El drama del gas NO ES

La semana pasada, el Ministerio de Minas anunció un paquete de medidas para hacerle frente al problema que está ocasionando el fenómeno de El Niño en el sector eléctrico. Básicamente, hay que atender con urgencia tres situaciones: el lío financiero que sufren algunas térmicas, lo que ha debilitado su capacidad de atender la mayor demanda de energía; el riesgo de un racionamiento eléctrico ante la disminución del agua de los embalses y la preocupación por un aumento en las tarifas a los consumidores.

Resolver estos tres líos no es nada fácil. Como se ha dicho, es buscar la cuadratura del círculo, pues hay que evitar que se quiebren las térmicas, sin afectar a los consumidores y al mismo tiempo disipar los temores de un apagón.

Pues bien, el gobierno encontró una fórmula en la que, según dijo el ministro de Minas, Tomás González, todos tendrán que poner algo para manejar la difícil coyuntura. Esto incluye a las generadoras térmicas, al gobierno y, por supuesto, a los consumidores. De entrada se sabía que cualquier solución sería polémica, dada las implicaciones para todos los integrantes de la cadena.

A los consumidores, por ejemplo, les quedó la sensación de que serán los mayores ‘paganinis,’ pues verán un incremento en las tarifas y tendrán que ahorrar agua y luz, si no quieren exponerse a sanciones económicas.

Muchos usuarios no entienden por qué deben meterse la mano al bolsillo para salvar a las térmicas, que a decir de algunos analistas son ineficientes. El aumento en las tarifas ­–que se prolongará por 36 meses– será entre 6 y 7 pesos por kilovatio hora para todos los hogares. Esto significa que a partir de diciembre, las familias verán en su factura un incremento que irá entre 439 pesos en el estrato uno, hasta llegar a 3.000 pesos para el seis.

Además de pagar más, también tendrán que ahorrar, justo cuando comienza la temporada navideña, cuando el comercio, las empresas y los hogares demandan más energía.

La idea es que este aumento de tarifas, más el mayor subsidio que tendrá que aportar el gobierno, lo que suma 1,1 billones de pesos, sirva para mitigar parte de las pérdidas en las que están incurriendo las térmicas que trabajan con combustibles líquidos. Se calcula que estas plantas perderían cerca de 3,3 billones de pesos en los próximos seis meses, dada la diferencia entre el costo del combustible y el precio al que deben vender la energía. Es decir, aportarán los 2,2 billones de pesos que tendrán que cubrir de su bolsillo.

Pero más allá de poder apagar este incendio coyuntural, la verdad es que quedan muchos interrogantes sobre el futuro energético del país.

Algunos expertos dicen que el problema real está en la menor disponibilidad de gas en Colombia. De los 1.100 millones de pies cúbicos por día (Mpcd) de gas producidos en el país, las empresas y las térmicas demandan cerca de la mitad y el resto abastece más de 7 millones de hogares y alrededor de 500.000 vehículos.

Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, el gremio que reúne a los generadores de energía, dice que “si el país tuviera suficiente gas no estaríamos hablando de aumento de tarifas ni de una coyuntura como la actual”. De las 37 térmoeléctricas que operan en el país, una tercera parte trabaja con gas. Pero como está escaso tienen que utilizar combustibles líquidos como el diésel, que es más costoso.

Para muchos es una sorpresa que el gas escasee, pues siempre se ha dicho que Colombia tiene reservas suficientes para ocho años. Es decir, no debería haber restricciones en la oferta, como sucede hoy. Eduardo Pizano, presidente de Naturgas, gremio que agrupa a 26 generadoras y distribuidoras de este combustible, afirma que una de las causas es que Chuchupa y Ballena, los grandes campos de La Guajira, que abastecían gran parte de la demanda nacional han declinado en su producción.

En efecto, mientras llegaron a producir 685 millones de pies cúbicos por día (Mpcd), hoy apenas alcanzan 450 millones. Precisamente, Chuchupa y Ballena, descubiertos en la década de los setenta, fueron los responsables del desarrollo de la industria gasífera en Colombia.

Las otras grandes reservas de gas están en Cusiana y Cupiagua, en los Llanos Orientales. Sin embargo, debido a que no se ha terminado de ampliar la red de gasoductos, una parte de ese combustible no se puede llevar a otras zonas porque la capacidad de los tubos está copada. Ecopetrol, por ejemplo, tiene disponibles 65 millones de pies cúbicos de gas para suministrar al mercado pero no puede transportarlo desde el campo de Cupiagua hacia la costa Atlántica porque el gasoducto La Belleza-Vasconia se quedó pequeño.

En el paquete de medidas que el gobierno anunció la semana pasada, además del alza en las tarifas, están decisiones para incentivar la oferta de gas y aumentar las importaciones del combustible para garantizar el adecuado abastecimiento. Espera que a partir de diciembre entre a operar la ampliación del gasoducto Cartagena-Sincelejo, de Promigás, que tendrá una longitud de 190 kilómetros e incorporará la producción de los campos de Hocol y Canacol, en Sucre, para suplir la menor oferta de Ballena y Chuchupa.

Y para enero del año entrante se espera tener en marcha el acuerdo con Venezuela por medio del cual la petrolera Pdvsa se comprometió a entregarle a Colombia 40 millones de pies cúbicos de gas por día. Sin embargo, este tema no está muy claro pues se requiere que el vecino país termine de adecuar su infraestructura para transportar dicho combustible por el gasoducto binacional. Ahora bien, depender del apoyo de Venezuela no genera gran confianza en el sector, dado los problemas políticos que se suelen presentar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

También está pendiente la planta de regasificación de la costa Atlántica, que permitirá importar gas licuado. Pero este proyecto está más demorado ya que su entrada en operación está prevista para finales de 2016. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la planta adicionará al mercado 400 millones de pies cúbicos por día, vitales para lograr el pleno abastecimiento de gas natural en el país. De no entrar en operación en el tiempo previsto “el país se vería enfrentado a serios problemas en la atención de la demanda”, dice la Upme.

Adicionalmente, este año la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo de Energía de Bogotá, anunció su plan de expansión en el país con inversiones cercanas a los 460 millones de dólares. Entre ellos está ampliar el gasoducto Cusiana-Vasconia, para aumentar entre 100 y 150 millones de pies cúbicos por día la capacidad de transporte desde los Llanos Orientales al Magdalena Medio. También el gasoducto Mariquita-Gualanday para llevar el gas del Magdalena Medio a los departamentos del Tolima y Huila y el gasoducto Ballena-Barrancabermeja. El problema es que estos proyectos están previstos para dos y tres años.

En síntesis, la situación financiera de las plantas térmicas a combustible líquido dejó al descubierto los tropiezos del suministro de gas en Colombia. Este tema le añade mayor tensión al sector energético, que ha tenido que afrontar un desplome en los precios del petróleo y el carbón, los otros dos grandes combustibles usados en el país. Lo que pasa con el gas es un llamado de alerta para incentivar la exploración y explotación de estos productos básicos para que Colombia no pierda su independencia energética.