El vía crucis del tercer canal

Como pintan las cosas, el proceso de la adjudicación del tercer canal de televisión podría sufrir demoras adicionales. Ya la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) ni siquiera se compromete con un nuevo cronograma, porque hay temas muy cruciales que todavía no se han resuelto. Aunque el director de la Cntv, Juan Andrés Carreño, dice que esperan adjudicarlo este mismo año, esto suena más a pensar con el deseo, pues la realidad es que todo está muy embolatado.

Hay argumentos de peso que indican que la licitación no cumplirá con las fechas establecidas. Con un agravante: el tiempo corre y se aproxima la campaña electoral, el ambiente menos propicio para adelantar una licitación tan importante y de tanto peso.

El último cronograma de la Cntv que se conoció dice que la licitación se abriría en julio, que la adjudicación sería en octubre y que el contrato quedaría en firme en diciembre. De esta manera, el nuevo operador tendría seis meses para preparar la primera emisión, prevista para junio de 2010.

Pero, por distintas razones, estas parecen cuentas muy alegres. El principal problema técnico que tiene ahora el tercer canal es la frecuencia que utilizará para salir al aire. Hoy los canales Caracol y RCN emiten por frecuencias VHF (8 y 10) y el tercer canal lo haría por UHF (el 31). Para los tres consorcios aspirantes, esto representa una desventaja competitiva, no sólo porque tendrán que hacer mayores inversiones en antenas, para tener el cubrimiento nacional que exige la licitación, sino porque quedarían en la parrilla muy lejos de los canales privados actuales.

No es un asunto sencillo de resolver. El Ministerio de Comunicaciones está estudiando las implicaciones económicas, jurídicas y técnicas de entregarle al tercer operador la frecuencia 13 (VHF), que hoy pertenece a TV Andina. Pero, según abogados cercanos al proceso, la ley prohíbe desmejorar los canales públicos. Actualmente el 90 por ciento de TV Andina pertenece al Ministerio de Comunicaciones y el 10 por ciento a varios departamentos. Pero la Cntv tiene otra interpretación, pues afirma que esta norma opera sólo en los canales nacionales públicos como 1 y A.

Lo cierto es que sólo cuando esté concluido el estudio del Ministerio se podrá tomar una decisión, pues este es un tema clave para el futuro del nuevo canal, de acuerdo con los argumentos de los actuales aspirantes, Prisa, Planeta y Cisneros. El hecho de que el gobierno considere cambiar de frecuencia significa que sí calaron esos reclamos y que el tema no es de menor cuantía.

En caso de que no se concrete lo de la frecuencia 13, la Cntv tiene un as bajo la manga y es que puede obligar a los cableoperadores a empaquetar en sus señales los canales nacionales en frecuencias seguidas. Esta sería una solución parcial, pues hoy el 70 por ciento del mercado de televisión en Colombia está en manos de las empresas de televisión por cable y comunitarias. Pero para los televidentes que sólo cuentan con la señal abierta, ésta no será una solución.

Sin embargo, ese no es el único tema pendiente. Todavía hay dudas sobre en qué momento los consorcios deben certificar que tienen una participación de capital colombiano superior al 60 por ciento. La Comisión considera que debe ser cuando presenten las propuestas, pero el Grupo Cisneros, uno de los aspirantes, insiste en que debe ser en el momento de firmar el contrato de concesión.

Mientras se resuelven estos asuntos, se avecinan las elecciones de marzo y las de mayo. Analistas cercanos al proceso señalan que habrá mucho ruido. Si se aprueba el referendo y el presidente Uribe decide presentarse a una reelección, entrará a sonar la Ley de garantías, que prohíbe la contratación directa seis meses antes de los comicios presidenciales. Sonar, porque en plata blanca la restricción no aplica a la Cntv por ser constitucionalmente autónoma del gobierno.

La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, está tranquila respecto de este tema. "El Gobierno confía, dijo, que con los criterios objetivos de evaluación previstos en los pliegos de condiciones preparados por la CNTV, tengan tranquilidad los proponentes y continúe el manejo responsable para garantizar una adjudicación transparente e imparcial".

No obstante la realidad política es otra: la mayoría de sus miembros es considerada uribista. Por eso, la adjudicación del tercer canal por la Cntv va a generar un ruido innecesario que se habría podido evitar si la licitación hubiera mantenido el cronograma inicial.

La crisis

Ahora bien, al margen de cómo se resuelven muchos de los temas, todo parece indicar que al final no llegarán los tres proponentes que se registraron. No es un secreto que el Grupo español Prisa atraviesa por una "extremadamente difícil" situación económica, como lo reconoció la semana pasada Juan Luis Cebrián. Recientemente, el grupo acordó con los bancos ampliar hasta el 31 de marzo del próximo año el pago de un crédito por 1.950 millones de euros.

Así las cosas, muchos dan por descontado que Prisa no va a querer meterse en un negocio que exige, en una primera etapa, millonarias garantías y luego inversiones superiores a 70 millones de dólares para entrar a participar. Adicionalmente, el nuevo operador deberá meterse la mano al bolsillo para la infraestructura de televisión digital que deberá empezar en forma el próximo año. En total la inversión necesaria es superior a 200 millones de dólares.

Fuentes cercanas a este proponente le dijeron a SEMANA que los periódicos locales colombianos, socios de Prisa para el tercer canal, resolvieron bajar su participación, pues la crisis económica ha golpeado todos los medios. El panorama no es claro en este frente, a pesar de que la versión oficial es que el consorcio sigue adelante.

El retiro de alguno de los aspirantes implicaría un golpe para las arcas de la Cntv, ya que con dos consorcios es menos la puja por la plata.

Como se ven las cosas, el tema del tercer canal de televisión va para largo. Son muchos los interrogantes y el tiempo está pasando sin que sean resueltos. Algunos ya hablan de que tal vez le va a tocar a un nuevo gobierno adjudicarlo.