EL FUTURO ES CARO

Fue como un baldado de agua fría. Ya cuando el país se encontraba listo a disfrutar los inesperados beneficios de los problemas en el Golfo Pérsico con su consecuente elevación de los precios del petróleo, el equipo económico del nuevo gobierno se encargó de demostrarle a los colombianos que las apariencias engañan. En una rueda de prensa escenificada el miércoles pasado a las cinco de la tarde en el Palacio de Nariño, el ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, sorprendió a los consumidores con el anuncio de que los precios de los combustibles serían reajustados en un 10 por ciento.
Según el gobierno, "el déficit en pesos colombianos de Ecopetrol se ha visto incrementado por efecto del mayor valor pagado de la gasolina importada, por la porción (25%) en pesos colombianos que se paga a los asociados por las compras para refinación interna y por el efecto de las mayores regalías pagadas a los municipios y departamentos". En consecuencia, no había más remedio que reducir el diferencial que existe entre el precio interno de la gasolina y el internacional. Es indiscutible que en Colombia los combustibles son mucho más baratos que en el resto de América Latina (ver cuadro) y que eso crea desequilibrios que, en opinión de algunos, tarde o temprano hay que corregir.
Y en este caso se comenzó temprano. Aunque la crisis de Irak hizo subir los precios internacionales del petróleo, la verdad es que antes de que esta se insinuara la decisión ya estaba tomada.Aún desde la administración Barco se comenzó la política de cerrar esa brecha y durante el empalme se aprobó continuar esa política. Pero al gobierna le cayó como anillo al dedo el conflicto en el Golfo Pérsico para tener un chivo expiatorio.
Quizás el hecho de tener un culpable -por lo menos así lo presentaron los periódicos- hizo que el golpe fuera absorbido sin dificultad. Aparte del lógico comunicado de los sindicatos y de las quejas de los transportadores, la mayoría de los analistas consideró las medidas como realistas y hasta necesarias. Adicionalmente, el gobierno fue alabado por haber dado la noticia de frente, en una rueda de prensa con la mayoría de los miembros del equipo económico. Antes era corriente que una decisión de esta naturaleza se anunciara en vísperas de un puente o tratando de coger a la opinión con la guardia abajo.
No obstante, la relativa dureza de la medida no dejó de sorprender a algunos. Al fin y al cabo, el mayor precio de la gasolina hace más difícil la lucha contra la carestía, el problema prioritario de la economía. Por ahora son pocos quienes esperan que el índice de inflación baje del 27% al finalizar el año.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, sostuvo que se trata de sembrar ahora para recoger después. Por una parte, los estudios indican que un alza del 10 por ciento en los combustibles no influye en más del uno por ciento sobre el aumento del índice de precios al consumidor. Por otra, para 1991 el gobierno se ha fijado la meta de ubicar la inflación entre el 20% y el 22% y dentro de ese precepto un esquema de precios más acorde con la realidad es definitivo. Además, la reducción del déficit de Ecopetrol (cerca de 45 centavos de dólar por galón de gasolina vendido) tiene efectos fiscales benéficos.
A lo anterior se le agregan las eventuales ventajas de un escenario de precios más realista. Por cuenta de que el valor de los combustibles en Colombia no refleja la realidad del mercado, hay problemas con la producción interna de los mismos. Un ejemplo típico es el del gas propano que se utiliza para uso doméstico industrial. Debido a que los precios de este son más o menos la mitad de los internacionales, el país tiene un déficit que, para ser atendido, tendría que implicar una duplicación de la producción. Ante el faltante, Ecopetrol ha decidido imponer racionamientos y cuotas, pero la experiencia es que estos originan corrupción. Y no hay esperanzas de que esa situación se solucione, pues los precios actuales no hacen rentable que se aumente la producción o refinación del gas, ni mucho menos que se hagan importaciones.
La única esperanza es que al cabo de un tiempo se elimine el diferencial que existe. El problema es que una duplicación de precios sería inmensamente impopular y aunque no es del todo descartable (Fujimori en el Perú aumentó el valor de la gasolina en 34 veces), si es bastante dudoso. Claro que si el ritmo de aumentos anuales se mantiene -en 1989 también hubo un incremento del 10 por ciento a mitad de año- para mediados de la década se habría resuelto buena parte del desequilibrio.
Pero más allá del alza, la decisión del equipo económico le dejó varias lecciones a los analistas. En primer lugar, quedó claro que hay voluntad de tomar las medidas que sean necesarias para corregir los desperfectos de la economía, por más impopulares que sean. Como si eso fuera poco, también quedó en evidencia que hay un monitoreo cercano de algunas cifras consideradas claves. Aunque las pérdidas de Ecopetrol en la venta de gasolina son evidentes, lo cierto es que la empresa sigue dando utilidades y su solidez no está en peligro. No obstante, si bien en teoría no hay urgencia de subsanar ese faltante, ahora se piensa que es mejor prevenir a tiempo, así eso le cueste puntos a la popularidad del gobierno.
La convicción de regirse a un programa claro fue confirmada el viernes pasado, al cabo de una reunión del Consejo Directivo de Comercio Exterior. Después de un debate de tres horas, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, Armando Montenegro, anunció una especie de principios fundamentales en torno de los cuales van a trabajar los diferentes ministros con respecto a la apertura. Esta va a continuar y en algunos casos va a ser más profunda de lo que había trazado la administración Barco. En particular, existe la intención de meterle la mano al sector agrícola, un área de manejo difícil y polémico.
Pero el nuevo código de intenciones no se detiene ahí. Dentro de las reformas al comercio exterior se encuentra la eliminación de la licencia previa, lo cual equivale a quitarle al Incómex buena parte de sus funciones. Para proteger a la producción nacional se acudirá a los aranceles, lo cual va a estar complementado con reformas a Proexpo y las aduanas. Eso incluye la implementación de un estricto estatuto antidumping para evitar que los países que tienen su producción agrícola subsidiada saquen del ring a los productores nacionales. También se quiere intensificar el proceso, haciendo énfasis en que este va a ser general sin detenerse en las consideraciones especiales que defendía el ministerio de Desarrollo y habrían entorpecido la aplicación práctica de la estrategia.
Es precisamente este último el que se ha salido un poco de la línea. Aunque Ernesto Samper ha dicho que está en proceso de conversión, su decisión de controlar el valor de unos 160 medicamentos va en contravía con todos los esfuerzos sobre transparencia de precios. El equipo económico opinaba que para controlar eventuales abusos de los fabricantes nacionales había que apelar a la liberación de importaciones y no adoptar controles. Sin embargo, Samper se salió con la suya y demostró de paso que el cambio de camiseta que ensaya no es tan fácil.
Tal actitud no alcanzó a cambiar la impresión general sobre la partitura que seguirá el equipo económico. Tanto el alza en el precio de los combustibles, como la voluntad de continuar la apertura demostraron que los principios dados por César Gaviria en su discurso de posesión se mantienen, así haya quejas. El presidente está convencido de que el apretón en el cinturón es definitivo hoy, para que la economía nacional se ponga a dieta y alcance la forma deseada el día de mañana.