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Hidroituango y Electricaribe: dos ‘chicharrones’ billonarios

Rescatar Electricaribe podría costar 12 billones de pesos , mientras que en Hidroituango la crisis podría llegar a 9 billones. En el primer caso urge conseguir un socio; en el segundo, solucionar el lío entre EPM y el Concejo de Medellín.


La apremiante situación fiscal del país tiene corriendo al nuevo gobierno. El presidente Iván Duque ha dicho que encontró a su llegada a Palacio un faltante presupuestal cercano a los 25 billones de pesos, que ha obligado a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a explorar opciones para financiar los programas sociales y las inversiones que requiere el país en 2019.

Pero no solo en ese frente tendrá que apagar incendios. En los próximos días deberá definir cómo enfrentar dos bombas de tiempo que amenazan el sector energético del país. Por un lado, definir el nuevo operador para Electricaribe, el mayor distribuidor de energía en la Costa Caribe intervenido a finales de 2016 como consecuencia de su crisis financiera. Conseguirle socio se ha vuelto una tarea difícil no solo por la complejidad del negocio de distribución de energía en siete departamentos, sino porque involucra enormes cifras: se estima que rescatar la empresa y mejorar su operación podría requerir unos 12 billones de pesos.

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Por otro lado, el gobierno tendrá que determinar la profundidad de la crisis de EPM y su central hidroeléctrica Hidroituango. Esta obra, en pleno proceso constructivo, enfrentó a finales de abril una de las mayores emergencias económicas y sociales en la región, cuyas pérdidas tienen enfrentados a los directivos con los concejales de Medellín. Además, la demora en poner en operación esta central eléctrica –debía estar lista en 2021– le generará al gobierno un hueco en la oferta de energía que lo obliga a contemplar alternativas para moverse rápido y tener lista una matriz energética que abastezca la creciente demanda de los colombianos.

Los dos complejos asuntos, para muchos expertos, no tienen una salida clara. Buscar el socio para Electricaribe es una labor titánica, en buena medida porque el modelo de rescate planteado hasta ahora se parece a los ya intentados en el pasado sin resultados exitosos. En el caso de Hidroituango, si bien EPM ha anunciado un plan de ventas para garantizar que el proyecto salga a flote, los escenarios pesimistas indican que en caso de que haya colapsado la casa de máquinas, las pérdidas superarían los 9 billones de pesos. Por ahora, los concejales de Medellín no quieren que se vendan activos para solucionar la crisis.

Esto significa que el salvamento de estas dos empresas podría superar los 20 billones de pesos. Esto no quiere decir que el gobierno central tenga que salir a responder por esas cifras, pero sí tendría que intervenir, eventualmente, para garantizar que el país no quede expuesto a fallas en el suministro y generación de energía. Todo un cortocircuito.

Un barril sin fondo

A finales de este mes se reactivará la búsqueda de un nuevo inversionista-operador para Electricaribe, la empresa de energía de la osta intervenida por el gobierno nacional en noviembre de 2016. Este 28 de septiembre el Ejecutivo publicará el reglamento definitivo del proceso y comenzará a recibir las ofertas no vinculantes. Con esto, llegó la hora de la verdad y de conocer el interés real de las empresas por quedarse con el servicio de distribución de energía eléctrica en la Costa Caribe.

A pesar de que se trata de un mercado con más de 2,7 millones de usuarios, no resultará fácil conseguir quien se haga cargo pues, tal como quedó estructurado el proceso, podría venir más de lo mismo y de ese modo sería difícil que un inversionista se le mida al negocio. Esto se debe a que el nuevo operador no solo debe invertir sumas millonarias para actualizar la infraestructura: también debe hacerse cargo de los líos laborales –múltiples convenciones colectivas–, el pasivo pensional y las deudas con los acreedores. Se estima que las inversiones requeridas durante la próxima década ascenderían a 8 billones de pesos.

También tendrá que recibir a los empleados de Electricaribe dedicados al negocio –un proceso de sustitución patronal– y hacerse cargo del pasivo pensional cuyo monto se estima en alrededor de 1,2 billones de pesos. Electricaribe tiene aproximadamente 1.500 empleados directos y más de 7.300 tercerizados, así como más de 3.000 pensionados.

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La compañía también tiene aún pasivos previos a la intervención por más de 2,4 billones de pesos, que corresponden a deudas con el sector financiero por 1,8 billones de pesos, con las generadoras por 389.000 millones y con cientos de proveedores por otros 249.000 millones de pesos. A estas cifras se suman los créditos contratados durante el proceso de intervención para comprar energía y mantener el servicio en la región. La empresa tomó estos créditos a través de un fondo empresarial que les giraba directamente a los generadores. Se estima que esta deuda –aprobada mediante documentos Conpes, pues tiene el respaldo de la Nación– ascendería al final de este año a 1,2 billones.

Al final, el ‘chicharrón’ de Electricaribe requiere recursos superiores a los 12 billones de pesos. Si bien no se necesitan de inmediato, sí dan idea de la magnitud del problema.

En este proceso el gobierno solo tendrá en cuenta ofertas de compañías con un patrimonio superior a los 500 millones de dólares y que hayan manejado, en los últimos 3 años, una empresa de distribución de energía eléctrica o gas natural domiciliario que atienda a por lo menos 600.000 suscriptores.

La oferta puede consistir en un precio de compra en efectivo o en un plan de reestructuración producto de un acuerdo con los acreedores. Todo esto limita el número de empresas que podrían hacer sus ofertas, en especial si se tiene en cuenta que en el país existe una restricción legal: ningún operador del mercado de distribución y comercialización de energía puede tener más del 25 por ciento de participación, para evitar una posición dominante.

El gobierno anterior se había comprometido a levantar este tope regulatorio, pero hasta el momento la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, no se ha pronunciado. Electricaribe representa alrededor del 23 por ciento de la demanda nacional. Esto significa que en la práctica las grandes empresas que operan en Colombia no podrán participar. EPM, que había expresado su interés, enfrenta grandes problemas financieros con la crisis de Hidroituango. En el grupo Codensa-Emgesa no han tomado una decisión, según Lucio Rubio, presidente del grupo, porque“no tenemos información objetiva que nos permita valorar el negocio de Electricaribe. Existe interés en crecer en los mercados de distribución y aumentar el número de clientes, pero cada inversión necesita un análisis exhaustivo”.

Esto deja abierta la puerta a grandes fondos de capital privado como Brookfield, que ya compró Isagén y el negocio de gas de Unión Fenosa, o consorcios de compañías. Incluso hubo rumores sobre la posibilidad de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, que manejaba la operación intervenida en noviembre de 2016. Naturgy demandó al país por más de 1.626 millones de dólares en tribunales internacionales por la intervención de la empresa.

El gobierno y varios ministros negaron esos rumores. Sin embargo, Gas Natural Fenosa sigue siendo accionista del 85 por ciento de Electricaribe, pues no hubo expropiación. Por esto, si Naturgy se presenta al proceso y se compromete a hacer las inversiones requeridas, será considerado como cualquier otro jugador. Sin embargo, la compañía no se ha acercado, afirman fuentes del gobierno.

Los gobernadores del Caribe y la bancada costeña del Congreso, encabezada por el senador David Barguil, rechazan en forma vehemente esta posibilidad. Barguil entiende que el gobierno debe ser cuidadoso con este tema, pero cree que hay que pasar de una posición reactiva a una ofensiva, pues “hay que recordar los hallazgos de la Contraloría que mostraron cómo esta compañía se apropió ilícitamente de los subsidios para los menos favorecidos”, según el senador.

Hay otro gran problema: las tarifas. Los senadores de la Costa consideran inaceptable que los usuarios terminen por pagar las nuevas inversiones vía mayores tarifas, cuando han sido los más damnificados. Por esta razón, Barguil sostiene que el gobierno no debería descartar un modelo mixto. Esto es, conseguir un operador privado con las calidades técnicas y los recursos, pero en asocio con el propio Estado. En este caso, los recursos de la Nación saldrían de un Conpes como se ha hecho durante la intervención y se podría acudir a las regalías y a una redistribución del cargo por confiabilidad. De hecho, junto con el senador José David Name ya presentó un proyecto de ley en este sentido.

La intervención ha sido relativamente exitosa porque hay leves mejoras en el recaudo y el servicio. Pero el déficit mensual sigue y hoy alcanza alrededor de 40.000 millones de pesos.

Frente al proceso de búsqueda de socio, las ofertas que pasen la precalificación irán a una segunda fase con oferta vinculante. La adjudicación podría hacerse en el primer semestre de 2019. Si no, habrá que seguir evaluando alternativas. Ya se conocen algunas propuestas. Eva María Uribe, exsuperintendente de Servicios Públicos, dice que no hay que olvidar que este es un mercado grande y diverso. Por esto, propone crear un holding que asuma los activos y maneje los pasivos y deudas, pero con dos compañías: una, a cargo del mercado más rentable con un inversionista que tendría la opción de volverse propietario en el largo plazo, y una segunda donde se vincularía un operador. Esto es, un concesionario que se encargue de garantizar la operación, pero donde los subsidios del gobierno tendrían que ser mayores, pues son las zonas más pobres de la Costa.

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María Paula Jaramillo, superintendente de Servicios Públicos encargada, reconoce las dificultades pero afirma que tiene un “optimismo moderado” porque el mercado de energía de la Costa crece por encima del resto del país. El tema de Electricaribe afecta no solo a la Costa, sino a todo el país. Es una bomba de tiempo por desactivar.

Conjurando el apagón

En cuanto a EPM, todo ha sido muy confuso en los últimos meses. Después de la emergencia de Hidroituango de hace cinco meses, no se sabe mucho del futuro de la segunda empresa más importante del país después de Ecopetrol. Su megaproyecto más importante garantizaría la seguridad energética del país por un costo estimado en 11 billones de pesos. Pero podría fracasar en caso de que, después del paso del río Cauca por allí, la casa de máquinas haya quedado destruida.

En materia financiera, todo se ha hecho más confuso desde cuando el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, anunció la necesidad de pedirle al Concejo de la ciudad autorización para enajenar algunos activos para recoger 7 billones de pesos. En las finanzas de la empresa de servicios públicos domiciliarios se ve un aumento en sus pasivos, especialmente en los últimos cuatro años. Este panorama no les gustó a los concejales de la ciudad, quienes se enteraron de que la empresa parecía sufrir una crisis anterior a los hechos de Hidroituango.

Algunos informes confidenciales muestran cifras de deuda que preocupan. Estas se remontan a 2003, cuando incursionó en el mercado internacional al comenzar a construir la hidroeléctrica Bonyic, que al parecer habría generado un detrimento patrimonial de 420.000 millones de pesos. Allí empezó el proceso de conversión hacia grupo empresarial como holding de negocios. .

En 2006 comenzó el proceso de inserción en la lista de emisores de bonos internacionales de la Bolsa de Valores de Colombia  y  para 2009 abrieron inversiones en Guatemala, la primera compra en el exterior.

Mientras los alcaldes y gobernadores de la Costa Caribe le piden al gobierno una pronta solución con Electricaribe, en el Concejo de Medellín los ánimos están caldeados luego de que EPM pidió autorización para vender activos por 7 billones de pesos. Los concejales creen que la crisis es anterior a la emergencia de Hidroituango. 

Para incursionar en otros negocios y al mismo tiempo crecer en el nicho nacional, la empresa empezó a aumentar su endeudamiento. En 2009 la deuda total llegaba a 6 billones de pesos y hoy alcanza los 18,1 billones, en una tendencia ascendente desde 2013. En ese año la deuda era de 9,6 billones de pesos cuando era gerente Juan Esteban Calle, quien pasó a trabajar en el Grupo Argos, dueño de la empresa Celsia y competencia directa de EPM.

Jorge Andrés Tabares, vicepresidente ejecutivo de Finanzas Corporativas e Inversiones de EPM, asegura que “para entender estas deudas hay que tener en cuenta el nivel de inversiones en infraestructura de los últimos años: de 2014 a 2017 invirtieron en el portafolio de infraestructura 18 billones de pesos, así que el 85 por ciento de la deuda está en infraestructura”.

Varios concejales de la ciudad, como Luz María Múnera y Bernardo Alejandro Guerra, responsabilizan del panorama al exgerente Calle, quien, según ellos, empezó una serie de inversiones que hoy juzgan innecesarias, como el caso de Aguas de Antofagasta, en Chile, hoy en venta, por la que la empresa pagó –según la Contraloría–560.000 millones de pesos de más.

La tensión entre las partes ha sido tal que EPM le aceptó a SEMANA que ha usado el polígrafo para saber quién está filtrando información al Concejo de Medellín.

Por eso, aunque la Alcaldía de Medellín ha querido que se apruebe cuanto antes la venta de activos para resolver el problema, los miembros del Concejo son reticentes, pues no quieren entregarle a EPM un cheque en blanco para salir de acciones como las de ISA, que le representan el 10 por ciento en una empresa de su mismo nicho y con gran reputación. Sin embargo, de una rápida solución financiera al tema dependerá que por fin se aclare el panorama para Hidroituango.

Al final del día, lo que pase con Hidroituango y Electricaribe lo pagaremos, inevitablemente, todos los colombianos.