El revolcón petrolero mexicano

México ha hecho gala de tener una de las economías más abiertas en América Latina, junto con Chile. En los últimos años, ha firmado más de 20 acuerdos comerciales con 44 países que le han permitido abrir las puertas a la competencia en diversos sectores. Sin embargo, cuando se trata del sector energético, las cosas han sido a otro precio. La industria petrolera ha sido intocable para la inversión extranjera y Pemex se ha convertido en el símbolo del nacionalismo mexicano. 

Con razón ha causado tal revuelo en ese país la noticia oficializada la semana pasada sobre la reforma energética que el gobierno propondrá al Congreso, que pondría fin al monopolio estatal en la producción petrolera, después de 75 años. 

Desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó y expulsó a 17 multinacionales, la compañía estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), comenzó a manejar la producción de crudo, que en sus mejores años llegó a cifras récord de 3,4 millones de barriles diarios. 

Pero las cosas comenzaron a cambiar con la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto. Ante la necesidad de aumentar las reservas de crudo que estaban en declive y debido a las millonarias inversiones que se avecinan en las explotaciones en aguas profundas, el mandatario optó por seguir la fórmula de otras petroleras de América Latina que se abrieron más al capital privado, aumentaron su autonomía y hoy están entre las mayores empresas de la región. 

Ese es el caso de Petrobras, una de las 20 empresas más grandes del mundo según Forbes, con ventas superiores a los 130.000 millones de dólares, que realizará inversiones multimillonarias para explotar las inmensas reservas de petróleo y gas que están bajo kilómetros de capas de sal (presal). El otro ejemplo es Ecopetrol. La petrolera colombiana emprendió hace una década un proceso de modernización y de venta de una parte de las acciones al sector privado. Hoy es la primera empresa del país, con ingresos superiores a 33.000 millones de dólares.

Mientras la industria petrolera en América Latina fomentaba la llegada de recursos privados y firmaba contratos de asociación con compañías foráneas, México seguía de espaldas a las nuevas condiciones del mercado, negándose a introducir cambios en una empresa que se había convertido en un fortín burocrático, con más de 150.000 empleados, el doble de los que tiene Petrobras, la gigante brasileña. 

La semana pasada el gobierno mexicano presentó oficialmente una reforma histórica porque, por primera vez en más de siete décadas, se mete con el sector petrolero y con Pemex. La medida propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Nacional para permitir que Pemex pueda celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado y tener mayor autonomía administrativa. La intención es aumentar la producción de 2,5 a 3 millones de barriles diarios para 2018 y a 3,5 millones para 2025. En el sector eléctrico también permitirá la entrada de capital privado para reducir las tarifas. 

Peña Nieto insiste en que no privatizará el sector petrolero ni Pemex y que la Nación mantendrá el control sobre el crudo y será la única dueña de las reservas. “El espíritu de esta reforma es recuperar lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro”, sostiene. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, le dijo a CNN Expansión que “es preciso asociarnos con los que tienen recursos, pues la caída en la producción de petróleo es de 8.000 barriles diarios”.

La decisión del mandatario no es nada fácil teniendo en cuenta que anuncios similares provocaron una oposición radical en los últimos años. De hecho, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, rechazó estos cambios mientras que el Partido de Acción Nacional (PAN), de derecha, dijo que la propuesta se quedó corta. El excandidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, anunció una protesta para el 8 de septiembre, al asegurar que se quiere privatizar el sector petrolero. 

La reforma energética de Peña Nieto afrontará su prueba de fuego cuando entre a discusión en el Congreso en los próximos días. El debate apenas comienza.