En aprietos

Ramiro Valencia Cossio esta en medio de un gran dilema. Hace unos meses, cuando era gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se opuso radicalmente a un proyecto de ley que propone liberar los precios del gas natural. Ahora, como Ministro de Minas, deberá asumir la postura del gobierno a favor de la liberación de los precios.

Todo comenzó hace unos meses cuando se radicó en el Congreso este proyecto que promueve las exportaciones de gas y libera los precios internos a partir del año 2003. Aunque el valor del gas con destino a exportaciones ya era libre la propuesta pretendía que a través de la liberación de los precios internos se pudiera incentivar la exploración de nuevos yacimientos. Carlos Caballero Argáez, ministro de Minas de ese entonces, y Alberto Calderón, presidente de Ecopetrol, apoyaron la iniciativa argumentando que ayudaría a que las multinacionales se sintieran incentivadas a continuar explorando los pozos gasíferos.

Valencia Cossio, por el contrario, estuvo en contra de la medida. En repetidas ocasiones cuestionó la posición del gobierno y en forma enfática señaló que la liberación provocaría aumentos en los precios futuros, no sólo del gas sino también de la electricidad, ya que el valor de ésta última está asociado a los costos de producción de las termoeléctricas. Incluso enseñó cifras de EPM que calculaban el impacto sobre los consumidores en 350 millones de dólares anuales. “Para exportar gas no es necesario liberar el precio interno. Esto lo único que haría sería generar un sobrecosto a los usuarios”, declaró en diferentes oportunidades.

Los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tienen argumentos similares. Además aseguran que se estaría violando un principio económico según el cual la libertad de precios sólo opera en mercados competitivos y no en los que existe monopolio. Teniendo en cuenta que Ecopetrol concentra hoy por hoy el 60 por ciento del mercado esta tesis podría ser válida. De acuerdo con la Ley 142, o de servicios públicos, quien posea una participación superior al 25 por ciento del mercado tiene una posición dominante. Además, cuando termine en 2004 la concesión de los pozos de La Guajira por parte de la Texas, Ecopetrol tendrá el 85 por ciento del mercado nacional de gas natural.

Pese a los argumentos expuestos por la Creg y por el propio Valencia Cossio la posición del gobierno fue y sigue siendo una: liberar los precios. Este desacuerdo entre las partes causó una división en el seno de la Cámara, ante lo cual el propio Caballero propuso en la sesión del 15 de diciembre pasado posponer para 2001 el debate para permitir una amplia discusión pública sobre el mismo.

El 9 de marzo de 2001, último día de su gestión como ministro, Caballero insistió en realizar una reunión con los expertos de la Creg para comprometerlos con el proyecto de ley. Sin embargo tres de los cuatro expertos no accedieron a esta petición. Ante esta negativa el Ministro envió una carta a Carmenza Chahín, directora de la Creg, diciendo: “Recibí con extrañeza la notificación de que los expertos de la Creg habían decidido cancelar la reunión que se había programado para hoy al medio día… Sin embargo, sí deseo dejar constancia por escrito de que se hizo un intento por llegar a un acuerdo con ustedes que permitiera desembotellar el tema del gas”.

La respuesta de los expertos no se hizo esperar y el pasado jueves 15 de marzo respondieron a Caballero: “Sentimos que se trató de ejercer una presión indebida sobre los miembros del Comité de Expertos de la Comisión. Dada la magnitud y trascendencia de una decisión de esta naturaleza, consideramos que este tema debe ser discutido ampliamente en el pais y con la participación del nuevo Ministro de Minas y no en las condiciones propuestas por Usted”.

Y es que todo indica que, además de diferencias de criterio, en esta discusión hay intereses en juego que involucran a los actuales productores de gas. “La iniciativa busca favorecer los intereses de Ecopetrol y sus asociados (Texas y British Petroleum —BP—)” declaró Chahín en octubre del año pasado a SEMANA en el artículo titulado ‘Arde el gas’.

Al parecer, además de una discusión técnica sobre el monopolio del gas y los incentivos para la exploración, existen intereses ocultos. Actualmente casi todo el país se abastece con el gas que hay en La Guajira pero este no es el único lugar donde existen reservas. En Cusiana, además de petróleo, hay enormes cantidades de gas. Sin embargo la BP y Ecopetrol, que operan ese campo, prefieren sacar el petróleo —en vez de gas— porque el crudo tiene un mejor precio. Ahora, si el gas tuviera un precio más alto, valdría la pena sacar el gas de Cusiana para abastecer el mercado nacional. Al estar el país suficientemente abastecido por Cusiana el gas de La Guajira quedaría libre y se podría exportar.

El mercado más probable en el corto plazo es Venezuela, pues a pesar de tener enormes reservas en el oriente no tiene bien abastecidas las zonas cercanas a Colombia. Se rumora también que Estados Unidos sería un potencial destino de las exportaciones. Un dato es interesante: mientras que en Colombia el millón de BTU (unidad de gas) está a 1,50 dólares en Estados Unidos llega a 10 dólares.

Así las cosas, la BP y Amoco sólo se motivarían a extraer gas de Cusiana si lo pueden vender a un precio similar al que recibirá la Texas con la exportación a otros países.

Diferentes expertos constitucionalistas manifestaron a SEMANA que de ser aprobado el proyecto de ley de gas en la forma como está redactado se estaría contrariando los artículos 333 y 336 de la Carta Política que consagran el derecho a la libre competencia y prohiben el establecimiento de monopolios. En su concepto, la liberación de los precios de gas implicaría consagrar el monopolio de Ecopetrol y de sus asociados. Agregan que la ley corre el riesgo de ser declarada nula por la Corte Constitucional.

Todo indica, pues, que la posición de Ramiro Valencia no será nada fácil cuando el proyecto sea sometido al último debate en la Cámara de Representantes. “Aún no puedo decir qué va a pasar al respecto. Por lo pronto estoy esperando instrucciones del señor Presidente”, aseguró Valencia a SEMANA.

De lo que pase en la Cámara dependerá no sólo el futuro de las tarifas de electricidad y gas sino la estabilidad del sector eléctrico y el programa de masificación de gas.