EL ORO VERDE

Ochocientos millones de dólares. La suma era tan enorme que cuando hace un par de semanas se anunció que según un auditaje de la Administración de Impuestos de Bogotá, la compañía Occidental de Colombia estaría obligada a pagar este dinero, mucha gente pensó que el titular del periódico estaba equivocado. Pero no era así. En opinión de gobierno, la petrolera norteamericana cedió parte de sus acciones en el yácimiento a una de sus filiales-- La Colombia Cities Service--sin paga el correspondiente impuesto de ganancias ocasionales el cual, con multas e intereses, ascendería a más de 800 millones de dólares en la actualidad. La noticia produjo revuela dentro y fuera del país llegando inclusive a afectar el precio de la acción de la Oxy en Wall Street.

EL MISTERIO DEL TRASPASO
Todo comenzó el 22 de mayo pasado cuando el contralor general de la Nación denunció ante la Administración de Impuestos la existencia de un supuesto fraude en el traspaso del 50% de las acciones de Occidental en la zona de exploración de Cravo Norte en Arauca. La cesión hecha a la Cities Service--compañía que fue adquirida por la Oxy en 1982--se justificó por parte de la petrolera con el argumento de deducir a través de la filial, parte de los 50 millones de dólares que había invertido en la exploración del área. Según la Oxy, la iniciativa fue aprobada por Ecopetrol en marzo de 1983, se formalizó el 27 de abril y se protocolizó mediante la escritura 2605 de la Notaría Séptima de Bogotá el 7 de junio del mismo año.
Probablemente hasta ahí no habría existido ningun problema si la perforación de los pozos no hubiera arrojado resultados. Sin embargo, en julio de 1983 se conoció sobre la existencia de un yacimiento que, con el tiempo, vino a ser aceptado como el más rico de Colombia en los últimos 50 años.
Las estimaciones definitivas indican que las reservas de crudo de la zona ascienden a los 780 millones de barriles de petróleo, hecho que, entre otras cosas, le permitió al país pasar de ser importador a exportador del combustible.
El yacimiento acabó siendo tan bueno que fue definitivo para que la Oxy superara varios problemas de confianza que tenía entre los inversionistas. Aparte de haber reestructurado su deuda, Occidental Petroleum siguió creciendo y este año compró una compañía de Texas dedicada también al sector energético. Pero quizás el mayor premio de todos fue el obtenido a mediados de 1985 cuando se anunció que la Shell, la segunda petrolera del mundo, había comprado las acciones de Cities Service en Cravo Norte por un precio de mil millones de dólares, asegurando así la cuarta parte de la producción del yacimiento (según el contrato de asociacion, la mitad corresponde a Ecopetrol y el resto a Shell y Occidental).
Fue el gran negocio de la Oxy el que acabó determinando la investigación de la Administración de Impuestos. En opinión de quienes promovieron el auditaje, la petrolera norteamericana debía haber pagado impuesto de ganancias ocasionales tomando como base las reservas probadas del yacimiento y el precio de la negociación con la Shell. Peor aún, expertos como el ex presidente de Ecopetrol, Juan Francisco Villarreal, argumentaron que la cesión de las acciones fue hecha por la Oxy una vez esta había comprobado la existencia del petróleo en la zona.
Por su parte, la Occidental se defiende con vehemencia de los cargos. Aparte de poner en duda la metodología utilizada por el gobierno para reliquidar los impuestos, un alto ejecutivo de la empresa en Colombia sostuvo enfáticamente que "no es cierto que la cesión se haya hecho con posterioridad al descubrimiento". A pesar de reconocer que había indicios de las ventajas de la zona, el directivo señaló que sólo hasta julio de 1983 se tuvo conciencia de la magnitud del hallazgo y que a partir de esa fecha empezaron a hacerse revisiones que indicaban que el yacimiento era más y más grande. Según ese punto de vista, el cobro del impuesto no podría hacerse retroactivo, más aún si la compañía insiste en que en marzo de 1983, cuando comenzó con los trámites de la cesión, no se habia encontrado petróleo en Arauca. Más enfático todavia fue el legendario presidente de la Oxy, el millonario Armand Hammer quien desde Los Angeles calificó el reclamo de "absurdo y ridículo". En opinión del magnate, Colombia acabará absteniéndose de iniciar cualquier trámite para el cobro del impuesto porque la justificación de éste es imposible.
Sin embargo, Villarreal insiste en que la Oxy actuó de "mala fe". El ex presidente de Ecopetrol afirma que la prueba del pozo se hizo el 6 de junio de 1983 y que con base en esos resultados los técnicos de la empresa tenían que haberse dado cuenta de la magnitud del hallazgo. Tan es así que Villarreal dice que un ejecutivo de la empresa viajó ese mismo día con los resultados a los Estados Unidos y que al siguiente se protocolizó la cesión de acciones a la Cities-Service.

VUELVE Y JUEGA
Sea como sea, lo cierto es que la disputa aún no se ha resuelto. El gobierno colombiano se ha mantenido hermético y todavía no se sabe si la opinión de la Administración de Impuestos se convertirá en reclamación formal. De ser asi, lo más probable es que se inicie un juicio ante la rama contencioso administrativa, el cual puede durar entre 5 y 10 años, a menos que las partes transaran por fuera de la Corte. Los canales de comunicación entre la petrolera y la Administración siguen abiertos y la semana pasada el número dos de la Oxy, Ray Irani, y otros ejecutivos más se entrevistaron con el presidente Barco y el ministro de Minas, Guillermo Perry.
Aunque no se sabe el resultado concreto de las conversaciones, se ha dicho que estas se llevaron en forma normal y sin sobresaltos.
En cambio, no se puede decir lo mismo de la imagen pública de la Oxy. En los escasos tres años en que ha operado la asociación en Arauca, han sido múltiples las denuncias y tropiezos en el desarrollo del proyecto. Aparte del problema de tener que lidiar con las incursiones semanales de la guerrilla con sus consecuentes voladuras de oleoductos, incendio de helicópteros o tomas de campamentos, Occidental ha tenido que enfrentar ataques nunca tan salvajes, pero sí fuertes. Sin duda el mayor de todos es el de responder al cargo del favoritismo del gobierno colombiano--y en especial del pasado--hacia la petrolera. Villarreal señala el caso del oleoducto Río Zulia-Coveñas y de la construcción del puerto para la exportación como dos ejemplos claros en los que han estado muy por encima los intereses de la Oxy a los del país.
En el caso del oleoducto se citan estudios que indicaban que la tubería no era necesaria y a pesar de eso, Occidental se salió con la suya, embarcando de paso a Ecopetrol en un proyecto con un costo superior a los 600 millones de dólares. La situación del puerto es similar y Villarreal sostiene que la justificación del gobierno pasado "fue una farsa para favorecer a Occidental".
Farsa o no, lo cierto es que la petrolera no ha estado indemne de los ataques. El lio de los impuestos vino a sumarse a problemás judiciales en los Estados Unidos y al anuncio de Moody's Investors Service de una posible rebaja en la categoría de la deuda de la Oxy que asciende a la nada despreciable suma de 7.200 millones de dólares. De efectuarse la rebaja, Occidental tendría que enfrentar condiciones de crédito más onerosas por parte de los bancos a los que le debe dinero. Ese y los demás anuncio influyeron para que las acciones de Oxy cayeran un dólar y medio en la bolsa de Nueva York, cerrando la semana apenas por encima de los 27.50 dólares. Ese precio podria continuar bajando si el gobierno colombiano decide seguir adelante con la multa de 800 millones de dólares. A pesar de las quejas de Occidental, la semana pasada existia la impresión de que el gobierno tiene intenciones de hacer algo y buscar así sea un pedazo pequeño del ponqué.