EL HONOR DE LOS OCHOA

La idea de que nadie es profeta en su tierra no fue precisamente la que tuvieron en cuenta Jorge Luis Ochoa Vásquez y Gilberto Rodríguez Orejuela cuando se esforzaron al máximo para evitar que el gobierno español los extraditara hacia los Estados Unidos y en cambio sí lo hicieran hacia Colombia. Como seguros de que en su patria las cosas serían a otro precio, lograron que la justicia española interpretara como "política" la supuesta promesa del gobierno norteamericano a los dos extraditables de que recibirían mejor trato si involucraban en su testimonio al gobierno de Nicaragua en el narcotráfico. Y en consecuencia terminaron aterrizando en Colombia en manos de la justicia colombiana, que los reclamaba por razones de estricta delincuencia común.
Aunque no había nadie que no creyera que este había sido un triunfo de los dos extraditables, pocos eran los que sospechaban que estos quedarían en libertad a las primeras de cambio. Sin embargo, la creencia de que en el país los señores del narcotráfico se han vuelto todopoderosos despertaba algunos temores, y se auguraba para ellos una condena no muy grave en el peor de los casos.
Y no fue nada grave la pena impuesta a Ochoa por el juez superior de aduanas de Cartagena, Fabio Pastrana Hoyos. Fue muy leve. El miércoles 13 de agosto, 12 días después de que se hubiera celebrado la audiencia pública, el juez sorprendió a la opinión pública al condenar a Ochoa Vásquez a 20 meses de prisión por el delito de contrabando. Ochoa estaba sindicado de haber importado ilegalmente en 1981 cerca de 130 reses de lidia y de haber falsificado los documentos que se requerían para realizar esa operación, delitos por los cuales era investigado en ese juzgado y en los que estaba apoyado el pedido de extradición que se hizo a España.
De acuerdo con el Código Penal las penas inferiores a 36 meses de prisión tiene el beneficio de excarcelación bajo fianza, lo cual facilitó las cosas para Ochoa, quien fue dejado en libertad a condición de que pagara una multa de dos millones trescientos mil pesos.
Pero si la condena no fue nada grave, sí parece haberlo sido la conducta del juez Pastrana Hoyos. Según el Ministerio de Justicia el juez había sido informado de otros requerimientos por parte de algunos juzgados de Medellín y en particular por el propio Ministerio, el cual había dictado auto de detención con el propósito de extraditarlo a Estados Unidos una vez hubiera quedado en paz con la justicia colombiana.
Pastrana Hoyos, quien de acuerdo con informaciones manejadas por el periódico El Espectador se ha caracterizado por su "discutible conducta en el ejercicio de sus funciones", hizo caso omiso de las peticiones hechas por el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González, y decidió ordenar la inmediata libertad para el hombre señalado por la voz pública como uno de los más grandes capos de la mafia colombiana. Alega el juez, sin embargo, que nunca recibió solicitud de ninguna especie ni de parte del Ministerio de Justicia, ni del de Relaciones Exteriores, ni de juzgado alguno del país. El Ministerio de Justicia por su parte ha hecho públicos los oficios enviados tanto por la jefatura de su oficina jurídica como por el propio ministro, en los cuales se especificaba claramente cuál debía ser el procedimiento del juez en caso de que ya no requiriera al sindicado.
La Procuraduría ha ordenado ya la investigación sobre la conducta del juez y la ha hecho incluso extensiva a otros dos funcionarios que al parecer también cometieron por lo menos omisiones: el director de la cárcel de Ternera, Germán Portilla Maldonado (en donde se encontraba recluido Ochoa) quien también había sido notificado por el Ministerio de Justicia, y la agente de la Procuraduría en el proceso, María del Carmen Malo de Nieve, quien extrañamente no elevó ningún recurso de oposición cuando el juez dictó la providencia excarcelatoria.
Según averiguaciones hechas por SEMANA, las cosas no marchaban muy ortodoxamente desde el principio. La audiencia pública, realizada el 2 de julio, se caracterizó por parecer más bien una comedia en la que prácticamente no hubo defensa por parte del abogado de Ochoa, Fernando López Amador. En unos pocos minutos se limitó a decir que consideraba que su cliente era inocente y que por lo tanto pedía que fuera dejado en libertad. La fiscal por su parte (la misma agente de la Procuraduría), pidió que se condenara a Ochoa por contrabando pero que se le absolviera en el caso de la falsedad en documento. Jorge Luis Ochoa se presentó sin cédula de ciudadanía y afirmando que desde hace mucho tiempo no la tenía y hubo necesidad de hacerle estampar la huella digital en lugar de la firma. Algunos de los asistentes afirman que Ochoa está totalmente irreconocible, con señales de haberse sometido a algún tipo de cirugía en el rostro. Hubo quienes se atrevieron a afirmar que estaban seguros de que ese no era Jorge Luis Ochoa y que se trataba de un impostor pagado por la familia Ochoa.
El episodio de la liberación de Ochoa ha dado más tela para cortar. Funcionarios de la DEA afirmaron en la Florida que tenían la intención de intervenir directamente: "Tenemos agentes en Colombia cuya principal misión ahora es encontrarlo y procurar que las autoridades colombianas lo arresten. Luego veremos cómo se puede lograr su extradición", afirmaron. Simultáneamente algunos fiscales federales de la Florida y Louisiana se vinieron lanza en ristre contra la justicia colombiana y calificaron de boicoteadores a quienes impidieron la extradición de Ochoa. "La interferencia colombiana había empezado antes. Al pedir a Madrid la extradición de Ochoa, los colombianos hicieron lo mismo en relación con un caso de importación de toros de raza. Los españoles consideraron que nuestro caso era de más peso y nos lo habrían entregado, pero en ese momento Colombia les presentó inesperadamente un pedido similar. Eso fue un boicot" dijo Richard Gregorie, fiscal federal de Miami. "Por primera vez tuvimos en las manos al cabecilla del tráfico de cocaína y ellos sencillamente lo dejaron ir", agregó.
Pero la interferencia parecía ser también la de los norteamericanos, a juzgar por la reacción del propio presidente Virgilio Barco, quien en primer lugar enfatizó ante la prensa que a él no se le había informado sobre la existencia de agentes de la DEA en el país que estuvieran participando en la cacería de Ochoa y otros de los principales sindicados de narcotráfico, y después salió en defensa de la justicia colombiana. "La justicia colombiana es muy respetable" dijo el Presidente, agregando que la liberación de Ochoa era el acto de un juez individual.
Boicoteo o interferencia, chantaje o intimidación, lo cierto es que ya empezaron a rodar cabezas y a cazar brujas. El juez Pastrana Hoyos fue de hecho destituido al no ratificársele en su cargo, y en la tarde del viernes fueron llevados a cabo 80 allanamientos en siete ciudades y detenidas por lo menos 60 personas en un operativo tendiente a dar con el paradero de Jorge Luis Ochoa.
Pero todo hace pensar que a este se lo tragó la tierra, como hace ya varios meses sucedió con Pablo Escobar, Carlos Lehder y otros, aunque no falte quien asegure que lo vieron en el barrio El Poblado de Medellín, por completo cambiado físicamente y rodeado de todo un ejército de guardaespaldas. Y, por añadidura, circula el rumor de que los requerimientos judiciales contra Ochoa por parte de otros juzgados son provocados por él mismo con el fin de que, si llega a caer preso, no pueda ser extraditado a los Estados Unidos sino que tenga que ser juzgado primero -otra vez- en su propia tierra.
Y es que los milagros judiciales para los profetas nativos no ocurren sólo en Colombia. Así lo corroboró a fines de la semana una noticia llegada de Honduras: Ramón Matta Ballesteros, poderoso narcotraficante hondureño que hace unos meses escapó de la Cárcel Modelo de Bogotá sobornando a los guardianes y fue a entregarse a las autoridades de su propio país, acaba de ser puesto en libertad por los jueces hondureños.