El ministro vs. el candidato

Hacer promesas es inherente a cualquier candidato en campaña. Es una manera rápida y eficiente de motivar a un elector para que en el momento de la verdad opte por marcar el nombre del aspirante en el tarjetón. Cuanto más grandiosa y ambiciosa que sea una propuesta, mejor. Esas iniciativas pocas veces reciben un examen cuidadoso porque se acepta que es parte del juego político y una forma de diferenciar un candidato de otro. Esto es especialmente cierto en los temas económicos donde los aspirantes habitualmente se limitan a ofrecer el oro y el moro. Más empleo, menos pobreza, mayor inversión, menos impuestos. Esas promesas, sin embargo, tienen un tinte diferente cuando el candidato que lo propone es, además, el Presidente. Porque en contraste con sus rivales, sus pronunciamientos se pueden hacer realidad en más corto tiempo. O, por lo menos, así se percibe. Y porque esas mismas afirmaciones pueden terminar yendo en contravía del gobierno que lidera. Esa contradicción quedó al descubierto en las últimas semanas, tras el anuncio con bombos y platillos de que habría un borrón y cuenta nueva para los morosos.

En un foro de Villavicencio, el 9 de marzo, el Presidente anunció que "el gobierno se propone a través del mecanismo jurídico indicado, buscar una amnistía en materia de información financiera para aquellos colombianos que tuvieron crisis en el pasado, desde que se pongan al día". Añadió que "aquí se les perdona a los paramilitares y aquí se le perdona a la guerrilla, y a quien incurrió en una mora debido a un mal manejo de la economía, no se le perdona. Pues vamos a perdonarle, porque si les hemos perdonado a los guerrilleros y a los paramilitares, cómo no les vamos a perdonar a los colombianos que trabajan honradamente y que han incurrido en mora, no tanto por culpa de ellos como por culpa de las políticas de los gobiernos".

A las pocas horas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, salió rápidamente a rectificar a su jefe. "No tiene sentido que ese 95 por ciento de las personas que pagan sean consideradas no propicias para el crédito, en virtud de que el banquero sospeche: ¿será que pagó o será que le eliminaron la información mala de su base de datos?", se preguntó el Ministro. Y aunque al día después, Carrasquilla expidió un comunicado en el que buscaba clarificar su posición y respaldar al mandatario -"el Ministerio comparte la preocupación del señor Presidente de la República de garantizar el acceso al crédito a la mayor parte de la población"-, el daño estaba hecho. Quedó al descubierto una inconsistencia en lo que el gobierno y sus técnicos piensan y lo que el Presidente-candidato cree.

Según el alto consejero presidencial Juan Lozano, esto no es así. Le dijo a SEMANA que la propuesta para los morosos no era una iniciativa aislada ni nueva, sino parte de un conjunto de acciones de una agenda social entre el gobierno y el sistema financiero. Destacó el Banco de Oportunidades que se está creando y los esfuerzos por reducir las comisiones de la tarjeta de crédito, entre otras acciones de concertación. Sin embargo, la airada reacción negativa de representantes del sector a la amnistía dejó la sensación de que por lo menos en ese tema, la propuesta de Uribe los cogió con los pantalones abajo. La sorpresa no sólo fue por el momento en que la hizo, sino por lo "inocua" de la misma, como le dijo a SEMANA un conocedor del sector.

Para muchos colombianos no hay mayor temor que ser reportados a las llamadas centrales de riesgo -Datacrédito y Cifín-. En el imaginario popular, allí se mantienen unas listas negras de pobres ciudadanos que por retrasarse un día en el pago de una 'culebra' son condenados a vivir sin crédito para siempre. Por eso caló tanto la promesa del Presidente. ¿No sería mejor que todos tuvieran una segunda oportunidad y en especial los supervivientes de la crisis financiera de 1999-2000, como lo resaltó Uribe? Aunque suene descarnado, la respuesta es no. En primer lugar, y según cálculos de varias fuentes consultadas por SEMANA, los beneficiados de esa amnistía serían pocos, ya que la información negativa es apenas el 10 por ciento de los reportes. Segundo, y debido a varios fallos de las cortes, hay un tiempo límite para que las centrales compartan ese tipo información. En la mayoría de los casos no sobrepasa los 24 meses, siempre y cuando la deuda sea cancelada, que es la condición que el Presidente ha exigido para ser elegible al perdón.

Y tercero, y significativamente más importante, borrar las bases de datos afecta el acceso al crédito de la inmensa mayoría de los colombianos. Como dice el profesor de economía de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, "la propuesta del Presidente hace que los bancos tengan menos información para tomar sus decisiones y, por tanto, tendrán que cobrarles más a los buenos clientes y terminarán prestándoles menos a todos". Según un estudio del Banco Mundial, existe una relación directa entre mayor información y mayor crédito.

Estas conclusiones no son nuevas ni revolucionarias. El mismo gobierno, en palabras del Ministro de Hacienda, lo reconoce así: "El tema de las amnistías puede ir en contravía con los propósitos del señor Presidente, más que en línea con los propósitos del señor Presidente", dijo Carrasquilla al conocer las declaraciones del mandatario en Villavicencio. Pero esta evidencia no parece haber frenado el ímpetu de Presidente ni de la iniciativa que sigue viento en popa, aunque aún se desconocen sus detalles.

Si bien discrepancias entre el Ministro y los técnicos y el mandatario se han presentado en el pasado, la campaña electoral les agrega un ingrediente adicional, especialmente porque la propuesta de los morosos es apenas una de los múltiples anuncios de Álvaro Uribe en asuntos económicos. Las promesas van desde subsidios y créditos extraordinarios para los perdedores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hasta ayudas para la jubilación de tenderos hecha el pasado viernes. Aunque estos compromisos los ha hecho el Presidente oficialmente en su calidad de jefe de Estado, queda la inquietud sobre en qué momento estos cruzan la línea imaginaria y se convierten en parte del programa del candidato.

La duda nace porque habitualmente hay un abismo entre las políticas ortodoxas de un gobierno y las soluciones ideales que les presenta un aspirante a sus potenciales votantes. Las primeras son impopulares, pero necesarias, y las segundas, atractivas y a veces ilusorias. Antes ese tire y afloje era insignificante. Hoy, con el estreno de la reelección y como quedó de mostrado con las declaraciones opuestas del Ministro y del Presidente-candidato, esa discusión no se puede tomar tan a la ligera.