española Telefónica y, en un 48 por ciento, la Nación.

El lío, que tiene al gobierno muy preocupado, radica en que Colombia Telecomunicaciones no está dando los resultados esperados, se ha endeudado altamente con los bancos y ya tiene dificultades para cumplir con compromisos adquiridos desde 2006. Específicamente, con el pago de unas cuotas que debe girarle a un fondo especial del cual se cubren las mesadas de los 17.900 pensionados de la vieja Telecom.

El asunto no es de poca monta. El gobierno es el responsable, en última instancia, de cumplir con estas pensiones, y según el cálculo actuarial, este pasivo asciende, nada más y nada menos, a 8 billones de pesos.

El tema es tan crítico que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dice que cuando recibió esta cartera, su antecesor le notificó que le entregaba dos 'chicharrones': desplazados y Telecom.

Para la salir del problema el gobierno propone fortalecer a Coltel -lo que incluye su capitalización y una posterior fusión con Movistar, que sería la empresa absorbida- para que pueda cumplir con el pasivo pensional.

Pero ¿cómo se llegó a esta situación, cuando se pensaba que los líos de Telecom eran cosa del pasado? La historia es la siguiente.

En el año 2002, Telecom enfrentaba la más profunda crisis de su historia. No tenía plata ni para pagar nómina y el margen de maniobra se había agotado.

Ante esta situación, en 2003 el presidente Uribe decidió liquidar Telecom y dar vida a la nueva Colombia Telecomunicaciones.

La naciente compañía debía pagar un arriendo anual por el uso de las antenas y todo el montaje que ya existía y que durante años usó Telecom. Para cubrir el pasivo pensional, que era una prioridad, se creó un patrimonio autónomo (PAP) con un capital de 1,2 billones de pesos y allí también se depositarían aportes anuales hasta el año 2022. Con esta fórmula, la empresa corrigió los problemas que traía y revirtió la tendencia a la pérdida que tuvo durante ocho años.

Pero a partir de 2004, Coltel empezó a experimentar los efectos de la realidad del sector. Para comenzar, recibió un gran golpe cuando se venció la exclusividad de la licencia de larga distancia que le dio privilegios frente a la competencia. Además, poco a poco, la telefonía fija comenzó a ser sustituida por la móvil, lo que implicó reducción de tráfico y una baja en los ingresos. Este fenómeno fue mucho más rápido en Colombia que en otro país de América Latina.

Ante esta circunstancia, en 2006 el gobierno buscó un socio estratégico que le permitiera a la empresa competir en este nuevo escenario. Así, se vinculó la multinacional Telefónica, que invirtió 670 millones de dólares para rescatar de la quiebra a la empresa estatal y que además se comprometió a pagar los aportes anuales por el concepto de arriendo (la cuota aumenta cada año en el IPC más 4 por ciento), lo que hasta ahora ha ayudado a costear el pago de las pensiones.

Durante estos años, la empresa hizo inversiones en redes por 2,8 billones de pesos y pagó al PAP una suma similar por el arrendamiento que le correspondía. Las cosas andaban bien y se pensó que jamás se iban a atrasar los pagos. Pero no ocurrió así. El negocio de la telefonía fija empezó a perder protagonismo debido a la penetración de la telefonía celular y la reducción de tarifas.

Coltel ha tenido dificultades en su flujo de caja a tal punto que se ha endeudado con la banca en 1,4 billones de pesos y se ha colgado en las anualidades.

Desde 2009, la empresa da pérdidas. En el bimestre noviembre-diciembre de 2010, no hizo el pago puntual de la cuota anual que debe girar por el arriendo de la infraestructura que era de Telecom, sino que apenas lo hizo empezando este año. Está colgado en todo 2011, y ante los cobros que le ha hecho Fiduagraria, que administra el PAP, se ha dedicado a pedir prórrogas. La empresa propuso pagar el primero de agosto los 355.000 millones de pesos que debe por todo lo acumulado de este año y solicitó el reajuste de los intereses de mora. Se cumplió la fecha y no ha podido pagar.  

El viceministro de Hacienda, Bruce MacMaster, señala que ante esta situación solo hay dos salidas. Una sería liquidar a Coltel y que el gobierno se eche encima el pago del pasivo pensional, lo cual tendría efectos fiscales muy graves, y que además, como socio, responda proporcionalmente por la deuda con los bancos. Por otro lado, se crearía el problema de prestarles el servicio a 1.600.000 usuarios en más de 900 municipios. "Yo creo que sería la quiebra más grande de la historia empresarial de Colombia", dice MacMaster.

La otra opción -la que se le está proponiendo al Congreso- es capitalizar por la vía de la deuda a Coltel, para que, fortalecida, pueda cumplir con sus compromisos. La idea es que los dos socios -Telefónica y la Nación- asuman proporcionalmente el pago de la deuda y las cuotas anuales, tal como se estipuló en el pasado. El gobierno considera que hay que maximizar el valor de este activo y para ello sería conveniente fusionar la compañía con otro operador móvil. Alfonso Gómez, presidente de Colombia Telecomunicaciones y representante de la española Telefónica, cree que las condiciones del mercado han cambiado y lo lógico es ofrecer un paquete de telefonía fija, móvil, internet banda ancha, televisión, y eso significa hacer una fusión con otro operador, que en este caso sería Movistar.

El gobierno es socio minoritario en Coltel y requiere autorización del Congreso para emprender estas dos operaciones. El viceministro de Hacienda advierte que el compromiso antes de cualquier operación es que este año Coltel pague lo que debe al PAP.

Según MacMaster, con ese dinero y el saldo que tiene el fondo -actualmente de 1,2 billones de pesos-, el gobierno no tendrá que meterse la mano al bolsillo sino desde 2018. Pero si la nueva empresa fusiona, como esperan, y tiene buenos resultados, podría incluso garantizarse que con las utilidades se pague la cuota (arriendo) que le corresponde.

No se sabe con qué participación quedaría la Nación en la nueva compañía, porque esto sería el resultado de un proceso de valoración que determinará un Conpes.

Hay quienes encuentran contradictoria esta fórmula, porque este gobierno ha sido partidario de que el Estado no esté en negocios de los privados y ahora propone quedarse de socio de una multinacional. MacMaster dice que el gobierno se mantiene firme en su idea de salir de este sector y que el tiempo dirá cuándo es prudente vender su parte de la nueva empresa. Después de echarle cabeza a este lío, el gobierno cree que esta fórmula es la mejor opción. Lo cierto es que en menos de seis años esta es la segunda apuesta por solucionar los problemas que dejó la vieja Telecom, un rollo que por ahora parece de nunca acabar.