Alta tensión por Electricaribe: ¿qué está pasando?

Una gran controversia se desató en el sector eléctrico esta semana, luego de conocerse que solo Enel Américas fue el único interesado en participar en el proceso para operar Electricaribe, la mayor distribuidora de energía en la costa Caribe. El anuncio desató una tormenta y tiene divididos a los empresarios del sector, en la incertidumbre a los usuarios de la costa Caribe y tiene contra las cuerdas al gobierno.

El gobierno abrió en junio pasado una convocatoria para los inversionistas interesados en operar Electricaribe. En este proceso, la única empresa que mostró interés real y presentó sobre con una propuesta fue Enel Américas, con sede en Chile, que hoy tiene participación en Codensa y Emgesa.

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El hecho de que Enel sea la única empresa interesada deja dos conclusiones: primero, que la situación financiera de la empresa es muy delicada y espantó a muchos inversionistas, lo cual dificulta la solución. Y segundo, el hecho de que pueda participar Enel plantea una polémica, ya que quedaría con el 46 por ciento del mercado, por encima del límite regulatorio. Por eso, si finalmente se elige esta propuesta, habría que cambiar la regulación.

El problema es que, de escoger a Enel como operador de Electricaribe, sería necesario cambiar la regulación, adoptada para evitar la concentración del poder en unas pocas manos, fomentar la competencia del sector y evitar que un solo operador fije los precios y afecte a los consumidores. Pero además implicaría cambiar las reglas de juego, lo que podría crear desajustes y concentrar nuevamente el mercado.

La discusión tiene varias aristas. Al ser un sector regulado está previsto que ninguno de los grupos que participan en generación y comercialización de energía pueda tener una cuota de mercado superior al 25 por ciento.

La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, asegura que para solucionar el tema de Electricaribe hay que contemplar todas las opciones.

En el participa en todos los tramos de la cadena por medio de Codensa y Emgesa, con una cuota de mercado cercana al 24 por ciento. Solo en el caso de la generación, cuenta con 12 plantas. Esto implica que de ser operador de Electricaribe, pasaría a controlar el 46 por ciento del mercado de energía y sumaría más de 2,6 millones de usuarios en la zona Caribe.

Por otro lado, está el malestar porque presentaron la propuesta a nombre de Enel Américas, con sede en Chile, que a su vez es holding de la empresa que ya opera en Colombia. El senador José David Name ha interpretado eso como un intento de hacerle un esguince a la ley colombiana para evadir los topes.

También está la preocupación por los recientes litigios en los que ha estado involucrado Enel, como una demanda contra el gobierno de Argentina por 1.200 millones de dólares anunciada hace un mes y varias controversias en países como España y Chile por el manejo de sus relaciones con accionistas minoritarios.

Frente a los cuestionamientos, voceros de Enel Américas señalaron que hasta ahora solo han comprado un paquete de información “para realizar un análisis más profundo del estado de Electricaribe”, pero no han tomado ninguna decisión sobre presentar o no una oferta formal.

Pero, sin duda, el tema de fondo es qué tanto el debate sobre aumentar la concentración del sector energético podría afectar el proceso para reactivar Electricaribe.

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El gobierno intervino esta empresa el 15 de noviembre de 2016 para responder a las crecientes quejas de la comunidad por el deficiente servicio prestado en la costa Caribe y reorganizarla financiera y administrativamente para garantizar su sostenibilidad. Pero dos años después permanecen las quejas por el servicio y el Estado se ha quedado con una papa caliente por los multimillonarios pasivos de la compañía y el escaso margen de maniobra.

Las deudas laborales y pensionales de Electricaribe, que suman 1,2 billones de pesos, las que tiene con el sector financiero y otros proveedores, por 2,5 billones de pesos, y la urgencia de invertir en los próximos 10 años unos 8 billones de pesos reducen las opciones de salvamento para la compañía. Esto ha puesto al gobierno en una verdadera encrucijada, pues debe conseguir en forma prioritaria una empresa operadora que resuelva todos estos problemas.

Cuestión de topes

Los empresarios del ramo defienden las normas diseñadas hace más de tres décadas para regular el mercado de energía porque han resultado positivas para promover la competencia y evitar la concentración del poder en unas pocas manos.

Creen que cambiar ahora los topes permitiría a un solo operador acumular más poder e iría contra lo que están haciendo en el mundo, en donde es cada vez más importante desconcentrar los mercados.

Entre los gremios hay preocupación por solucionar el tema de Electricaribe, pero creen que no puede consistir en concentrar de nuevo el mercado. La presidenta de Acolgen, Ángela Montoya, aseguró que “la costa Caribe se merece un servicio de calidad y es increíble que no haya tenido una solución. Pero en lugar de concentrar mercados debemos buscar oferentes en el mundo porque hay muchos interesados”.

Ángela Montoya, Presidenta de Acolgen. 

En julio pasado Alejandro Castañeda, el presidente de Andeg, el gremio de empresas de generación, había advertido sobre la importancia de buscar una salida integral a Electricaribe. Pero expresó su preocupación frente a la propuesta informal del Ministerio de Hacienda de eliminar el límite de participación. Otros gremios como Andesco y Asocodis también tienen esta preocupación.

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Pero no todos comparten esta postura. En medio del debate avanza en el Congreso un proyecto de ley presentado por el senador José David Name, que plantea llevar los topes de participación al 50 por ciento. La iniciativa, dice Name, podría solucionar efectivamente el problema que hoy enfrenta la costa Caribe por falta de un operador eficiente, que haga las inversiones necesarias y mejore la calidad del servicio.

Al permitir a compañías locales como EPM o Grupo Energía Bogotá aumentar su participación del mercado más allá del 25 por ciento, podrían manejar partes importantes del mercado de la costa y conseguir eficiencias que las empresas extranjeras no lograrían porque no conocen el mercado local, asegura Name.

La Comisión Quinta del Senado debatirá esta iniciativa el próximo miércoles para hacer su tránsito legislativo. Y por ahora existe un buen ambiente para su aprobación, asegura el senador.

No es la única vía para ampliar los topes en este mercado. Gremios y empresarios comparten la preocupación por posibles presiones para cambiar la norma y modificar los topes vía resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas o incluso por un decreto del Ministerio de Minas y Energía.

Oficialmente la Creg no se ha pronunciado sobre el tema. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha dicho que desde el gobierno están contemplando todas las opciones para lograr que la costa Caribe cuente con un servicio de energía óptimo.

Más allá de la controversia por el tema regulatorio, la prioridad que hoy tiene el país es conseguir el mejor operador para Electricaribe. Ese es un tema que no da espera. Si quienes están dispuestos a hacerlo tienen los recursos para invertir y reactivar la empresa, pero están en riesgo de incumplir las normas regulatorias, será el gobierno el que tendrá que estudiar las alternativas, y si la decisión es continuar con el proceso, garantizar que no se afecte la competencia en este mercado.

Lo malo no es que haya una alta participación de mercado, sino que los operadores terminen abusando de su posición de dominio o no hagan las inversiones que se requieren. Por eso será clave que haya una normatividad adecuada que pueda evitar posibles abusos.

Todavía habrá que esperar para conocer, la próxima semana, la propuesta de Enel para quedarse con la operación de esta compañía y el análisis de la Creg frente a esta propuesta. Lo importante al final de cuentas es que los consumidores de la costa atlántica tengan una respuesta a sus necesidades de energía eficiente y de calidad.