EN TIERRA TORCIDA

Una simple y nada prometedora rueda de prensa celebrada el miércoles 5 de marzo en el Hotel Hilton de Bogotá dio la largada a una noticia que habría de conmocionar a un sector mucho más amplio de lo imaginado y lograría ganarle espacio a la saturación de informaciones preelectorales: el cierre del Hipódromo de Los Andes, único lugar en Colombia donde se programan carreras de caballos.
Ocho años después de una bulliciosa inauguración y tras una acumulación de pérdidas de mil millones de pesos, la Sociedad Hipódromos de Colombia Ltda. decidió poner fin a su descalabro económico y dentro de dos meses los 1.200 pura sangre que pueblan potreros y caballerizas en Colombia quedarán enfrentados a un destino incierto.
Al entrar en el proceso de liquidación de la empresa, previo anuncio de rigor a la Superintendencia de Sociedades, los accionistas descartaron la vía de la convocatoria a un concordato de acreedores y se acogieron a la realidad de las cifras de un negocio que es bueno para miles de personas pero pésimo para los propietarios de ese parque de 70 hectáreas, ubicado en el municipio de Chia, al norte de Bogotá: las pérdidas el año pasado fueron de 271 millones de pesos, 43 por ciento más que en 1984.
Los balances, que mostraron en 1985 un crecimiento de gastos del 23 por ciento contra sólo un 16 por ciento de aumento de las apuestas, pusieron en jaque a la empresa y el mate llegó cuando fracasaron conversa ciones con el gobierno nacional para que se redujeran las tablas de ganancias ocasionales (factor de desestímulo para los apostadores) y con el Concejo de Chía, con el que se buscó un arreglo para que los impuestos no fueran del diez por ciento sobre las apuestas, sino una tarifa fija de dos millones de pesos mensuales, reajustables cada año.
Tras la imposibilidad de lograr esos alivios fiscales, la Sociedad determinó la liquidación ya que los accionistas después de sucesivas recapitalizaciones, decidieron cesar sus inversiones, responder por todas las deudas y obligaciones laborales y cerrar, así, un nuevo capítulo de la historia hípica colombiana glorificada por la calidad de sus caballos, animada por una afición mucho más grande de lo que aparenta, pero vapuleada por impuestos y por el juego clandestino.
VIVIDORES A CABALLO
El anuncio del cierre de Hipoandes sacudió a un numeroso grupo de apostadores profesionales que durante la semana tuvieron una legión de colegas efímeros que jugaron con plata a las aproximaciones de los resultados electorales, pero quienes más sintieron la llegada del desempleo fueron los 882 empleados directos de la empresa y, de ahí para abajo, un amplio sector de personas que viven para y de los caballos. Los cálculos más comunes establecen en 10 mil el-número de colombianos que se ganan la vida con las tres jornadas semanales de carreras (miércoles, sábados y domingos), mientras que otras estadísticas más generosas ubican la cifra en 15 mil, en números gigantes comparadas con la dimensión que suele atribuírsele, pero que muestran la generación de empleo de la hípica, tenida en los Estados Unidos como la tercera fuerza de mano de obra.
Dentro de ese grupo hay jinetes (432 en total), cortadores de pasto, personal del transporte, preparadores (tres para cada caballo), palafreneros, expendedores de tiquetes, empleados de criaderos, padrilleros (expertos en la atención de los reproductores) y después de este núcleo otras actividades también resultan damnificadas con la suspensión de las carreras: la industria marroquinera que surte de avíos a los propietarios de los ejemplares y, además, las fábricas de alimentos concentrados, los veterinarios y los expertos herreros.
Todos ellos son, pues, los perjudicados por el espectáculo de desolación que comenzará a verse en los partidores automáticos y en las pistas de grama y de arena, pero no son ellos los contribuyentes a la toma de la decisión que, como se dijo, tiene en el juego clandestino un factor determinante en la fuga de las apuestas de los cauces institucionales: en las reuniones oficiales de Hipoandes se apuestan cerca de 60 millones de pesos por semana, mientras que en bares y cafetines de distintas ciudades del país (especialmente Medellín, Cali y Bogotá) se juegan unos 200 millones de pesos, en "empresas" donde los propietarios del negocio no tienen más gastos que el teléfono, el tinto y las baterías para escuchar las carreras a través de la radio.
Los "empresarios" de ese juego clandestino, que en total pueden ser unos cien, no sólo no corren con los riesgos ni con los gastos de todo el montaje para las carreras sino que, además, no están sometidos a estrictos controles fiscales ni sus clientes son pasados por el fuego de las tablas de retención de ganancias ocasionales.
DESEMPLEO EQUINO
La incertidumbre del porvenir de los caballos que han sido preparados en los criaderos de Bogotá, Medellín, Valle del Cauca y Boyacá también ha comenzado con el anuncio de la suspensión de Hipoandes y en el futuro sólo se advierte la posibilidad de que unos cien de los 1.200 puedan mantener su vida útil en el país, a traves de vinculaciones a clubes de equitación.
El resto de los pura sangre, así como los cerca de 800 vientres reproductores, tratará de ser colocado por los propietarios en países vecinos donde la actividad hípica se mantiene en apogeo y donde la calidad de los ejemplares colombianos los ha hecho ganadores de carreras importantes y de un buen prestigio.
En diciembre de 1984, por ejemplo, la yegua Galilea, propiedad de Elkin Echavarria Olózaga (un empresario que junto con Carlos Haime es de los mayores accionistas de Hipoandes) conquistó el Internacional del Caribe, en Panamá, un premio que equivale a la Copa Libertadores de América en fútbol y el acontecimiento significó uno de los mas grandes orgullos en la historia de la hípica colombiana, según Jorge Gómez Viera, redactor hípico del periódico El Mundo, de Medellín .
Para mantener el símil con el fútbol y radiografiar lo que es la afición a los caballos de carreras en Colombia, cabe contar que para la oportunidad de ese evento en Panamá viajaron desde Colombia dos aviones fletados con fanáticos de la hípica y el año pasado, para presenciar una carrera en Caracas donde corrían los ejemplares colombianos Murano y Alameda, el número de personas que se desplazó fue de 250, contra sólo 35 hinchas del equipo América de Cali que lo acompañaron a la Argentina para la final de la Copa Libertadores.
Pero a pesar de aquellos clubes hípicos a donde podrán ir algunos de los caballos que quedarán cesantes con el cierre del hipódromo y a pesar del prestigio de los animales colombianos, de todas maneras muchos de ellos se veran enfrentados a pastar indefinidamente y a un costo para sus propietarios que se revela con estas cifras: en promedio cada uno de esos ejemplares cuesta 500 mil pesos y para mantenerlos hay que disponer de por lo menos una cuadra de tierra para cada uno.
Ese-el de los pura sangre sin uso pastando interminablemente y aquel-el de más de 10 mil personas que se lanzarán al rebusque de la comida son dos de los dramas que arrancaron en aquella simple y nada prometedora rueda de prensa del Hotel Hilton de Bogotá donde se anunció que, otra vez, la historia de la hípica colombiana sufre una caída . --
UNA HISTORIA A LAS CARRERAS
Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con fray Pedro Simón en sus "Noticias historiales de las conquistas de tierra firme", la primera carrera a caballo que se hizo en Colombia ocurrió en 1538 y fue organizada por Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, han sido más bien pocos los fracasos por el cierre de hipódromos que registra el país.
En ese año y con ese organizador, el español Juan Lázaro Fuente., montando el caballo de nombre Zamo que debió ser herrado con oro porque entonces el hierro era escaso, no ganó la carrera ni siquiera con la ventaja de que su oponente era un indio chibcha que competía a pie.
En sus "Elegías de varones ilustres" Juan de Castellanos, en cambio, le da al evento un final distinto: el indígena que iba ganando la carrera fue atropellado por el caballo del español y le arrebató así la victoria segura.
Eran épocas en que los indígenas llamaban a los caballos "venados grandes", como lo relata Alfonso de la Espriella, presidente de la Federación Ecuestre de Colombia en el anuario de la entidad y fue así el nacimiento de las carreras de caballos que tuvieron después como escenario la Calle de la Carrera (hoy la séptima de Bogotá), entre las calles séptima y décima.
En 1825 fue Francisco de Paula Santander el que en una carta dirigida a Simón Bolívar que estaba en el Perú le anunció la realización de un festival de carreras y 20 años más tarde el organizador fue don Ramón Guerra Azuola que montó como escenario la zona de Fucha (hoy Avenida de las Américas), de propiedad de Pepe Portocarrero y de esa competencia resultó ganador el caballo Ombligón, montado por Miguel Cordovez, quien fue premiado por el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera.
La actividad hípica se trasladó en 1886 a los lados de Chapinero donde Ricardo Portocarrero y Federico Montoya (los Elkin Echavarría y Carlos Haime de hace cien años) improvisaron un hipódromo sobre potreros de las señoras Moreno Carbonel y programaron carreras con galopeadores montados a pelo y descalzos, de las cuales resultaron ganadores Ricardo Portocarrero O'Leary, de 17 años, conduciendo el caballo Mensajero, con segundo lugar de Ricardo de la Torre Calvo, montando al ejemplar El Cabo.
El primer caballo pura sangre importado al país fue Sagitario, traído por Alejandro Urdaneta y en 1910 el general Rafael Reyes trajo a San Bernardino, para continuar de esa manera la cría de ejemplares que tuvieron la oportunidad de mostrarse después en el Hipódromo de La Magdalena, en Bogotá, posteriormente en el de la calle 53 y de ahi a Hipotecho, cuya historia concluyó el 23 de junio de 1982 cuando la empresa entró en liquidación, tras un litigio con el Distrito Especial con deudas que entonces eran de 495 millones de pesos.
Aparte de Bogotá, en Medellín también existió hasta la década del 50 el Hipódromo de San Fernando y en Cali, hace un par de años, se construyó un hipódromo que, sin embargo, no entró en funcionamiento y se encuentra envuelto en un problema jurídico-económico después de una inversión estimada en 900 millones de pesos. --