El salvavidas

En los últimos años todos los colombianos han sido afectados de una u otra forma por la recesión económica. La situación patrimonial de las empresas se ha debilitado sustancialmente por la reducción de la demanda, las altas tasas de interés, la devaluación y los altos índices de apalancamiento. Este deterioro en el sector productivo se vio reflejado en la calidad de la cartera de las instituciones financieras y en una contracción sensible en la oferta de crédito. Si a lo anterior se suma la consecuente reducción en la capacidad de generación de empleo y la delicada situación financiera de las entidades territoriales, no cabe duda de la gravedad de la crisis generalizada por la que atraviesa el país.

En ese escenario, muchas empresas tuvieron que recurrir a concordatos y liquidaciones, instrumentos legales para afrontar situaciones ordinarias de iliquidez o insolvencia. Durante 1999, por ejemplo, más de 360 empresas estuvieron sometidas a procesos concursales ante la Superintendencia de Sociedades. No obstante lo anterior, esos mecanismos no son apropiados para afrontar las dimensiones de la difícil situación por la que atraviesa Colombia.

En efecto, la experiencia en países latinoamericanos como México y Chile, en países europeos como Hungría y Polonia, y en los países del sureste asiático, ha mostrado que en situaciones de crisis generalizada, el Estado debe intervenir para propiciar la reactivación de la economía y evitar graves consecuencias macroeconómicas. Con ese propósito se expidió la Ley 550 de diciembre de 1999, que estableció incentivos, herramientas y un régimen especial para la reestructuración de empresas viables en dificultades y suspendió por cinco años el régimen de concordatos.



El balance a la fecha

Aun cuando la Ley apenas tienes dos meses de operación (teniendo en cuenta que la primera reglamentación sobre promotores se expidió a principios de febrero), los resultados parecen ser bastante positivos. A fines de marzo las superintendencias de Sociedades y Valores habían aceptado 40 solicitudes de promoción de acuerdos de reestructuración en empresas que en su conjunto tienen más de 13.500 trabajadores y activos superiores a 1,7 billones de pesos. Aproximadamente la mitad de las empresas en procesos de reestructuración pertenecen a los sectores de la construcción, comercio y textil, incluyendo a Coltejer, Fabricato y Tejicóndor.

Si a esas cifras se suman unas 30 solicitudes en trámite ante las superintendencias y cámaras de Comercio se puede concluir que el sector real ha visto en la Ley una buena oportunidad para reactivar sus empresas y superar la crisis económica. Adicionalmente, la Superintendencia Bancaria está revisando las normas sobre provisiones y calificación de cartera para incentivar la participación de los establecimientos de crédito en procesos viables de reestructuración. En todo caso los procesos apenas van en la fase de recopilación y depuración de información, de tal forma que sin duda se van a encontrar muchos desafíos y retos a medida que se vayan adelantando las negociaciones.



Los ingredientes del exito

Las reestructuraciones no son procesos fáciles; por el contrario, son ejercicios complejos que requieren un esfuerzo considerable por parte de acreedores, accionistas, trabajadores y entidades estatales. En todo caso, en términos generales, se podría decir que el éxito de los procesos dependerá en últimas de tres ingredientes fundamentales:

En primer lugar, de una gran dosis de realismo. Es decir, de entender que los acuerdos de reestructuración son para empresas viables y no, parafraseando al Ministro de Desarrollo, para “resucitar muertos”. Es por eso que la primera tarea del promotor de acuerdos consiste justamente en entender a fondo la realidad del negocio mediante un diagnóstico organizacional integral y preparar proyecciones razonables y debidamente fundamentadas sobre la actividad de la empresa. Este ejercicio es fundamental para obtener información confiable que permita tomar decisiones racionales con algún grado de certidumbre. Si se concluye que la empresa no es viable se debe liquidar a la mayor brevedad posible para evitar mayores traumatismos y perjuicios a los interesados en el proceso.

En segundo lugar, de una actitud constructiva y habilidades en resolución de conflictos. Los procesos de reestructuración son acuerdos privados sobre bases económicas y comerciales y no procesos reglados o de carácter jurisdiccional; en otras palabras, las partes están comprometidas en la realización de un negocio y no la resolución de un pleito. Es por eso que las partes deben participar en las negociaciones con una visión de mediano y largo plazo, considerando los legítimos intereses propios y ajenos y con el propósito de generar valor y espacios de concertación. A esa actitud constructiva las partes deben agregar altas capacidades de negociación y mediación en escenarios de conflictos multilaterales.

Y, finalmente, de mucha creatividad. El diseño y desarrollo de estrategias integrales de reactivación es un proceso a la medida para cada empresa, que requiere pensamiento lateral, reconsiderar paradigmas y mucha ‘ingeniería legal y financiera’. Esto es necesario para poder combinar, eficientemente y con los menores costos y riesgos posibles, los instrumentos y herramientas de reestructuración, que van desde la modificación de plazos y tasas de interés hasta el diseño de instrumentos híbridos y sintéticos, pasando por reestructuraciones corporativas y capitalización de pasivos.

Realismo, actitud constructiva y creatividad; los mismos ingredientes que tanta falta nos han hecho para ser capaces de reinventar, desde ahora, el futuro de Colombia.