EL PRECIO ES CORRECTO

Hace tres semanas el ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela, anunció que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de liberar el precio de la gasolina y que las condiciones actuales eran óptimas para implantar tal iniciativa. Curiosamente, a pesar de lo controversial de la propuesta y sus profundas implicacionespara la economía colombiana, la pronunciación del Ministro solo mereció un par de artículos de periódico y algunos minutos al aire en los noticieros. En parte, esto se debió a que el gobierno decidió no echarle más leña al fuego en momentos en que se disponía a negociar el ajuste salarial con las organizaciones de trabajadores estatales, entre las que se destaca la USO, sindicato de Ecopetrol que se opone fervientemente a la liberalización. Sin embargo, a pesar de la huelga de la semana pasada, no es conveniente echar la propuesta en saco roto, pues no solo es a todas luces conveniente para el país sino que además el momento actual ofrece una ventana de oportunidad incomparable para implantar la medida sin generar resistencia en la opinión pública. El de la gasolina es uno de los precios regulados más antiguos del país. Desde la nacionalización de las refinerías de petróleo en Colombia, en la década de los 50, el gobierno ha impuesto controles estrictos al precio de este combustible. En su momento el control de precios se concibió como una herramienta para controlar la inflación, fortalecer la posición monopólica de la empresa estatal de hidrocarburos y proteger al consumidor de las alzas en el precio internacional del petróleo. Sin embargo la verdad es que su eficacia para alcanzar estos objetivos, así como la bondad misma de algunos de ellos, es cuando menos cuestionable.
Porque liberalizar
Desde el punto de vista filosófico los controles de precios, al reducir el margen de maniobra de los mecanismos de mercado, pueden distorsionar el precio de un producto, alejándolo de su valor comercial y por ende de su costo real de elaboración, y generar situaciones de sobreoferta o excesos de consumo. En el caso de la gasolina en Colombia, el precio generalmente se ha mantenido por debajo de lo que sería su nivel en un mercado libre. De esta manera Ecopetrol, que bajo la regulación actual tiene un monopolio de facto sobre la producción e importación de gasolina en el país, ha estado subsidiando a los consumidores colombianos. Aunque esta situación parecería favorecer a una amplia franja de la población, la verdad es que son los mismos colombianos los que terminan pagando eventualmente el déficit que esta situación genera en la empresa estatal _que el año pasado se estima rondó los 300.000 millones de pesos_ y por ende en las finanzas del Estado, a través de mayores impuestos y tasas de interés más altas. En una economía abierta no tiene ningún sentido controlar un precio tan importante como el de la gasolina pretendiendo que no se incurre en ningún costo al mantenerlo en niveles artificiales.
Por otra parte, el fijar los precios por decreto distorsiona los incentivos para el ingreso de nuevos participantes en el mercado. Si como ha sido el caso tradicionalmente en Colombia el precio interno se mantiene por debajo del precio externo más los costos de traer el combustible al país, se elimina la posibilidad de generar una verdadera dinámica de competencia que contribuya a mejorar la calidad y eficiencia del sector. En este contexto no es rentable para el sector privado construir refinerías en el país o importar gasolina directamente. Incluso, más allá del nivel mismo del precio regulado, el solo hecho de que éste se establezca por decreto genera un riesgo regulatorio que muchos inversionistas no están dispuestos a asumir, pues significa que un gobierno puede borrar de un día para otro con un decreto la factibilidad financiera de una planta que exigió una inversión millonaria.

Aunque mantener su estatus de empresa monopolista en la producción e importación de gasolina parecería a primera vista beneficiar a Ecopetrol, y por ende al Estado que es su propietario, la verdad es que la perjudica ostensiblemente. Si no tuviera que subsidiar el precio de la gasolina la posición financiera de la empresa se fortalecería, liberando recursos para dedicar a otras actividades como la exploración y producción de crudo. Desde este punto de vista resulta incomprensible que el sindicato de la empresa, que debería buscar condiciones que garantizaran la solidez de la misma y que ha exigido en repetidas ocasiones que se aumente su presupuesto de exploración y producción, se oponga a la liberalización. Por otro lado, la evidencia empírica indica que aislar a una compañía de la competencia solo termina por hacerla más ineficiente y letárgica. Si Ecopetrol tuviera que competir con otras empresas en la refinación e importación de gasolina sus niveles de productividad seguramente mejorarían. Desde el punto de vista macroeconómico el temor de que la liberalización del precio de la gasolina se traduciría en mayores niveles de inflación parece infundado. Todos los estudios indican que el efecto directo de un cambio en el precio del combustible sobre el costo de la vida es relativamente marginal. Según un estudio realizado por el ex ministro Guillermo Perry y Eduardo Lora en 1992, un aumento del 20 por ciento en el precio de los combustibles no afectaría el costo de vida si el gobierno ahorrara los excedentes producidos por la medida _pues el alza en los costos del transporte se vería compensada por la consecuente disminución de la demanda agregada_ y solo lo aumentaría en un 0,7 por ciento si se los gasta. Incluso, es razonable pensar que el control del precio de la gasolina antes de prevenir la inflación contribuye a perpetuarla. El precio de la gasolina es el indexador por excelencia de la economía colombiana. A principios de cada año, cuando aumenta la cotización del combustible, todos los agentes de la economía utilizan el alza como disculpa para subir sus precios en una magnitud proporcional. La liberalización daría al traste con la dinámica inercial de los precios en Colombia, lo que desliga en buena medida la evolución de la cotización de este producto del comportamiento del resto de los precios. Cabe preguntar, por ejemplo, qué pasaría con la inflación si en enero del próximo año la gasolina, en vez de subir, cayera unos pesos. Finalmente, el momento actual parece ideal para implantar la medida. Los precios del crudo han alcanzado este año sus cotizaciones más bajas en términos reales desde antes de la crisis petrolera de 1973 y el precio de la gasolina ha seguido de cerca la tendencia. El galón de gasolina regular en la costa del Golfo de México de Estados Unidos ha caído un 40 por ciento desde enero del año pasado. Incluso, como lo indica la gráfica, el precio de venta en refinería de Ecopetrol en la actualidad está por debajo del precio de importación más el costo de ponerlo en la refinería, lo cual significa que de realizarse la liberalización sería factible pensar en una inmediata, aunque ligera, caída del precio. Además, tomando en cuenta las perspectivas de desaceleración mundial, se puede anticipar que la gasolina continuará en niveles favorables por un buen tiempo más. Esta situación contribuiría a aglutinar el apoyo de los consumidores, pues la medida ya ha recibido el apoyo de los minoristas _propietarios de las bombas_, los mayoristas _Esso, Mobil, Texaco y Terpel_ y está siendo evaluada seriamente por el gobierno.
Los riesgos
A pesar de sus beneficios, un programa de liberalización también conllevaría varios riesgos. Por una parte está el riesgo cambiario. Como el precio de la gasolina está denominado en dólares, en un mercado libre cualquier debilitamiento del peso incidiría sobre la cotización interna del combustible. En estos momentos en que el mercado cambiario es presa de la incertidumbre esta es una variable que se debe tener en consideración, pues si la liberalización es seguida por una gran devaluación es posible que la presión pública obligue a reversar la medida. Sin embargo la realidad ineludible es que un precio denominado en dólares no se puede restringir en pesos en el largo plazo sino a un costo enorme para toda la economía. Relacionado con este primer factor de riesgo está la volatilidad que podría producir un régimen de precios absolutamente libre como el que existe en Estados Unidos. Para reducir las fluctuaciones del precio, algunos expertos recomiendan fijarlo de acuerdo con promedios móviles de varios meses del precio de mercado, como se hace en Chile, o establecer bandas dentro de las cuales el precio pueda fluctuar libremente. Sin embargo, bajo estos esquemas el costo de reducir la volatilidad sería interferir con la libre competencia. En un sistema de bandas, por ejemplo, si el precio mundial está por encima del techo, podría sacar del mercado a los importadores o alternativamente forzarlos a mantener grandes inventarios con los altos costos que esto conlleva. Finalmente, y quizás más importante, la liberalización solo será duradera si se establecen las condiciones para crear un mercado verdaderamente competitivo. Por ejemplo, dado que Ecopetrol tiene el monopolio de la infraestructura de transporte y almacenamiento en Colombia, sería necesario supervisar que al menos en el corto plazo, y mientras se construyen instalaciones alternativas, el precio que le cobre a sus competidores por su uso sea justo o si no éstos nunca podrán competir. Además habría que controlar que no haya abusos de posición dominante en otros niveles de la cadena de valor, como por ejemplo la distribución al por mayor, en la cual solo hay cuatro participantes en la actualidad, o en regiones apartadas del país donde los mismos minoristas podrían crear feudos monopolísticos. Si la liberalización se queda solamente en un decreto nunca funcionará. Por el contrario, si se crean agentes independientes que no sean manipulables por el gobierno y que tengan un interés claroen la liberalización, se garantizará que ésta se mantenga y prospere.