EL NUEVO POBRE

Con el agua al cuello por el agotamiento de sus reservas internacionales, el deterioro del cartel de la OPEP que obligara a reducir los precios de exportación del petróleo, la mayor fuente de sus divisas; y la voluminosa deuda externa, la administración de Herrera Campins hubo de adoptar, en febrero del año pasado, una serie de medidas que cayeron como un baldado de agua fría sobre los venezolanos.
Pero los correctivos que se tomaron en esa oportunidad no fueron suficientes para conjurar las dimensiones de la crisis económica. Sinembargo, el Presidente Herrera Campins se negó de plano a adoptar nuevas medidas que, según se dijo, acrecentarían los índices de impopularidad de su administración; y disminuirían las ya remotas posibilidades de que su partido, el COPEI, conservara en sus manos las riendas del poder.
Sería a la nueva administración, la de Lusinchi, a quien correspondería capotear los malos vientos que venían soplando desde atrás.
Entonces, a sólo un mes de su posesión, el primer mandatario de los venezolanos, desde el palacio de Miraflores, y solemnemente rodeado por los dirigentes de los partidos políticos, altos mandos de sus fuerzas armadas y representantes de los sectores sindicales y empresariales, habría de anunciar, en un prolongado discurso, televisado y radiodifundido a toda la nación, el paquete de medidas que buscan reactivar a la economía; agobiada, según el Presidente Lusinchi, "por la desmesura del gasto público, la reducción de los ingresos petroleros, el desempleo creciente, la parálisis del aparato productivo, el endeudamiento irracional y la pérdida de la confianza".
El grueso de las medidas contemplan modificaciones en la tasa de cambio, buscando, presumiblemente detener la sangría de sus divisas; rebajas en las tasas de intereses, como instrumento de reactivación del sector productivo, especialmente del agrícola y la construcción de viviendas de interés social, aumento en los precios internos de los hidrocarburos; reorientación del gasto público; regulaciones de los precios y amortizaciór de la deuda pública interna.
La devaluación de las tasas de cambio
Las medidas que han causado más impacto, tanto en la opinión público de Venezuela, como en Colombia han sido las relativas a la modificación de las tasas de cambio. En efecto, se establecieron dos tipos: uno de carácter diferencial, y el fluctuante.
A su vez, las tasas diferenciales revisten las siguientes modalidades: se fijó una tasa de 7.50 bolívares por unidad para financiar las importaciones autorizadas del sector público y privado, lo que representa una devaluación del 25% respecto de la tasa anterior. El servicio de intereses de la deuda privada externa, se cubrirá con este tipo de cambio, con efecto retroactivo al 1° de enero de 1984.
Se estableció una tasa de cambio de seis bolívares, es decir, 1.70 por encima de la actual, para las transacciones de la industria petrolera. Y se mantuvo una tasa de 4.30 bolívares por dólar para las importaciones de productos básicos alimenticios y medicinales, las amortizaciones de capital de la deuda externa, y los pagos de estudiantes en instituciones extranjeras.
El cambio fluctuante, por su parte, se orientará a las importaciones no autorizadas, la deuda externa privada sin registrar y el resto de transacciones.
Es de anotar que, en el proceso de concertación, anterior a los anuncios de Lusinchi, efectuado entre trabajadores, gobierno y empresarios, estos últimos debieron de aceptar una serie de medidas compensatorias, --que han sido tachadas de demagógicas y populistas--, a cambio de preservar el nivel de la tasa preferencial para los pagos de la deuda externa.
Tales medidas compensatorias son: un bono de 12 dólares para gastos de transporte de los trabajadores que perciban ingresos inferiores a los 400 dólares, el establecimiento de comedores en las industrias, aumento de la nómina en un 10 por ciento, y subsidios a la canasta familiar. Así mismo, los empresarios asumieron también el compromiso de distribuir un máximo de dividendos de hasta un 20 por ciento de las utilidades, y reducir las bonificaciones al personal directivo a la mitad, durante un lapso de dos años.
En concepto de desprevenidos observadores, este conjunto de gabelas sociales, y de exigencias, en la práctica sólo lo cumplirían las empresas que deban importar un alto componente de sus insumos y tengan un cupo alto de endeudamiento externo, puesto que para aspirar a los beneficios del cambio controlado, precios, crédito y protección arancelaria, el gobierno estableció como prerrequisito, el cumplir con dichas compensaciones y exigencias.
Reacciones
En general, las medidas, aunque fueron adoptadas con la intención de superar la mayor crisis que le ha tocado sortear a esta nación en los últimos veinticinco años, han sido recibidas con las naturales reservas y expectativas.
La poderosa Fedecámaras, la agremiación empresarial, que aspiraba al reconocimiento total de la deuda externa privada a una tasa preferencial, ha manifestado que el servicio de intereses de la misma a un tipo de cambio, distinto del que regirá para las amortizaciones de capital, podría conducir, a mas de las otras cargas que deben asumir los empresarios, "a la descapitalización de las empresas, con su consiguiente ola de quiebras".
Por su parte la CTV, la influyente central obrera de tendencia socialdemócrata, no del todo satisfecha con las medidas gubernamentales que, según afirman habrá de golpear la capacidad adquisitiva de los salarios, anuncio que exigirá la rápida tramitación de la ley de costos, precios y salarios, y la participación de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas.
De otro lado, la nueva devaluación venezolana habrá de traducirse en una pérdida del poder adquisitivo del bolívar, aún mayor, en los mercados de Cúcuta y de la región fronteriza, lo que agravará mucho más la lamentable situación de deterioro a que vienen sometidos sus habitantes, desde las medidas expedidas, en febrero del año pasado, por el gobierno de dicho país. Con la desfavorable perspectiva de que, según un alto asesor del gobierno colombiano, "las soluciones definitivas a este delicado problema no habrán de llegar en el corto plazo, por cuanto la economía de la zona fronteriza se había montado sobre las falsas señales de que la economía venezolana era invulnerable. Habrá, entonces, que reorientar la inversión hacia una especie de desarrollo hacia adentro, lo que no podría lograrse de un día para otro. Por ahora, como simples paliativos del problema, sólo queda pensar en la buena voluntad de los acuerdos bilaterales que permitan atenuar, por lo menos, el impacto de las medidas".
Algunos analistas colombianos, al considerar la generalidad de las medidas tomadas por Lusinchi, han sostenido que Venezuela se quedará con el pecado y sin el género, por cuanto el haber devaluado masivamente, conservando a su vez las tasas diferenciales, por cuya brecha continuará la sangría de sus divisas, habrá de avivarse, adicionalmente, la llama inflacionaria. Y no porque una devaluación implique en sí misma, inflación, sino porque tales medidas, tomadas en una atmósfera de tanta espectacularidad, tendrían un efecto de arrastre que, conjuntamente con el alza del precio interno de los hidrocarburos, podrá conducir a la economía de ese país a una tasa inflacionaria de hasta el 50%, según los más severos pronósticos.
Lo cierto es que con la adopción de esas medidas, habrán de desvanecerse todas las ilusiones del retorno a los tiempos felices. Según alguien lo afirmara, con una buena dosis de realismo, "los años de la bonanza petrolera quedaron atrás y el desafio que enfrenta el nuevo gobierno consiste en repartir equitativamente el peso de la crisis para evitar mayores tensiones y conflictos sociales"--