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¿Empresas pueden obligar a los trabajadores a vacunarse contra el coronavirus?

Un debate global se abrió este año, por cuenta de las personas que no desearían aplicarse la inmunización. ¿Cómo aplica en Colombia?


Decenas de compañías en Estados Unidos y el mundo han abierto un polémico debate sobre si estas pueden obligar a los trabajadores a vacunarse contra el coronavirus, si desean seguir laborando en las mismas.

En el país norteamericano, diversas empresas han adoptado estos filtros, con el fin de que sus ambientes laborales sean seguros y no tengan afectaciones de salud pública, sobre todo en un país que tiene el mayor número de contagiados a nivel mundial.

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No obstante, diversos expertos y conocedores del derecho laboral han expresado que estas disposiciones no pueden tomarse a la ligera. Sobre todo porque puede trascender la esfera personal de los trabajadores, muchos de los cuales no ven seguro el hecho de vacunarse contra la covid-19.

Por ejemplo, en Colombia, el 44,2 % de los colombianos afirma no estar interesado en aplicarse la vacuna, según el reporte de Pulso Social del Dane. Allí, la entidad estadística ha encontrado que las cada vez son más los jefes de hogar que no están interesados en inmunizarse contra la covid-19, en caso de que esté disponible una cura.

Las razones detrás de esta decisión, según reveló hace unas semanas el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, tienen que ver con el miedo de las personas a los posibles efectos secundarios y a las dudas que aún persisten entre las personas sobre la efectividad de las vacunas.

Si bien al país aún no han llegado lotes de estas, analistas laborales prevén que la situación generará tensiones en los espacios laborales.

“En España e Italia viene debatiéndose esta problemática, sobre la base de la prevalencia de los derechos fundamentales ligados a la libertad de conciencia y dignidad del trabajador, salvo en casos extremos de posible afectación de derechos de terceros”, explica Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Y agrega que “en Colombia debe evaluarse en cada caso concreto el carácter imprescindible de la vacuna para el desarrollo de las funciones encomendadas al trabajador, dada la posible afectación a terceros y la imposibilidad de adoptar acciones alternativas que permitan reducir el riesgo y respetar el principio de estabilidad en el trabajo”.

En su concepto, el mejor escenario sería que haya una previsión legal específica sobre este debate, ante la posible afectación de terceros por la no vacunación del trabajador.

En todo caso, cree que el empleador debe considerar la adopción de modalidades de trabajo a distancia (trabajo en casa y teletrabajo) y el traslado a espacios de reducción de la exposición al contagio, “respetando el carácter voluntario del proceso de vacunación para la realización de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la objeción de conciencia y la dignidad humana”.

Palabras más, palabras menos, para Jaramillo no se le podría obligar a una persona recibir las dosis de las vacunas como argumento para mantener su puesto de trabajo. No obstante, no hay una norma que así lo exprese.

De hecho, durante los debates de la ley de vacunas, aprobada en el Congreso el año pasado, se dejó claro que en ningún caso se avalaría la obligatoriedad de la misma. Además, en el proyecto de decreto del Plan Nacional de Vacunación se detalla que la vacunación es voluntaria y, por tanto, a cada persona se le debe preguntar si desea vacunarse.

Si la respuesta es afirmativa, se agendará la cita para adelantar el procedimiento. “Si la persona se niega se hará registro de la información sobre su negación”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé que haya disputas en juzgados sobre si es posible que una empresa desligue a un trabajador o no lo acepte para un empleo nuevo, en caso de que este decida no aceptar las dosis contra el coronavirus.

En este caso, expertos consultados por SEMANA señalan que la persona afectada podría imponer una acción de tutela y sería un juez el que tenga la última palabra. Eso sí, aseguran que este debería ser el último recurso al que accedan patronos y trabajadores.

Lo anterior, teniendo en cuenta que hay un sinnúmero de profesiones y oficios que pueden realizarse de manera remota, con teletrabajo o en los que se pueden cambiar las funciones, de tal modo que no haya necesidad de asistir presencialmente al espacio de trabajo. Así las cosas, una persona podría seguir trabajando sin ponerse la vacuna.